Fuente: www.defensoresenlinea.com / Lunes 30 de Enero / Dina Meza
Tegucigalpa.
Varios bebés fueron tirados de sus camas, las mujeres embarazadas
golpeadas, unos 13 campesinos detenidos y saqueo hasta de dinero, fue el
resultado de un desalojo violento que policías llevaron a cabo el
pasado jueves 26 de enero, en Tutule, La Paz, en le región Central del
país, sin presentar ninguna orden de desalojo ni de allanamiento.
Eran las tres de la mañana cuando hombres de negro y encapuchados
llegaron en patrullas policiales de la Preventiva de La Paz, dos
camionetas de lujo también se unieron a la danza de la represión. Las
puertas de las casas fueron echadas al piso y todo se volvió un caos.
Los niños y niñas recién nacidos sufrieron serios vejámenes, fueron
lanzados al piso sin ninguna consideración al igual que las mujeres
embarazadas.
Quién ordenó esta barbarie?. Hace unos cuatro años que la Empresa
Asociativa Campesina San Miguel para Progresar, afiliada a la Central
Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC, está ocupando unas 50
hectáreas para cultivos de subsistencia de unas 20 familias.
La tierra es reclamada por varios supuestos dueños, entre ellos
políticos de mucha influencia que tienen a su mano al Ministerio
Público, Jueces, policías y militares para hostigar y amenazar a las
familias campesinas que tienen que luchar con los dientes para
permanecer en una tierra que es propiedad del Estado.
El COFADEH recibió la denuncia de la detención de 13 campesinos,
llevados por la fuerza, sin orden de detención hacia la Policía
Preventiva de La Paz. Allá en las casas quedó todo en desorden y los
cuerpos de infantes, mujeres y jóvenes en tremendos golpes. La
incertidumbre se apoderó de las familias, pues no es la primera vez que
pasan por esta situación de violencia.
Un equipo de abogados asumió la defensa y logró la libertad de los
detenidos ya en la noche del 26 de enero. Ellos fueron acusados sin
pruebas, por el delito de Usurpación. El Juzgado les dio medidas
sustitutivas a la prisión preventiva y tienen que enfrentar otra
audiencia posiblemente a finales del mes de febrero próximo, en total
desventaja ante un sistema de justicia que responde a grupos de poder de
la zona.
Franklin Almendrares, Secretario de Organización y Asistencia Legal de
la CNTC, quien está a cargo de la defensa señaló que los policías
llegaron sin ninguna orden de detención o de cateo, “tuvieron el descaro
de tirar niños tiernos de las camas y golpearon a embarazadas, además
de llevarse a 13 campesinos detenidos. También saquearon las viviendas
y se llevaron hasta dinero”.
Agregó que los uniformados “llegaron como delincuentes a causar todo
esto, y hemos denunciado y queremos respuesta porque no había ninguna
orden”.
Almendrares denunció quelLa policía de La Paz responde a intereses
personales de los supuestos dueños que con contacto a alto nivel de la
Policía Preventiva , el ejército y políticos, se valen de esto para
sembrar el terror en el sector.
El Secretario de Organización y Asistencia Legal de la CNTC Cuando
señaló que sobre esta tierra se han hecho requerimientos a supuestos
dueños y no han presentado documentos, “por lo general estas tierras son
ejidales y otras de naturaleza nacional, entonces mientras ellos no
muestren los documentos que los acreditan como dueños nosotros
seguiremos tomando acciones”.
Almendrares dijo que están preparando acciones legales para
desvanecer esta situación que no tiene fundamento, por lo que hacen un
llamado a la comunidad nacional e internacional para que les respalden
en su lucha.
También denunció que cuando los campesinos llegan al Ministerio
Público van directo a una Audiencia de Imputado , lo que considera un
abuso por parte de los fiscales, pues no tienen ninguna competencia.
“En este caso hubo mucho abuso y los campesinos fueron sorprendidos en
la madrugada. Lo que existe es una confabulación tremenda entre
policías, ejército, juzgados y Ministerio Público. Allí hay muchas
personas de mucho poder políticos, entre ellos los Suazo que han estado
hostigando, a la par la policía se parcializa y aprovechan esa
coyuntura”.
Asimismo señaló que hay una negligencia bárbara del Instituto Nacional
Agrario, INA, que no ha resuelto los casos, “hay apatía de algunos
funcionarios de allí pero también de la Municipalidad y del Registro de
la Propiedad”.
Anunció que se avecinan nuevas acciones como tomas y otras, lo único
que les queda para defender su derecho a la tierra en un clima de
absoluta parcialidad a favor de los terratenientes.
Detalló que han habido unos 20 desalojos solamente en La Paz,
prácticamente todo el sector de Tutule, donde hay unas 12 a 15 empresas
campesinas son similar situación.
Situación violenta Pacto Internacional
El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales
forma parte del derecho interno de Honduras, a través de Decreto
Legislativo número 961-1980 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta
número 23167 el 30 de junio de 1980.
Por su importancia transcribimos parte de un auto acordado del Poder Judicial:
“En base a esa legislación internacional la Corte Suprema de Justicia emitió un Auto Acordado en el año 2007, donde señala que:
POR TANTO:
La Corte Suprema de Justicia, en uso de las
facultades de que está investida y con fundamentos en lo que dispone el
artículo 83 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales,
emite el presente AUTO ACORDADO, disponiendo el siguiente:
PROTOCOLO SOBRE DESALOJOS
Artículo 1.- El presente protocolo tiene como objetivo adoptar las
medidas judiciales para controlar los efectos negativos de los desalojos
forzosos, tanto en la ciudad como en el campo, a fin de prevenir
violaciones a una amplia gama de derechos humanos resultantes de la
ejecución de los mismos.
Artículo 2.- El desalojo forzoso consiste en despojar a las personas de
su hogar o de la tierra que ocupan, contra su voluntad y de un modo
atribuible directa o indirectamente al Estado.
Esto implica la supresión efectiva de la posibilidad de que una persona
o un grupo vivan en una casa, residencia o lugar determinados, y el
traslado asistido (en el caso del reasentamiento) o no asistido (cuando
no se trata de un reasentamiento) de las personas o grupos desalojados a
otro lugar.
Artículo 3.-. Los desalojos forzosos no deben considerarse un efecto
secundario del desarrollo o de la renovación urbana ni la consecuencia
de un conflicto armado o un aspecto de la protección del medio ambiente o
de la producción de energía, implican un drama humano que pone en
peligro el patrimonio, desmantelando en minutos lo que una familia ha
tardado meses, años y hasta decenios en construir.
Artículo 4.- Los jueces están obligados a velar porque:
I.- En cada acción de desalojo se hayan observado los procedimientos adecuados para:
a.- Garantizar que en cada acción de desalojo que el Estado de Honduras
ha cumplido las disposiciones de las normas internacionales de derechos
humanos.
b.-El Estado ha agotado todas las demás posibilidades que permitan evitar o
minimizar la necesidad de recurrir al uso de la fuerza”.
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