TEGUCIGALPA.- Los miembros hondureños de la Comisión de Verdad expresaron que la escritora Helen Umaña abandonó el país en virtud de las reiteradas amenazas de muerte a que era sometida por la investigación que realizaba con motivo del golpe de Estado ocurrido el 28 de junio de 2009.
Lo anterior lo informó ayer la presidenta de la
Comisión de Verdad, la ecuatoriana Elsy Monge; y el secretario ejecutivo, el
estadounidense Thomas Loudon. “Consideramos que los comisionados hondureños son
pieza clave en esta investigación puesto que ellos han vivido en carne propia
toda la situación, no solamente ahora durante el golpe sino en décadas
anteriores”, señaló Monge.
La entrevistada manifestó que es lamentable que
se trate de impedir este aporte tanto de Umaña como del padre Fausto Milla
–quien también abandonó el país por amenazas, aunque ya regresó-- porque son
personas honestas e interesados en mejorar las condiciones del país.
Indicó que las amenazas a ambos comisionados han
consistido en mensajitos, donde les advierten que se cuiden y que no sigan
participando en investigaciones.
“En el caso de Helen (Umaña) pues están yendo a
buscarla a la Universidad, ella es profesora universitaria y entonces la andaban
cazando, eso es terrible y lo mismo con el padre (Fausto) Milla, le daban
seguimiento”, expresó. Expuso que el informe del golpe de Estado será dado a
conocer a la ciudadanía en el primer trimestre del próximo año porque aún les
hace falta información.
Indicó que la ministra de Derechos Humanos, Ana
Pineda; el ex ministro de Seguridad, Oscar Alvarez; y el exjefe del Estado Mayor
Conjunto de las Fuerzas Armada, general (r) Romeo Orlando Vásquez Velásquez, se
negaron a dar información al respecto.
La escritora Helen Umaña debió irse del país por
amenazas de desconocidos que le daban seguimiento.
“Agradecemos la confianza que las víctimas han
depositado en nuestro trabajo al brindar más de 2. 000 testimonios en diferentes
partes del país”, señaló. También lamentan que hasta dos años después del golpe
de Estado se comienza a considerar por parte del Gobierno la participación de
los operadores de justicia en las violaciones de derechos humanos.
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