 La
Habana (PL) El rechazo popular a la explotación y extracción
indiscriminada de los recursos naturales ha obligado al gobierno peruano
a exigir a las empresas mineras medidas de mitigación, para
contrarrestar la contaminación del medio ambiente.
El presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, afirmó el
pasado viernes que la explotación minera no puede contagiar el entorno y
debe emplear bien el agua de la población, los agricultores y
finalmente el propio sector minero.
Dos conflictos entre comunidades y empresas mineras son ejemplos
recurrentes en los últimos años del rechazo de los peruanos a tales
prácticas de las trasnacionales: las violaciones medio ambientales de la
compañía Doe Run Perú y la suspensión del proyecto Conga.
Desde 2009 en la región de Junín se detuvieron las operaciones de
Doe Run Perú, que arrastra el incumplimiento de su programa de
adecuación y manejo ambiental (PAMA), por lo que se le ha permitido
modificarlo cuatro veces y en dos oportunidades (2006 y 2009) otorgado
prórrogas.
Estudios internacionales ubican a Junín entre las 10 ciudades más
contaminadas del mundo, lo cual avala el impacto de la paralización de
la planta de Doe Run Perú, ratificado por el último análisis de sangre
difundido por la Dirección Regional de Salud al revelar una reducción de
la presencia de plomo en los niños.
Actualmente, dicho caso está a la espera de la decisión del Congreso
sobre una eventual extensión del plazo, para que esa minera culmine su
plan ambiental y pueda reanudar las operaciones.
Conga, en el
departamento de Cajamarca, es un proyecto de Yanacocha, formada por la
estadounidense Newmont y la peruana Buenaventura, que prevé una
inversión de cuatro mil 800 millones de dólares.
Considerada la mayor inversión minera en el país, pretende secar
cuatro lagunas para extraer el oro que hay debajo y trasvasar sus aguas a
reservorios artificiales, pero las deficiencias de su primer estudio de
impacto ambiental obligaron a postergar el inicio de las obras.
Las autoridades, tras violentas protestas que consiguieron frenar el
proyecto en noviembre del pasado año, designaron a tres peritos
extranjeros para evaluar la investigación presentada por la compañía.
Varias
organizaciones civiles también criticaron la poca transparencia en los
estudios de impacto ambiental de los proyectos mineros suspendidos en
Perú, al no señalar los riesgos que corren las fuentes naturales de agua
frente a la explotación de metales.
Tales conflictos plantean un dilema para el presidente Ollanta
Humala, que llegó al poder por el apoyo de las comunidades rurales e
indígenas del país, y ahora debe buscar un equilibrio para atender sus
reclamos y a la vez fomentar los proyectos mineros.
Baste recordar que Perú, segundo productor mundial de cobre y el
sexto de oro, tiene en la minería uno de los motores de su economía,
pues las exportaciones de metales representan casi el 60 por ciento de
sus ventas totales al exterior.
Esos proyectos entrarían en funcionamiento entre el 2012 y 2016,
según el más reciente cronograma del Ministerio de Energía y Minas, por
lo que en opinión de expertos conviene concluir los estudios ambientales
y convertir en socios de las inversiones a las comunidades ubicadas en
esas zonas.
Ello contribuiría a mitigar los conflictos sociales y a revertir la
oposición a la actividad extractiva, según el sociólogo Julio Cotler,
quien defiende la participación activa y no pasiva de la población, lo
cual generará mayor confianza con la empresa minera y disminuiría el
riesgo de las protestas.
Cotler explicó que la oposición de las comunidades a la inversión
minera se enraíza en una experiencia histórica negativa que hace
comprensible su temor a ser desplazadas y a que se destruya su habitad
por la contaminación ambiental.
La gente quiere carreteras, luz, salud, todos los servicios básicos,
pero no la mina, por el costo que ha significado en su pasado, presente
y futuro. |
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