Reporteros sin Fronteras
2 de marzo de 2012
Desde
el inicio del año 2012, en Honduras no ha pasado un día sin que a un
periodista, un propietario de un medio de comunicación local o un
observador de la sociedad civil le hagan saber vía telefónica que su
vida está en peligro.2 de marzo de 2012
Ese cúmulo de amenazas e intimidaciones se registra tanto en la región militarizada del Aguán –teatro de un violento conflicto agrario–, como en el departamento de Copán, fronterizo con Guatemala y ruta del narcotráfico, incluso en las principales ciudades, como pudo constatar una representante de Reporteros sin Fronteras que visitó el país del 17 al 29 de febrero.
Alimentado
por la represión generada tras el golpe de Estado del 28 de junio de
2009, este clima de terror resurgió con el lanzamiento, en noviembre de
2011, del “Operativo Relámpago”, que moviliza a la policía y el ejército
(http://es.rsf.org/honduras-absuelven-al-principal-sospechoso-02-11-2011,41329.html).
Clima que se prolonga con la tragedia nacional vivida por el incendio
del centro penitenciario de Comayagua, en el cual 361 presos perdieron
la vida la noche del 14 al 15 de febrero. Hasta este momento, la
impunidad perdura en los 24 casos de asesinato de periodistas
registrados desde hace una década; tan sólo 17 de ellos fueron cometidos
en el periodo que siguió al golpe de Estado (http://es.rsf.org/honduras-asesinan-a-un-periodista-atacan-a-08-12-2011,41530.html).
La impunidad también persiste en los casos de asesinato de
representantes de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos,
sindicalistas y abogados (http://es.rsf.org/paraguay-asesinan-a-un-abogado-que-denuncio-19-01-2012,41711.html) registrados estos últimos años.
Aguán: silencio, reprimimos
Después
de que campesinos del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA)
ocuparan, en 2009, tierras usurpadas por terratenientes (http://es.rsf.org/honduras-miguel-facusse-barjum-empresario-y-03-05-2011,40163.html),
el envío del ejército convirtió a la región del Aguán en un verdadero
enclave del territorio hondureño. Las pequeñas radios comunitarias,
portavoces de los movimientos locales, sufren todo tipo de maniobras de
censura. El 20 de enero pasado el MUCA perdió a uno de sus miembros, el
dirigente y representante comunitario Matías Valle (http://es.rsf.org/honduras-no-hay-tregua-en-el-terror-contra-24-01-2012,41762.html).
El
reciente Encuentro Internacional de Derechos Humanos en Tocoa,
realizado del 17 al 20 de febrero, no atenuó en nada los ardores
represivos del ejército o de los enemigos de las comunidades. Así, el 19
de febrero una veintena de periodistas que viajaban en una caravana
conformada por seis vehículos fue interceptada por un retén militar;
cuando intentaban conocer los motivos de la detención de los ocupantes
de uno de los autos, conducido por un dirigente del MUCA, los soldados
no dudaron en esgrimir sus armas apuntando a los periodistas, según el
testimonio de uno de ellos, Giorgio Trucchi, de la Rel-UITA.
Según
nuestra representante, en menos de una semana el coordinador del
Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán, Wilfredo Paz,
recibió dos llamadas en las que lo amenazaban. En ambas ocasiones, los
mensajes se referían a Juan Chinchilla, otro dirigente del MUCA. El
segundo mensaje, que ofrecía una fuerte suma por el asesinato de Juan
Chinchilla, data del 24 de febrero. Ese mismo día el presidente Porfirio
Lobo, acompañado de varios ministros, realizaba una visita en la región
para ratificar un acuerdo firmado una semana antes por un grupo de
campesinos del MUCA, destinado a garantizarles el derecho de posesión de
las tierras ocupadas.
Al respecto, el conductor de un programa del Centro de Noticias de Colón (CNC), Roberto Hernández, y el reportero de este pequeño canal local David Corea,
nos confiaron que es casi imposible para los periodistas del Aguán
ejercer su oficio. Financiados por anunciantes a veces susceptibles de
recibir dinero sucio del narcotráfico, los pequeños medios de
comunicación privados locales, conducidos por periodistas precarios y
sin títulos, prefieren autocensurarse en lo que respecta a temas
delicados.
