| Autor: Prensa Latina | |
María Julia Mayoral/Prensa Latina
Managua, Nicaragua. En este país se desarrolla una guerra sucia
con el respaldo económico de agrupaciones internas y financiamientos
del exterior. En esta ocasión el blanco predilecto es el proceso
electoral en curso.
En entrevista
con Prensa Latina, el presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto
Rivas, argumenta su tesis cuando resta poco para los sufragios
generales. Unos 3.3 millones de ciudadanos están habilitados para elegir
el próximo 6 de noviembre al presidente y al vicepresidente de la
República, 90 diputados de la Asamblea Nacional y 20 del Parlamento
Centroamericano.
El mandatario
Daniel Ortega busca la reelección frente a cuatro candidatos opositores,
entre ellos el exgobernador Arnoldo Alemán (1997-2002), de la alianza
encabezada por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), la segunda
organización mejor estructurada, luego del gobernante Frente Sandinista
de Liberación Nacional (FSLN).
Además, aspiran a la primera magistratura el empresario Fabio Gadea, por una coalición formada bajo el manto
jurídico del Partido Liberal Independiente (PLI) y el exdirigente de la
“contra” revolución, Enrique Quiñónez, que se presenta por el partido
Alianza Liberal Nicaragüense (ALN). El otro nominado a la Presidencia es
Roger Guevara, por una coalición de partidos minoritarios que comanda
la agrupación Alianza por la República (Apre).
Desfilan en la
contienda un partido, de manera independiente, y cuatro coaliciones,
entre éstas figura la liderada por el FSLN con el nombre de Unida,
Nicaragua Triunfa.
Dinero para la subversión
El pasado 16 de
agosto, el Consejo Supremo Electoral aprobó el Reglamento de
Acompañamiento Electoral. El término empleado en la normativa sirvió de
pretexto para abrir otro frente de ataque a la institucionalidad de
Nicaragua. Partidos y organizaciones no gubernamentales del país
lograron sembrar aversión en el ámbito internacional, bajo el supuesto
de que el acompañamiento significaba restringir el ejercicio de la
observación imparcial de los comicios.
En opinión del
magistrado Roberto Rivas, el intento de desvirtuar éste fue un fracaso,
al punto de que varias instituciones extranjeras formalizaron su
participación como observadores y reconocieron la flexibilidad y el
alcance de la normativa del tribunal electoral. A lo interno, sería
inocente obviar que grupos autonombrados representantes de la sociedad
civil constituyen vehículos para otorgar fondos internacionales en
contra del gobierno sandinista, denuncia.
“Es dinero
suministrado por gobiernos extranjeros que pretenden intervenir en
nuestros asuntos internos, a fin de tratar de sesgar la posición de
algunos sectores de la población nicaragüense. Preguntémonos cómo se
mantienen esas organizaciones que pagan sueldos de 5 mil y 3 mil dólares
mensuales a sus funcionarios”, considera.
En diciembre de
2007, el embajador de Estados Unidos anunció públicamente que durante
ese año habían proporcionado 8.5 millones de dólares a lo que ellos
llaman “sociedad civil nicaragüense”. Mientras, el presupuesto del
Consejo Supremo Electoral, la institución encargada de las elecciones,
totalizó en aquel periodo unos 6.5 millones de dólares. Es decir, esos
grupos captan más fondos de lo que recibe el ente rector de los
comicios, contrasta el magistrado.
Actualmente,
advierte, se tiene conocimiento de fondos que se destinan
específicamente a pagar campañas en canales de televisión. “Sabemos de
dos o tres canales que reciben del exterior 25 mil dólares mensuales
para programas específicos, con los cuales potencias extranjeras tratan
de oxigenar a los medios de comunicación que consideran de oposición y a los autollamados grupos de la sociedad civil”.
Constituyen
espacios mediáticos abiertamente en contra de la institucionalidad
electoral, del gobierno de la República y de sus logros sociales. “Esto
lo digo sin ningún resquemor porque está a la vista, la gente constata a
diario que ellos tratan de buscarle siempre peros al gobierno y no veo
en ningún momento que den a conocer todos los avances sociales que ha
tenido nuestro pueblo en los últimos años, que en sí son muchos”.
El dinero del
exterior, subraya el jurista, procede de países que históricamente han
estado interesados en atacar la institucionalidad nicaragüense.
“Igualmente
puedo señalar que hay candidatos que han pasado siete u ocho años en el
mundo político tratando de llegar al poder y te preguntas de dónde
obtienen tanto dinero para sostener una infraestructura tan fuerte. ¿Te
imaginas lo que es mantener una oficina donde hay seis o siete
ejecutivos con salarios que van desde los 1 mil hasta los 5 mil dólares
al mes, durante todo el tiempo, sin tener ningún ingreso por concepto de
ventas o servicios? Yo siempre he hecho esa observación: ¿de dónde
vienen esos fondos para sostener eso año tras año?; los nicaragüenses y
la comunidad internacional deberían hacerse las mismas interrogantes”,
señala Rivas.
