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| Ellos son,allí están,los que siempre al pueblo TRAICIONARÁN! |
“La causa
de la libertad
se convierte
en una burla
si el precio a pagar
es la destrucción
de quienes deberían disfrutarla”.
Mahatma
Gandhi
Incógnito el poderoso consejero estadounidense en seguridad para la presidencia
Se avizoran graves riesgos de mayor criminalización de la lucha social
Tegucigalpa, MDC, 20 de enero de 2012. El Congreso
Nacional decidió, ayer, no grabar la sesión, ni dejar registro
electrónico, de la aprobación de la reforma al artículo constitucional 102, que
permitirá la extradición de los hondureños solicitados por Estados
Unidos por crímenes de narcotráfico y terrorismo.
La extradición reasentaría uno de los muchos compromisos en
seguridad que vienen acordando Honduras y Estados Unidos, a través de las
estrategias regionales de seguridad para Centro América y México basadas en el
Plan Colombia, y manejadas en una secretividad casi absoluta.
Si bien los congresistas emitieron un comunicado sobre el asunto, no es comprensible a qué en realidad le temen los diputados
para evitar que la población conozca las posiciones y los votos de cada uno de
los representantes de los partidos en esa cámara legislativa, relacionados a
los acuerdos de seguridad con la potencia mundial de la Unión del Norte.
Aunque los diputados alegan que, de ese modo, en un supuesto anonimato, se
protegen de represalias del crimen organizado, es prácticamente imposible que estos no lleguen a saber que el Congreso ha
aprobado tales medidas, por aclamación o por una mayoría de
los partidos políticos representados, según ellos mismos han aplaudido en
casi todas las resoluciones de ese tipo.
Por lo que cabe suponer que todos serían objeto del desquite y ninguno podría
escapar a la venganza de cualquier
organización criminal, si fuera ese el caso
en que se basan los alegatos para
pretender argumentar que el Congreso prive al pueblo del derecho a
informarse.
Además, cabe considerar que ha sido denunciada la
existencia de diputados vinculados al narcotráfico y, de ser así, esos mantienen bien informados, sin duda, a sus
narcogrupos aliados. Incluso de
acontecimientos que nosotros desconocemos.
Y ocultar la sesión
pretendería, en vez, tirar un
velo sobre cuál es el verdadero papel de cada diputado en todas estas acciones
y protegerse más bien del escrutinio crítico, a fin de resguardar falsas imágenes políticas, engañosamente limpias, que contribuyan a sembrar dudas en la ciudadanía.
De tal manera, las sesiones del Congreso a puerta
cerrada no tienen ningún propósito más que socavar el derecho de información al
pueblo. Pues los informantes están adentro.
Y uno de los temores predominantes entre ellos es,
justamente, que alguno de los mismos sea extraditable a EEUU.
La
justificación alegada no tiene lógica, y crea suspicacias sobre la
realidad de lo que esconden a la población al deliberar, principalmente
en un
Congreso que se jacta de transparente.
Sobre
todo si se considera que lo trascendental de la medida acordada, la
extradición, ha sido utilizado para opacar la censura a la que la
ciudadanía se va acostumbrando, al punto de ver normal y pasar
inadvertida la privación de la verdad.
Lo que sí está claro, es que la sesión cameral fue
provocada, como una especie de demanda urgente, al día siguiente de regresar
del viaje a los Estados
Unidos que hicieran, a hurtadillas, el gobernante,
Porfirio Lobo, y el presidente del legislativo, Juan Orlando Hernández.
Tampoco
sorprende, puesto que toda la Estrategia Regional Centromericana de
Seguridad es dirigida por lineamientos estadunindenses y colombianos, ya
evaluados, según un informe del Grupo del Senado de los Estados Unidos
para el Control Internacional de Estupefacientes.
Las
reformas incluyen leyes de privación de dominio de bienes procedentes
de narcotráfico, de judialización de escuchas telefónicas, entre otras.
La ley de extradición, fue abiertamente alentada por la embajadora
estadunidense en Tegucigalpa, Lisa Kubeski, durante una visita del jefe
del Comando Sur, Douglas Fraser, en noviembre de 2011.
El incógnito asesor “especialísimo” habría sido
embajador estadunidense en Nicaragua
El miércoles 18 de enero, había sido anunciado, por
voceros oficiales, que un expertísimo
sería puesto en calidad de asesor en Seguridad,
para el acompañamiento por parte de
los Estados Unidos al gobernante, Porfirio Lobo.