Comayagua, las verdades incómodas
¿Las
puertas permanecieron cerradas por temor de una fuga, dejando a los
presos a merced de las llamas durante el incendio del penal de
Comayagua? ¿De dónde provienen los impactos de bala descubiertos durante
la autopsia de algunos reos? ¿Por qué fueron los vecinos del lugar y no
los directivos de la prisión los que llamaron a los bomberos? ¿Esto
habría sacado a relucir que se acordó la salida de presos a cambio de
dinero y que al final se traicionó tal promesa? Tantos elementos que se
suman al escándalo de la sobrepoblación y de la inseguridad carcelaria, y
que la tragedia de Comayagua puso de manifiesto.
Por haber abordado estas cuestiones e investigado, el periodista Luis Rodríguez y su camarógrafo Javier Villalobos, del canal local por cable Catedral TV, recibieron amenazas explícitas el 22 de febrero: “dejen de seguir hablando del incendio o les metemos fuego”.
Según el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), organización
colaboradora de Reporteros sin Fronteras, el propietario de este canal,
Juan Ramón Flores, así como Ramón Cabrera, gerente general de Digicable,
la empresa que brinda el servicio de cable a Catedral TV, recibieron amenazas similares.
Protección arriesgada
No
han cesado los ataques contra los medios de comunicación nacionales
conocidos por su oposición al golpe de Estado y sus representantes. El
23 de febrero Ivis Alvarado, director de un programa transmitido por Globo TV y Radio Globo –que sufrió varias suspensiones y requisas en la época del golpe (http://es.rsf.org/honduras-cierre-de-dos-medios-y-represion-29-09-2009,34613.html)–,
denunció al aire el robo de dos ordenadores de su casa y el posterior
registro de su vehículo. Debido a que ha sido amenazado varias veces, el
periodista goza de medidas cautelares.
Este no es aún el caso de Gilda Silvestrucci e Itsmania Pineda Platero (http://es.rsf.org/honduras-agreden-a-mujeres-periodistas-que-14-12-2011,41549.html),
ambas miembros del colectivo “Periodistas por la Vida y la Libertad de
Expresión”, que realizó una manifestación contra la impunidad que fue
reprimida violentamente por militares y miembros de la Guardia de Honor
Presidencial en las inmediaciones de la Casa de Gobierno el 13 de
diciembre pasado, en Tegucigalpa. Reporteros sin Fronteras exige de
nuevo una respuesta a su petición de que se brinde protección a las dos
mujeres, así como en lo concerniente al seguimiento judicial de la
denuncia presentada por el colectivo
tras la agresión sufrida durante la manifestación del 13 diciembre.
De la misma manera, debe otorgarse protección a Danilo Osmaro Castellanos, vicepresidente de C-Libre y director del telenoticiero ATN: Honduras a Todo Noticias transmitido por el Canal 32,
quien el 22 de febrero fue blanco de amenazas a muerte contra el y su
familia. El periodista, que vive en Santa Rosa de Copán, se había
pronunciado recientemente sobre la corta vision de la gestión en la
administración local y sobre el intento de callar su voz mediante
ofrecimientos de pagos a su equipo de prensa.
________
Honduras
Not
a day has passed since the start of the year in Honduras without a
journalist, local media owner or social commentator receiving a phone
call to say his or her life is in danger. This daily reality of threats
and intimidation applies as much in the militarized region of Aguán,
scene of a violent land dispute, as in the Copan department which
borders Guatemala and acts as a conduit for drug smuggling, and also in
the main towns and cities, as recorded by a representative of Reporters
Without Borders who was in the country between 17 and 29 February.
The
climate of fear that began with the crackdown that followed the coup on
28 June, 2009, was rekindled when police launched a security operation
codenamed “Relámpago” (“Lightning”) last November (http://en.rsf.org/honduras-leading-suspect-cleared-of-killing-02-11-2011,41328.html).
