José Manuel Zelaya Rosales,Coordinador General de LIBRE
Al pueblo hondureño y a la Comunidad Internacional:
Al pueblo hondureño y a la Comunidad Internacional:
Durante los últimos dos años y medio Honduras se ha convertido aceleradamente
en uno de los países más violentos e inseguros del mundo. Entre
2009 y 2011 el índice
de muertes violentas se duplicó y las violaciones a los derechos humanos
se incrementaron constantemente.
El
Estado y la Sociedad hondureña están sumidos en la peor crisis de su historia
en materia de seguridad pública, agravada por el alto nivel de
impunidad en el Sistema de Justicia, que pone de manifiesto la descomposición que venía acumulándose desde hace muchos
años.
El aparato responsable de impartir
justicia y todo el sistema diseñado para dar protección y garantizar la
seguridad de los habitantes parece impotente o
haberse esfumado del escenario nacional. El Estado en general no muestra
la fortaleza necesaria en el momento en que la sociedad más lo necesita.
Estos hechos, tan preocupantes como
innegables, tienen como común denominador la circulación en territorio hondureño, de armamento de gran
poder, con alto potencial para uso criminal, sin que hasta ahora se haga algo
por localizarlo, ni por alertar a la población acerca del peligro latente que se cierne
sobre ella.
El
gobierno norteamericano ha admitido públicamente la entrega de unas mil armas de
grueso calibre a grupos de peligrosos delincuentes mediante la operación "Castaway”, versión para nuestro país de “Rápido y Furioso";
ambas son maniobras encubiertas e ilegales del Departamento de Justicia de
Estados Unidos a través de su Agencia contra el Alcohol, Tabaco
y Armas, ATF (misma que dictaminó que el incendio del penal de Comayagua
fue un accidente).
A las operaciones anteriores se suma el
extravío de armamento de alto
poder destructivo (RPG-7) de los arsenales de las Fuerzas Armadas desde hace
casi dos años, sin que sus jerarcas
hasta la fecha hayan podido emitir una explicación razonable sobre este hecho, con la
excepción de un escueto
comunicado de prensa de la Secretaria de Defensa, recién el día 7 de febrero del año en curso, en el
cual encontramos más razones de preocupación que aclaraciones, pues
en el mismo se afirma que se extraviaron
únicamente los cañones, no las
ojivas, y que por lo tanto no existe peligro alguno, abordando con ligereza un asunto de importancia nacional.
Las armas, cohetes RPG-7, conforman equipo
de alto poder explosivo, portátil, es decir de alta movilidad, que puede
ser operado por una sola persona, perforar láminas de medio metro de grosor, y alcanzar objetivos hasta a medio
kilómetro de distancia. El
mismo ha sido utilizado en varios escenarios bélicos en el mundo desde la década de 1960.
Así mismo, llama nuestra atención el desarrollo de un patrón mediático que repite con oportuna periodicidad
el extravío de este poderoso
armamento, así como la falta de racionalidad en el
proceso de resolución, lo que nos lleva a pensar que “podría” existir un plan elaborado
que implicaría la utilización de estas armas con
fines inciertos, contra población civil inocente.
Fundamentados en los elementos de juicio expuestos,
consideramos imperativo que el
Presidente Porfirio Lobo Sosa, Comandante General de las Fuerzas Armadas, pida
explicaciones precisas sobre la operación
Castaway al vicepresidente de los Estados Unidos, señor Joe Biden, en su visita a
Tegucigalpa, el martes 6 de marzo,
demandando la acción
urgente del gobierno de Estados Unidos, indicando quiénes serían los responsables del trasiego en
suelo hondureño y
el paradero final de estas armas;
ordenando a quien corresponda presentar un informe detallado de lo acontecido, y se implementen las acciones
hasta eliminar en forma definitiva la amenaza, garantizando que este arsenal no
sea utilizado contra la sociedad hondureña.
En los
planes de depuración de los órganos de seguridad y justicia del Estado
de Honduras, obligatoriamente se deben incluir estos dos graves problemas, así como la protección preventiva de las víctimas potenciales y la
reparación de aquellas que ya
hayan sido afectadas. Esta es una responsabilidad del Estado de Honduras que no debe eludirse.
Tegucigalpa 3 de marzo de 2012
José Manuel Zelaya Rosales
Coordinador General
Partido Libertad y
Refundación
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