Sin embargo, el actual secretario de Seguridad, Pompeyo
Bonilla, desvendó, este jueves, que la persona que trabajará directamente con el
gobernante Lobo Sosa, es un exembajador de EEUU en Nicaragua, quien sería,
además, especialista en materia de seguridad.
Como también, que el asesor esperado ha estado
“íntimamente ligado a las agencias de seguridad en Estados Unidos”.
Una batería de candidatos expertísimos, anticipa preocupantes medidas de criminalización contra la lucha social
Al separar
de su gabinete al exministro de Seguridad, Óscar Álvarez, el año pasado, Lobo decidió, según lo hizo público, que se encargaría él mismo de
manejar personalmente los asuntos de
seguridad nacional.
Y para ello creó un Consejo Nacional de Defensa y
Seguridad, también responsable directamente de la unidad de inteligencia en
comunicación y de escuchas telefónicas, y de una oficina que supervisaría
la investigación nacional.
La decisión, evoca la concentración de poder
presidencial instaurada por el expresidente colombiano, Álvaro Uribe,
creador de una nefasta agencia de inteligencia que él manejaba directamente,
el DAS. Que por su vez, hace recordar la oficina de seguridad interior establecida
por George W, Bush, con extralimitados
poderes presidenciales, bajo la excusa de los actos terroristas del S-11.
Y ha sido dicho
que uno de los motivos para el despido de Álvarez fue el comportamiento desautorizado
del exministro que lo llevó a hacer acuerdos con Estados Unidos, sin que lo
supiera el propio Lobo. Probablemente en
su intención de politizar las acciones de seguridad y granjearse la simpatía
popular concretizada en votos para su candidatura pre presidencial. Pero que, amenazaba
con opacar el protagonismo de Lobo en el parapeto de las reformas legales en seguridad.
Por primera vez un gobernante hondureño tendrá -al
menos no oculto- en la casa de gobierno, o en la embajada de los Estados
Unidos, un asesor estadunidense de tan alto calibre.
Es predecible que el asesor no será tan solo un consultivo en seguridad, sino que se trata de alguien que ha dirigido,
en directo, desde alguna de las poderosas embajadas estadunidenses las
políticas del gobierno mismo de los EEUU
en países latinoamericanos, y en épocas claves para esa potencia.
Razón que
hace suponer que la función que tendrá la nueva figura, extrapolaría la de un mero asesor para convertirse en una
especie de ministro [extranjero] sin cartera ¿en seguridad? Pues será
desde ese cargo que se tomen las
decisiones puntuales, o sus indicaciones serán seguidas al pie de la letra,
según la guía estadunidense.
¿Sería Callaham, sería Powers…?
Al desvelar el actual ministro de Seguridad,
Pompeyo Bonilla, que en realidad más que de un “experto”, se trata más bien de un diplomático
estadunidense, indica que este podría ser entonces cualquiera de los más
recientes exembajadores de EEUU en
Nicaragua, que además cumplen los otros requisitos aludidos por el funcionario.
Según las pistas proporcionadas en el acertijo de
Bonilla, podría suponerse que los candidatos estarían entre los
diplomáticos que han sido embajadores en
Nicaragua más recientemente: Robert J. Callahan, Arthur Trivelli y Phyllis
Powers, aunque esta ha sido recién nombrada y, de hecho no ha concretado su
traslado al país centroamericano, su destino y sus planes podrían cambiar de
giro.
Robert J. Callahan,
hombre de la CIA
Callahan,
fue juramentado en el cargo de la
diplomacia nicaragüense en julio del 2008 y concluyó su misión el 19 de julio
de 2011. Quedando interinamente en la sede diplomática estadunidense, el
encargado de negocios, Robert Downes.
Aunque más allá de un especialista en seguridad,
Callahan es uno de los recientes exembajadores
en Nicaragua vinculados a asuntos
de inteligencia. Considerado como hombre
de la CIA, es un experto en Operaciones Psicológicas.
Enseñó Estudios Estratégicos en el Colegio Nacional
de Guerra, en Washington, designado por el Departamento de Estado, cuando
regresó a los EEUU en el 2002. En 1989
fue nombrado como Consejero de Asuntos Públicos en La Paz, Bolivia.