It
has continued since the tragic fire at Comayagua prison during the
night of 14 February, in which 361 inmates were killed. Meanwhile, the
murders of 24 journalists over the past decade, 17 of them in the
aftermath of the 2009 coup alone, remain unsolved and unpunished. (http://en.rsf.org/honduras-journalist-killed-paper-attacked-08-12-2011,41532.html).
This
impunity also extends to the murders in recent years of civil society
activists, human rights campaigners, trade unionists and lawyers (http://en.rsf.org/paraguay-lawyer-gunned-down-after-reporting-19-01-2012,41712.html).
Aguán - Quiet please, crackdown in progress
In response to the 2009 occupation by a peasant coalition under the banner of MUCA , the Unified Peasant Movement of Aguán, of land grabbed illegally by big landowners (http://en.rsf.org/honduras-miguel-facusse-barjum-businessmen-03-05-2011,40195.html), the army’s intervention turned Aguán virtually into a separate enclave within Honduras.
The
small community radio stations that carry the local movements’ message
are the target of censorship of every kind. The MUCA lost one of its own
when Matías Valle, its leader and spokesman, was shot dead on 20
January (http://en.rsf.org/honduras-women-journalists-terrorized-24-01-2012,41761.html).
The
staging of the International Gathering for Human Rights in Honduras in
Tocoa from 17 to 20 February did little to curb the repressive efforts
of the army and the communities’ foes. On 19 February, about 20
journalists in a convoy of six vehicles were intercepted by troops while
they were trying to find out why the occupants of one of the cars,
which had a MUCA leader at the wheel, had been detained. According to
one of the journalists, Giorgio Trucchi, of Rel-UITA, the soldiers waved their weapons in their direction.
Our
representative reports that Wilfredo Paz, the coordinator of the
Permanent Observatory of Human Rights in the Aguán, received two
threatening phone calls in less than a week. Both messages were believed
to refer to Juan Chinchilla, another MUCA activist. The second message,
which offered a large reward for the murder of Chinchilla, was received
on 24 February.
On
the same day, President Porfirio Lobo visited the region, accompanied
by several ministers, to ratify an agreement signed a week earlier with
some of the MUCA peasants’ collectives aimed at guaranteeing them the
right of ownership of the lands they had occupied.
Roberto Hernández and David Corea, respectively presenter and reporter for the small local television station Centro de Noticias in
Colon (CNC), told us it was almost impossible for journalists in Aguán
to carry out their duties. Small local media outlets, financed by
advertisers whose sources of ill-gotten cash may include the proceeds of
the drugs trade, and run by insecure and unqualified journalists,
prefer to exercise self-censorship on sensitive topics.
Comayagua - uncomfortable truths
During
the fire at Comayagua prison, were the doors kept locked because of
fears of an escape, leaving prisoners at the mercy of the flames? Who fired the shots whose effects were discovered during the autopsies of some of the dead inmates? Why
were fire-fighters alerted by neighbours and not by the prison
director? Did he hold out the prospect of a way out for some prisoners
in exchange for cash, only to renege on his promise?
To
these questions can be added the scandal of overcrowding and lack of
safety precautions at prisons that have been exposed by the Comayagua
tragedy.
The journalist Luis Rodríguez and his cameraman Javier Villalobos of the local cable television station Catedral TV, who
investigated these questions, received an unequivocal threat on 22
February: “Stop talking about the fire or we shall set fire to you!”
According
to the Committee for Free Expression (C-Libre), a Reporters Without
Borders partner organization, a similar warning was received by the
station’s owner Juan Ramón Flores and Ramón Cabrera, manager of
Digicable, the cable contractor for Catedral TV.
Haphazard protection
Nor
has there been any reduction in the attacks on national media
organizations known to have opposed the coup, and on their staff. Ivis Alvarado, programme director of Globo TV and Radio Globo, which were suspended and had their equipment seized several times at the time of the coup (http://en.rsf.org/honduras-worse-feared-after-de-facto-regime-29-09-2009,34615.html)
deplored on air on 23 February the targeted theft of two computers from
his home a few days earlier, and also reported that his car had been
broken into. He is now under protection as a result of persistent
threats.
