Contratapa|Martes, 3 de enero de 2012
Por Juan Gelman
Barack
Obama acaba de superar a W. Bush: no cerró Guantánamo, inaugurado por
su antecesor; amplió a Pakistán las guerras en Irak y Afganistán y su
política económica y social no cambió la dirección que le imprimiera W.
Pero pocos días después de cumplirse, el 15 de diciembre, el 220º
aniversario de la Carta de Derechos que los Padres Fundadores de EE.UU.
erigieron en modelo
democrático, Obama promulgó una ley que recorta las libertades civiles
más, pero mucho más que la Patriot Act de su predecesor.
La National
Defense Authorization Act (NDAA), aprobada por el Congreso, faculta a
las fuerzas armadas a encarcelar por tiempo indeterminado, sin cargos ni
proceso y en prisiones militares, a todo estadounidense sospechado de
terrorista, aunque viva en el extranjero. Adiós al derecho de defensa y a
un juicio civil, adiós a la presunción de inocencia del acusado hasta
que su culpabilidad se pruebe.
Son conocidas las torturas y
humillaciones propinadas a los presos en Guantánamo y aún padecen, los
que quedan, exactamente la misma situación. Este hecho despertó
protestas débiles en EE.UU., finalmente se trataba de extranjeros. La
amenaza de que los estadounidenses mismos se vean sometidos a semejante
trato provocó las reacciones más inesperadas, aun antes de que Obama
diera su plácet al engendro.
El New
York Times publicó una columna de opinión de los generales (R) Charles
C. Krulak y Joseph P. Hoar, del cuerpo de marines, nada avara en
adjetivos (www.nytimes.com, 12–12–11).
(La NDAA) “es
equivocada e innecesaria: el presidente ya cuenta con el poder y la
flexibilidad que requiere una lucha efectiva contra el terrorismo... las
leyes en vigor facultan a los militares a detener a los capturados en
el campo de batalla, pero esta disposición extendería el campo de
batalla a EE.UU.”. Agregan que la disposición no sólo viola el espíritu
de la legislación que limita el uso de las fuerzas armadas en cuestiones
de seguridad interna, “sino también nuestra confianza en el personal de
servicio, que se alistó pensando que nunca se le pediría que volviera
sus armas contra nuestros compatriotas”. Subrayan que la medida “reduce,
si no elimina, el papel de las cortes federales en los casos de
terrorismo... desde el 11/9, las inciertas
e inexpertas comisiones militares condenaron solamente a seis acusados
de terrorismo, mientras que los tribunales civiles sentenciaron a más de
400”. Una consideración muy práctica.
Forbes distrajo un poco
de su permanente atención a los multimillonarios para titular así una
de sus columnas: “La NDAA es la amenaza más grande a las libertades
civiles que los estadounidenses enfrentan” (www.for bes.com, 5-12-11).
“Y qué hay de la inocencia hasta que la culpabilidad se pruebe. Y qué
hay de un gobierno con límites. Estamos afrontando el acabóse. O
mantenemos las libertades intrínsecas de nuestra república
constitucional o rompemos ese proyecto entero en nombre de la seguridad
librando sin término esa infructuosa, cara y en última instancia
contraproducente Guerra contra el Terror.”
Al parecer, juicios
tan duros hicieron vacilar a la Casa Blanca y varios asesores
sugirieron la posibilidad de que la ley fuera
vetada. Pero Obama, citando vagos cambios introducidos en el texto,
pegó la vuelta en U y descartó el veto incurriendo en lo que un
editorial del New York Times calificó de “una rendición política
completa, que refuerza la impresión de una presidencia que se mueve a
tropezones” (www.nytimes.com, 15-12-11). A saber si fue realmente así.
El
patrón de la Casa Blanca agitó el fantasma del veto “pero no porque
tuviera alguna objeción a la sustancia de la ley –señaló el Christian
Science Monitor–. En realidad el presidente, que es un ex profesor de
derecho constitucional, quería retener la facultad de aplicar sus
disposiciones, es decir, el encarcelamiento militar por tiempo
indeterminado, a los ciudadanos estadounidenses que, en virtud de la
Constitución, tienen derecho a un juicio expeditivo y público y a la
protección jurídica debida. El Congreso capituló” (www.csmonitor.com,
28–12-11). No fue Obama el que izó
bandera blanca.
El profesor de derecho Jonathan Turley, de la
Universidad George Washington, trazó el historial de las violaciones de
los derecho civiles y humanos cometidas por el gobierno Obama, desde el
permiso para usar ese tormento llamado “submarino” hasta el bloqueo de
la investigación y procesamiento de torturadores del ejército y la CIA
(www.latimes.com, 29–11-11). “Con el tiempo, la elección de Barack Obama
podrá considerarse como uno de los sucesos más devastadores en nuestra
historia de las libertades civiles”, concluye Turley.
La Carta
de Derechos, primera enmienda de la Constitución de EE.UU., aprobada en
1791, garantiza, entre otras, la libertad de expresión y de reunión, el
derecho, entre otros, a no ser sometido a torturas y a un juicio rápido
con un jurado imparcial. Pareciera que el ex profesor de derecho
constitucional olvidó todo lo que sabía.
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