Callahan, un calificado miembro republicano de
línea dura, como agregado de prensa de la embajada de Estados Unidos en
Honduras fue vocero y redactor de los discursos del embajador, John Dimitri
Negroponte, desde donde apoyó la contrarrevolución nicaragüense en la
década de los ochenta. Y estuvo también
en Irak.
Cuando Negroponte fungió como Director Nacional de
Inteligencia, colocó a Callahan como su director de asuntos públicos. Además,
actuó como Agregado Cultural en Costa Rica, también en los años ochenta.
Al destinarse a Callahan como embajador en
Nicaragua, apenas dos meses antes de las elecciones municipales que podrían
o no respaldar al gobierno de Daniel Ortega, el general retirado y entonces
diputado suplente, Hugo Torres, analizó que un embajador con el perfil de
Callahan, llegaba con la misión política de fortalecer a los liberales,
oposición de la derecha al sandinismo.
Más todavía, Torres, también integrante del Movimiento
Renovador Sandinista (MRS), definió en ese momento que los antecedentes de
Callaham, dicen de “…el valor que se le da como funcionario para estar en
lugares delicados en términos políticos, militares y de inteligencia”.[1]
El ex embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Robert Callahan, llamó "farsa" electoral, a la victoria del presidente Daniel Ortega, quien fuera reelecto con el 62.4 por ciento de los votos en las elecciones en noviembre de 2011, según el dato oficial.
Ante las críticas de Estados Unidos a la reelección
de Ortega, se discutió si estos debía suspender relaciones con Nicaragua, y la
llegada de la diplomática designada no se ha concretado aun.
Entonces Callaham opinó que Estados Unidos debe mantener su presencia en Nicaragua, pero debe "continuar impulsando
abiertamente el buen gobierno [como
Estados Unidos indica], de cualquier manera apropiada y con todo el mundo,
incluyendo a jóvenes sandinistas".[2]
No obstante, advirtió que si
el gobierno de Ortega se vuelve "aún más autoritario, debemos prepararnos
para reducir o eliminar la ayuda y reconsiderar nuestra presencia diplomática".
Phyllis Powers, experta en narcotráfico,
responsable de Plan Colombia
El gobierno de los EEUU, confirmó en noviembre de
2011, a su actual representante en
Panamá, Phyllis Powers, como la nueva embajadora en Nicaragua, cuyo gobierno dio el beneplácito a la diplomática.
La que habría de ser sustituida, como delegada
en Panamá, por Jonathan Farrar,
luego de que senadores criticaran la capacidad de este para manejar la relación con Ortega [para los
fines estadunidenses].
Sin embargo, EEUU ha mantenido en un largo suspenso
el traslado de Powers a Nicaragua, en
tanto su nombramiento no sea aprobado por el Senado. Y, porque una vez que el
gobierno estadunidense ha puesto en duda el nuevo triunfo electoral del presidente
Ortega, pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) nombrar una
comisión para investigar las elecciones nicaragüenses.
Aunque Powers aun no ha fungido como embajadora en
Nicaragua, de cambiarse ese plan, la diplomática podría ser trasladada como
asesora de Lobo; puesto que de los embajadores estadunidenses en Nicaragua más
recientes, es ella probablemente más
experta en temas de seguridad y narcotráfico. Si fuera ese el
propósito.
Phyllis Powers, graduada en biología y tecnología
médica, ha sido designada por dos veces para América del Sur. Fue la Directora de
la Sección de Asuntos Narcóticos en Colombia, responsable del Plan Colombia, o
programa de Lucha contra la Droga, hasta el 2005. Y desde ese año hasta junio
de 2007, actuó como Jefa de la Misión Adjunta
de la Embajada de EEUU en Lima, Perú.
También
fungió como Consejera de Gestión de la Embajada en Colombia. En
Washington, sirvió como Oficial Superior de Gestión Pública de la Oficina para Asia Sur y Asia Oriental, con la
responsabilidad de supervisión de Afganistán, Pakistán, Bangladesh y los países
del Golfo Pérsico.
Paul Arthur Trivelli… alérgico a la revolución
sandinista ofreció financiar elecciones para candidatura única opositora
Paul Arthur Trivelli, embajador en Nicaragua por el
gobierno de George W. Bush desde septiembre de 2005 hasta agosto de 2008. A
partir de ese año, se desempeñó como el asesor de política exterior del
almirante, James G. Stavridis, jefe del Comando Sur de Estados Unidos.