This is still not the case, however, for Gilda Silvestrucci and Itsmania Pineda Platero, (http://en.rsf.org/honduras-soldiers-use-clubs-to-disperse-14-12-2011,41548.html),
members of the “Journalism for life and free expression” collective.
The collective held a demonstration against impunity, which was
violently dispersed by the army and the presidential guard outside the
president’s palace in Tegucigalpa on 13 December last year.
Reporters
Without Borders again demands a response to its request for protection
for the two women, and for an investigation of the complaint lodged by
the collective after the December demonstration.
Similarly, protection must be given to Danilo Osmaro Castellanos, programme director of the station Canal local 32 and
vice-president of C-Libre, who received death threats to himself and
his family on 22 February. The journalist, located in Santa Rosa de
Copán, recently spoke out about a lack of transparency in the management
of the local government, and reported that his editorial management had come under financial pressure to silence him.
_________
Honduras
Plus
un jour ne se passe au Honduras, depuis le début de l’année 2012, sans
qu’un journaliste, un propriétaire de média local ou un observateur de
la société civile n’apprenne via son téléphone que sa vie est en danger.
Ce lot quotidien de menaces et d’intimidations se vérifie aussi bien
dans la région militarisée de l’Aguán, théâtre d’un violent conflit
agraire, que dans le département de Copán, frontalier du Guatemala et
passerelle du narcotrafic, ou encore dans les principales villes, comme a
pu le constater une représentante de Reporters sans frontières présente
dans le pays du 17 au 29 février.
Alimenté
par la répression née du coup d’État du 28 juin 2009, ce climat de
terreur a rebondi lors du lancement de l’opération policière Relámpago
(Éclair) en novembre 2011 (http://fr.rsf.org/honduras-le-principal-suspect-de-l-02-11-2011,41327.html).
Il se prolonge depuis la tragédie nationale survenue avec l’incendie du
centre pénitentiaire de Comayagua, au cours duquel 361 détenus ont
perdu la vie dans la nuit du 14 au 15 février. Pendant ce temps,
l’impunité demeure dans les 24 affaires d’assassinats de journalistes
constatées depuis une décennie, dont 17 pour la seule période
consécutive au coup d’État (http://fr.rsf.org/honduras-une-journaliste-assassinee-un-08-12-2011,41527.html).
Cette impunité concerne tout autant les cas de représentants de la
société civile, militants des droits de l’homme, syndicalistes ou
avocats (http://fr.rsf.org/paraguay-un-avocat-assassine-apres-avoir-19-01-2012,41710.html), tués ces dernières années.
Aguán : silence, on réprime
En
réponse à l’occupation, en 2009, par des paysans coalisés au sein du
MUCA (Mouvement unifié paysan de l’Aguán), de terres accaparées
illégalement par de grands propriétaires (http://fr.rsf.org/honduras-miguel-facusse-barjum-entrepreneur-03-05-2011,40193.html),
l’envoi de l’armée a converti la région de l’Aguán en véritable enclave
au sein du territoire hondurien. Aucune manœuvre de censure n’est
épargnée aux petites radios communautaires qui portent les voix des
mouvements locaux. Le MUCA a perdu l’une des siennes en la personne du
dirigeant et porte-parole communautaire Matías Valle, le 20 janvier
dernier (http://fr.rsf.org/honduras-terreur-continue-contre-le-24-01-2012,41760.html).
La
récente rencontre internationale pour les droits humains de Tocoa, du
17 au 20 février, n’a en rien atténué les ardeurs répressives de l’armée
ou des ennemis des communautés. Ainsi, le 19 février, une vingtaine de
journalistes présents dans une caravane de six véhicules ont été
interceptés par des militaires, alors qu’ils tentaient de s’enquérir des
raisons de la détention des occupants de l’une des voitures, conduite
par un dirigeant du MUCA. Les militaires n’ont pas hésité à brandir
leurs armes en direction des journalistes, selon le témoignage de l’un
d’eux, Giorgio Trucchi, de la Rel-UITA.