En opinión de
los especialistas, el actual proceso electoral en Nicaragua resulta muy
sencillo, un partido político (ALN) y cuatro alianzas. Por lo tanto, la
boleta tendrá cinco posibilidades para elegir, en correspondencia con
las fuerzas contendientes.
La alianza PLI
lleva como postulado al primer diputado nacional –excandidato a la
Presidencia y a la alcaldía de Managua– Eduardo Montealegre, quien ha
estado más de siete años en la vida pública intentando conquistar la
primera magistratura del país, explica el magistrado. “A veces nos
preguntamos ¿qué capacidad económica tienen estas organizaciones para
continuar vivas? Porque mantienen una estructura organizativa muy
fuerte, con personas que ganan mucho dinero; ahí los voluntariados no
existen. Están organizados con personal permanente, manejan una buena
base de datos, oficinas bien montadas a escala nacional y, sin embargo, a
algunas de éstas les falta el soporte del pueblo”.
Golpes bajos y desinformación
Hay varios ejes
de ataques en la campaña propagandística contra el proyecto socialista,
cristiano y solidario que desarrolla el gobierno sandinista. Uno de
éstos, explica Rivas, “es la supuesta ilegalidad de magistrados
integrantes de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo
Electoral y de contralores de la República que permanecemos en el cargo,
aunque el tema quedó debidamente resuelto desde el punto de vista
jurídico. A inicios de 2010, el presidente Daniel Ortega emitió el
decreto 3/2010, cuando veía venir que nuestro mandato se vencería en
julio de ese año y estaba a la vista una crisis institucional, porque en
el Parlamento los legisladores no llegaban a ponerse de acuerdo para
elegir a quienes debían sustituirnos”.
Rivas señala
que el decreto se sustenta en el segundo párrafo del artículo 201 de la
Constitución Política. Entonces la Corte Suprema de Justicia en pleno, y
esto es importante que se sepa, resuelve que la decisión del mandatario
tenía sustento jurídico. Dicho párrafo de la Carta Magna expresa
literalmente que en tanto no haya elección de los servidores públicos
para reemplazar a los ocupantes de la responsabilidad, estos últimos se
mantendrán en sus respectivas obligaciones.
Otro eje
recurrente para atacar la institucionalidad está relacionado con la
entrega supuestamente manipulada de las cédulas de identidad que
habilitan a los ciudadanos no sólo para votar, sino para realizar todos
los trámites. Dicho documento se les extiende a todos los nicaragüenses
por igual; no hay ningún tipo de preferencia política e ideológica, no
existe mejor prueba para desmentir la propaganda mal intencionada que la
propia realidad.
El Frente
Sandinista, recuerda Rivas, estuvo 17 años fuera del gobierno, desde
1990 hasta enero de 2007, y el proceso de cedulación comenzó en 1993,
durante las administraciones neoliberales con un manejo pluralista por
parte del Consejo Supremo Electoral, compuesto por personas que
representan a distintas corrientes políticas e ideológicas. Tampoco es
cierto que bajo el mandato del FSLN esté mal la cedulación: sólo en los
últimos 18 meses hay aproximadamente 420 mil ciudadanos incorporados al
padrón electoral y de 2007 a 2009 estuvo en el orden de los 120 mil
habitantes anuales.
“Estaríamos
hablando de sumar 360 mil [residentes] con los 420 mil de los meses
recientes, al final son entre 700 mil y 800 mil nuevos ciudadanos
habilitados debidamente para ejercer su derecho al sufragio”, detalla.
“Hay mucha incorporación de la juventud; de los 420 mil [jóvenes] en los
últimos 18 meses, 36 por ciento tiene de 16 a 24 años de edad y 40 por
ciento entre 24 a 30 años de edad”.
Nicaragua, invadida por observadores
Entre los ejes
de ataque también figura el acompañamiento electoral internacional.
Agrupaciones opositoras han solicitado casi a gritos la presencia de
observadores. Numerosos y frecuentes reportes de la prensa local dan
cuenta del tema. En opinión del magistrado Rivas, Nicaragua ha sido un
país prácticamente invadido por éstos. En 1990 hubieron más de 25 mil;
en 1996, cuando salió electo Arnoldo Alemán, la cifra llegó a alrededor
de 18 mil; en 2001 fueron aproximadamente 20 mil; y en los sufragios de
2006 –ganados por el presidente Ortega– asistieron 23 mil observadores, de los cuales 3 mil eran extranjeros.
Rivas expone
que “si se saca la cuenta de que en Nicaragua el voto es domiciliar
(cercano al área de residencia de los ciudadanos) y que en 4 mil 296
centros de votación se aglutinan 13 mil mesas o juntas receptoras de
votos, se obtiene 1.8 observadores por cada junta y 5 por cada centro de
votación”.
