Viernes 24 de febrero 2012 / Por German H. Reyes
Tegucigalpa. Una
comisión de juristas alemanes que en la presente semana visito al país para
conocer de cerca la situación de los derechos humanos en Honduras, pidió a la
Corte Suprema de Justicia (CSJ) una negociación para el reintegro de los cuatro
jueces, que por participar en las manifestaciones
contra el golpe de Estado, fueron despedidos de sus puestos
de trabajo.
En Mayo
de 2010, luego de un seguimiento disciplinario, por haber
participado en las manifestaciones y de haber realizado
acciones legales contra los involucrados en el golpe de estado, la
CSJ despidió de sus cargos a los jueces Ramón Enrique Barrios, Luis Alonso
Chevez de la Rocha, Guillermo López Lone y a la magistrada de la Corte de
Apelaciones de San Pedro Sula, Tirza del Carmen Flores.
Los
juristas despedidos, formaban parte de la junta directiva de la Asociación de
Jueces por la Democracia, institución que acusó
criminalmente a los diputados del Congreso Nacional y al pleno del
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, por los delitos de
falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad, rebelión, traición a
la patria y allanamiento de morada, entre otros.
Los
jueces despedidos, Tirza Flores y Guillermo López, junto a otros abogados,
también se apersonaron a la Sala de lo Constitucional a interponer un recurso de
amparo pidiendo se ordenara la repatriación del destituido presidente
constitucional, Manuel Zelaya Rosales.
“Los
jueces fueron despedidos por haber hecho uso de su derecho a reunión, de opinión
y de asociación y creo que van a tener un buen arreglo, hay posibilidad de
llegar a un acuerdo amistoso para que ellos sean reintegrados en sus puestos de
trabajo”, expresó Behrendt Dirk, portavoz de asuntos político-judiciales del
Parlamento Automático de Berlín, Alemania.
Por considerar que el despido de los jueces fue injustificado,
el centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una
denuncia por la violación al derecho de las garantías judiciales, a la libertad
de expresión, al derecho de reunión y a la libertad de asociación.
Juicio un lastre para Honduras
De acuerdo a expertos, el juicio contra el Estado podría demorarse
varios años. No obstante, traería graves consecuencias para el país. “Yo soy
economista y diplomático de carrera y creo que lo mejor sería conseguir este
arreglo amistoso, la continuidad de este fallo es un lastre para la continuidad
de Honduras”, expresó el embajador de Alemania en Honduras Karl-Heinz Rode.
Informó que el año pasado a través del grupo
G-16 intentó buscar un arreglo con el Estado.
“Nosotros pensamos en favor de los magistrados corridos, pero hay que
pensar también en el tiempo que llevaría la condena en un tribunal penal
internacional, es algo que también hay que considerar y por eso es
que los colegas europeos piensan que hay que alcanzar una solución
sensata lo mas pronto posible”, enfatizó el diplomático.
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