En
moins d’une semaine, d’après notre représentante, le coordinateur de
l’observatoire permanent des droits humains dans l’Aguán, Wilfredo Paz, a
reçu deux appels menaçants. Les messages se référaient à chaque fois à
Juan Chinchilla, autre dirigeant du MUCA. Le second message, qui offrait
une forte somme contre l’assassinat de Juan Chinchilla, est daté du 24
février. Ce même jour, le président Porfirio Lobo, accompagné de
plusieurs ministres, effectuait une visite dans la région pour ratifier
un accord signé une semaine auparavant avec une partie des collectifs
paysans du MUCA, destiné à leur garantir un droit de possession sur les
terres occupées.
Respectivement présentateur et reporter de la petite chaîne locale Centro de Noticias de Colón (CNC), Roberto Hernández et David Corea
nous ont confié la quasi impossibilité pour les journalistes de l’Aguán
d’exercer leur métier. Financés par des annonceurs parfois perméables à
l’argent sale du narcotrafic, les petits médias privés locaux, animés
par des journalistes précaires et sans diplôme, préfèrent s’autocensurer
sur les sujets sensibles.
Comayagua, les vérités qui dérangent
Des
portes ont-elles été maintenues fermées par crainte d’une évasion,
laissant les prisonniers à la merci des flammes lors de l’incendie du
pénitencier de Comayagua ? D’où proviennent les impacts de balles
relevés lors de l’autopsie de certains détenus ? Pourquoi
les pompiers ont-ils été alertés par des riverains et non par le
directeur de la prison ? Celui-ci aurait-il fait miroiter une sortie à
des prisonniers en échange d’argent pour au final trahir sa promesse ?
Autant d’éléments qui s’ajoutent au scandale de la surpopulation et de
l’insécurité carcérales révélé que la tragédie de Comayagua a mis en
évidence.
Pour avoir soulevé ces questions et enquêté, le journaliste Luis Rodríguez et son cameraman Javier Villalobos, de la chaîne locale câblée Catedral TV
ont reçu des menaces explicites, le 22 février : “Arrêtez de parler de
l’incendie ou c’est à vous que nous mettrons le feu !” Selon le Comité
pour la libre expression (C-Libre), organisation partenaire de Reporters
sans frontières, un avertissement du même type a également été adressé
au détenteur de la chaîne, Juan Ramón Flores, ainsi qu’à Ramón Cabrera,
gérant de Digicable, l’entreprise prestataire du câble à Catedral TV.
Protection hasardeuse
Les
attaques n’ont pas davantage cessé contre les médias nationaux réputés
pour leur opposition au coup d’État et leurs représentants. Directeur de
programme pour Globo TV et Radio Globo - objet de plusieurs suspensions et réquisitions à l’époque du putsch (http://fr.rsf.org/honduras-fermeture-de-deux-medias-et-29-09-2009,34612.html) -, Ivis Alvarado
a dénoncé à l’antenne, le 23 février, le vol ciblé de deux ordinateurs à
son domicile quelques jours plus tôt et l’effraction de sa voiture. Le
journaliste bénéficie, en raison de menaces persistantes, de mesures de
protection.
Tel n’est toujours pas le cas de Gilda Silvestrucci et Itsmania Pineda Platero (http://fr.rsf.org/honduras-une-protestation-pacifique-de-14-12-2011,41547.html),
toutes deux membres du collectif “Journalistes pour la vie et pour la
liberté d’expression”, dont une manifestation contre l’impunité a été
violemment réprimée par l’armée et la garde d’honneur présidentielle
devant le palais du gouvernement, le 13 décembre 2011 à Tegucigalpa.
Reporters sans frontières exige à nouveau une réponse à sa demande de
protection en faveur des deux femmes, et concernant l’instruction de la
plainte déposée par leur collectif après la manifestation du 13
décembre.
Une protection doit être accordée de la même manière à Danilo Osmaro Castellanos, directeur de programme pour la chaîne Canal local 32
et vice-président de C-Libre, cible de menaces de mort également
dirigées contre sa famille, le 22 février. Le journaliste, établi à
Santa Rosa de Copán, s’était récemment exprimé sur la gestion opaque de
l’administration locale et avait dénoncé des pressions financières
contre sa rédaction pour le faire taire.
Despacho Américas / Americas desk
Reporters sans frontières
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