Trivelli es
biólogo graduado con un máster en Artes
en Estudios Internacionales. En 1996,
recibió una maestría en Estudios de Seguridad Nacional de la Escuela de Guerra
Naval. Ha sido enviado de los EEUU a la
Ciudad de México; del Departamento de Estado Oficina de Asuntos del Hemisferio
Occidental, para Quito, Ciudad de Panamá, El Salvador, Monterrey, y Managua.
Desde 1998 al 2002, Trivelli se desempeñó como Jefe
de Misión Adjunto de la Embajada de EEUU en Tegucigalpa, Honduras. Fue director
de la Oficina de Asuntos Centroamericanos, de julio 2002 a noviembre de 2003.
El exembajador Trivelli
provocó mucha controversia por sus comentarios sobre las elecciones
presidenciales de 2006 en Nicaragua, con
sus advertencias sobre represalias económicas de EEUU, si el candidato
sandinista, Daniel Ortega, ganaba las elecciones.
Expresó, sin disimulo, el deseo del gobierno de los
Estados Unidos para que los partidos conservadores, divididos, se unieran tras un candidato único, llegando al
extremo de ofrecerles financiar
una elección primaria conjunta. Además, amenazó explícitamente con cortar 175
millones de dólares de la Cuenta del Milenio.
Se ciernen sombras sobre la protesta social
Dados los perfiles de los posibles “asesores”, se
anticipa un riesgo de persecución para contener las fuerzas sociales, la
mayoría de ellas concentradas en el movimiento nacional de resistencia, contra las medidas legislativas y ejecutivas que profundizan el
neoliberalismo y que han agravado las ya precarias condiciones de vida de la clase trabajadora y de los más pobres.
Aunque los detentores del poder político,
empresarial y gubernamental, suelen alegar que las medidas de mano dura que están tomando a través del
Plan Mérida-México-Centroamérica-o Plan Colombia, solo
afectan a los criminales; esto es
una fantasía axiomática bastante distante de ser verdad.
En Honduras la interpretación de la ley ha sido
utilizada en forma retorcida, caprichosa y convenienciera. Y, no en pocos casos, su aplicación ha
servido como herramienta de opresión política contra los opositores.
Por lo que
nadie puede estar seguro de que las medidas antiterroristas y contra
narcotráfico, como las de extradición, no le sea aplicada, basada en la interpretación
cabalística de algún juez terriblemente contaminado.
El ejemplo más preciso al respecto es justamente,
aunque en sentido inverso, el secuestro
en su país de Ramón Mata Ballesteros, por agentes estadunidenses en una
figurada extradición, prohibida
constitucionalmente, y habiendo sido
antes juzgado localmente. Lo que indica que cualquiera sea el supuesto, la ley
puede ser violentada sin consecuencias para los usurpadores. Como ya lo ha sido.
O, también, la artimaña legal de sucesión
constitucional contra Manuel Zelaya. Cualquier ciudadano puede estar en ese
riesgo.
No es sólo asesoría
extranjera como afirma Lobo
El jefe del Ejecutivo hondureño, Porfirio Lobo,
refirió en conferencia de prensa, este jueves 19 de enero, una anécdota en la
que dijo haberse sentido incomodo [apenas] cuando, cierta vez, un soldado
estadunidense le hizo una parada de atención en el territorio de su propio
país.
Sin embargo, consideró Lobo que la
"asesoría" del gobierno de los Estados Unidos, que reconoce estar
recibiendo, es… ¿una cuestión diferente?
No obstante, hay que recordar que el exministro de
Seguridad, Óscar Álvarez, admitió el año pasado acciones ejecutorias de acompañamiento en operaciones por agentes de la Drug Enforcement Agency
(DEA) estadunidense.
En
igual manera, las reformas judiciales policiales según el informe del
Grupo Internacional para el Control de Estupefacientes, incluiría
establecer unidades de investigación de la DEA.
Y
el New York Times informó de cinco comandos que ya han sido desplegados
para acompañar operativos en Honduras, República Dominicana, Guatemala,
Belice y Haití. Aunque no de una sede permanente.