Estos datos
demuestran la elevada participación de acompañantes internacionales y
“la verdad es que para nosotros la legitimidad de los resultados
electorales la da el pueblo nicaragüense al depositar su voto en las
urnas”. Además, indica, la autoridad electoral es la única facultada
para dar a conocer los resultados que se obtienen en las mesas o juntas
de votación, de conformidad con la ley. Ésas están compuestas por los
representantes de los partidos políticos, no son personas que la
ciudadanía elija, y el presidente, el primer y el segundo miembros, con
sus respectivos suplentes, disponen de fiscales u observadores, en aras
de la transparencia en los comicios.
Por ley, la
presidencia y la condición de primer integrante corresponden a las dos
fuerzas políticas que obtuvieron el primer y el segundo lugar en la
última elección nacional; en este caso, al FSLN y al Partido Alianza
Liberal Nicaragüense, de manera alterna.
Si hay 13 mil
juntas, 6 mil 500 las preside el Frente e igual número el ALN; por lo
tanto, hay 6 mil 500 sandinistas en los puestos del primer integrante e
igual cantidad de la otra fuerza política, con sus respectivos suplentes
del mismo partido. En el caso del segundo integrante se toma en cuenta a
las otras tres organizaciones participantes en los comicios, y la
cantidad queda determinada mediante una fórmula de distribución
proporcional, igualmente definida en la legislación. Es decir, en esas
mesas están representados los partidos políticos y se espera que sean
éstos los garantes de mantener la pureza del proceso y la garantía del
voto.
Adicionalmente,
las cinco organizaciones políticas tienen derecho a nombrar un fiscal o
un testigo, con su respectivo suplente, para estar durante toda la
jornada electoral. El magistrado cuestiona: “A veces nos preguntamos si
es necesario un observador internacional o es que los nicaragüenses
realmente no tenemos la capacidad para nosotros mismos cuidar nuestro
voto en las urnas”. Pese a esto, están abiertas las puertas a todos los
interesados en venir como acompañantes u observadores. Hasta el momento
se ha respondido favorablemente las solicitudes hechas por la Unión
Europea y el Consejo de Expertos Electorales Latinoamericanos. Se ha
invitado también a magistrados del protocolo de Tikal, que aglutina a
tribunales de varias islas del Caribe, Centroamérica y México, y de la
Unión Latinoamericana de Organismos Electorales, que asisten mediante el
llamado Protocolo de Quito, concerniente
a los Estados de
Suramérica.
Por la parte
nicaragüense, distingue, “acreditamos como observador al Consejo
Nacional de Universidades, algo importantísimo porque es una comunidad
con más de 100 mil estudiantes y unos 20 participarán de manera directa
en los sufragios de 2011” .
Críticas y pronósticos
De acuerdo con
el marco jurídico, en noviembre próximo podría salir electo cualquiera
de los cinco candidatos a la Presidencia, pues la norma legal los ubica
en igualdad de condiciones. Pero estos procesos electorales, lamenta
Rivas, terminan polarizándose en detrimento del ejercicio cívico; los
adversarios del sandinismo, en vez de defender sus planes, se concentran
en poner al FSLN en una posición determinada con el propósito de
restarle simpatizantes.
Desde el punto
de vista de la composición, estas elecciones, evalúa el magistrado, van a
ser más equitativas, porque hay cuatro banderas que prácticamente
vienen del mismo partido liberal. La primera casilla, detalla, será la
del PLC, a continuación estará la del FSLN y después las otras tres
(ALN, Apre y PLI) que vienen del mismo origen, el Partido Liberal
Constitucionalista. “Va a haber más alternativas para el pueblo en
cuanto a opciones para seleccionar a los candidatos de su preferencia”.
Es muy fácil
decir que podría existir fraude, manipulación de las actas de
escrutinio, pues ahora los opositores están echando a rodar esas
supuestas arbitrariedades como pronóstico para los sufragios de
noviembre, alerta el jurista. “Durante las votaciones parciales de 2008
hubo múltiples críticas y en aquel momento desmentí las acusaciones ante
la comunidad internacional y las agrupaciones partidistas internas”,
relata.
“En aquella
ocasión le dije a Eduardo Montealegre, entonces candidato a alcalde en
Managua, que se presentara a las siete de la noche con las actas de
escrutinio en poder de su partido. Al principio me respondió que sí y
posteriormente que no podía asistir porque los papeles estaban en la
bóveda de un banco; si eso me lo hubiera dicho otra persona hubiera
creído el argumento, pero Montealegre es un hombre de ese mundo
bancario-financiero. Le dije ‘dime cuál es el banco para que yo hable
con el dueño y nos facilite las actas de escrutinio’. Éste no se hizo
presente. Sólo acudieron las otras fuerzas políticas. Fueron revisadas
más de 2 mil 400 actas de Managua y se verificó que todo estuviera en
orden. Tenemos todos los resúmenes de actas firmados por los
responsables legales de esos partidos”.
De la campaña
política en curso, previene: “Me preocupa que adolezca de la altura
ética deseada, cuando partidos carentes de una agenda clara concentran
la labor proselitista en contraatacar a sus contrincantes en detrimento
de la educación cívica del pueblo”. No obstante, los sufragios del
próximo 6 de noviembre serán un proceso sencillo: “Espero que podamos
dar los resultados con bastante agilidad”.
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