21 Febrero 2012
Editorial de La Jornada
Desde el fin de semana pasado, en Valencia, la Policía Nacional de
España ha venido reprimiendo con violencia inusitada a los estudiantes
que protestan contra los recortes a los presupuestos educativos
emprendidos por el gobierno derechista que encabeza Mariano Rajoy, quien
busca de esa manera satisfacer las exigencias de la Unión Europea y de
los organismos financieros internacionales antes que cubrir las
necesidades sociales y garantizar derechos fundamentales.
En sus intentos por desalojar a los inconformes –padres de familia,
profesores, alumnos y parlamentarios– de las calles y de varios centros
de enseñanza, las fuerzas del orden lesionaron a decenas de personas,
arrestaron sin justificación a estudiantes menores de edad, zarandearon a
periodistas y desataron persecuciones judiciales con base en cargos
que, según han demostrado en varios casos grabaciones de video, son
inventados.
Lo que muestran los videos, en cambio, es que con frecuencia los
elementos antidisturbios la han emprendido a golpes contra personas que
no cometieron más falta que encontrarse en los sitios en los que se
desarrollaron las cargas policiales. Una expresión que ilustra la
actitud encarnizada de la policía manifestantes es la que empleó el jefe
policial Antonio Moreno, quien se refirió a los manifestantes como el
enemigo. Para mayor exasperación ciudadana, ese funcionario describió la
actuación de la policía como una respuesta comedida y mesurada a
supuestas acometidas físicas de los movilizados en defensa de la
educación.
Por supuesto, la brutalidad policial, a la que varias voces en los
medios españoles comparan con las cargas de los grises –como se llamaba a
la fuerza antidisturbios de la dictadura franquista, en referencia al
color de su uniforme–, ha exponenciado el descontento inicial, y ahora
los manifestantes no sólo exigen que se deponga la determinación de
recortar el presupuesto educativo, sino demandan, además, la remoción de
la delegada en la Comunidad Valenciana del gobierno de Madrid, Paula
Sánchez de León.
Es preciso no perder de vista que la brutalidad policial desatada por
el régimen de Rajoy es sólo el más reciente episodio de una saga de
violencia no necesariamente física del gobierno contra la población. En
efecto, la clase política de Madrid decidió trasladar los costos de la
crisis en la que se encuentra sumido el país a la población en general,
la cual ha debido enfrentar el aumento del desempleo, la reducción de su
nivel de vida y la pérdida o la contracción de servicios educativos, de
salud, vivienda y otros.
Si el gobierno del Partido Socialista Obrero Español claudicó a su
plataforma política, que prometía la promoción y la defensa del estado
de bienestar, su sucesión en La Moncloa, a cargo del Partido Popular de
Rajoy y de José María Aznar, hace frente al malestar popular resultante
mediante la fuerza bruta policial y deja entrever, desde el inicio, las
tendencias autoritarias que justifican que se describa a esa
organización política como posfranquista, no sólo porque fue fundada
principalmente por ex funcionarios de la dictadura, como el
recientemente fallecido Manuel Fraga, sino también por una herencia
ideológica inocultable.
En suma, España ha sido colocada por sus gobernantes anteriores y
actuales ante la posibilidad de una escalada de explosiones sociales,
andanadas represivas y desesperanza como la que tiene lugar en Grecia.
Si el escenario helénico llega a repetirse en tierras españolas, Rajoy y
su equipo no podrán argumentar que ignoraban la perspectiva.
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