De otra parte, dirigentes campesinos de la zona del
Bajo Aguán donde se incrementó la militarización a raíz del golpe de Estado,
han denunciado acciones de soldados y de aviones militares estadunidenses en esa
región.
El Frente de
Resistencia del Valle del Aguán, aseveró que en las rondas de supuesta
vigilancia, los policiales y militares locales, son «acompañados por
colombianos y militares norteamericanos que permanentemente caen en helicópteros
en la pista de aterrizaje del municipio de Trujillo».[3]
El dirigente
del Movimiento Unificado Campesino de El Aguán (MUCA) y representante nacional
de la juventud en el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), Juan
Chinchilla, cuando sufrió un secuestro temporal, aseguró que sus captores
hablaban inglés, y así también, en otro idioma que él no pudo reconocer.[4]
Así mismo, el presidente del Congreso, Juan Orlando
Hernández, ha declarado que de ocurrir represalias de criminales contra funcionarios
nacionales por las medidas de seguridad adoptadas, esas serán justiciadas con operaciones internacionales
en las que participarían Estados Unidos,
Colombia, Chile y España. Lo que trasciende a la competencia jurídica nacional.
Se avizora ¿… municipalización y contratos de
compañías privadas de seguridad?
El secretario hondureño de Seguridad, Bonilla, agregó que otro asesor en materia de
investigación criminal trabajará con él en la secretaría de Seguridad. “Ya ha
estado con nosotros el doctor Hugo Acero, quien fue secretario ministro de
Seguridad en la ciudad de Bogotá”, sostuvo.
Justificó que al no estar EEUU
“en bonanza”, la ayuda de estos para Honduras será de asistencia técnica. Lo que haría suponer que la nueva deuda con bancos internacionales
aprobada para la Estrategia Centroamericana de Seguridad, apoyada por el proyecto
Carsi (en inglés), serviría al pago de contratos con empresas
privadas internacionales.
Y ese mecanismo de contratos privados constituye
una forma ideal para encubrir las violaciones a los derechos humanos que estas
medidas represivas provocan.
Bonilla ha asegurado también que el sociólogo
colombiano, Hugo Acero Velásquez,
experto en seguridad ciudadana, le asesorará en materia de investigación
criminal en la secretaría de Seguridad.
Habiendo sido, Acero Velásquez, durante tres
gobiernos sucesivos, parte del equipo que diseñó e impulsó las políticas de
convivencia pacífica y de seguridad ciudadana para Bogotá, la capital
colombiana, su participación podría orientarse a organizar los sistemas municipales de seguridad.
Un
operativo policiaco militar permanente llamado
Relámpago se instaló en Honduras en noviembre de 2011, por el gobierno
de Porfirio Lobo,
quien sostiene que los resultados de su ejecusión muestran un dramático
descenso de la criminalidad. Al parecer no es percibido así por una
buena parte de la población, pero Lobo sostiene que los asesinatos que
siguen ocurriendo, se tratan de otra forma de criminalidad.
Sin embargo, estas cifras son opacas. Las mismas
estadísticas de la violencia y la criminalidad se vuelven más nebulosas, si se
considera que siempre han tenido como fuente a las propias agencias estatales de seguridad,
ahora evidenciadas de estar infiltradas (hace muchos años) por organizaciones
criminales unas, y por corrupción, otras.
DC21012012
[1] General retirado Hugo Torres
analiza contexto de nuevo embajador. No es casual llegada de Robert Callahan.
Matilde Córdoba. Managua, Nicaragua. 29 de enero de 2008.
http://www.elnuevodiario.com.ni/politica/7104
[2] Ex embajador pide que EEUU siga
en Nicaragua pese a "farsa" electoral. AFP. Diego Urdaneta. 1 de
diciembre de 2011.
[3] Red Popular de El Aguán.
Coordinadora de Organizaciones Populares de El Aguán (COPA).Más sangre de
mártires en El Aguán. Correo Electrónico <repopa@yahoo.es>. 8 mayo, 2011,
01:16
[4] El pueblo hondureño se movilizó
para rescatar al líder popular secuestrado por un grupo paramilitar. Dick
Emanuelsson - Mirian Huezo Emanuelsson(especial para ARGENPRESS.info).
Tegucigalpa, Honduras. 11 de enero de 2011. http://www.argenpress.info/2011/01/el-pueblo-hondureno-se-movilizo-para.html
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