El 28 de junio de 2009 hubo un golpe de Estado en Honduras. El presidente electo Manuel Zelaya fue detenido por efectivos militares y forzado a abandonar el país. A pesar de la condena generalizada de la comunidad internacional, el gobierno de facto encabezado por Roberto Micheletti insistió en la legitimidad del nuevo régimen, convocando elecciones formales para finales de ese mismo año. Elección en las que los partidarios del depuesto presidente no fueron autorizados a participar. Los resultados (49.9% de participacion con 92,604 votos nulos y 61,440 votos en blanco de un total de 2,300,056 votos
depositados) fueron, sin embargo, reconocidos como validos tanto por la Organización de Estados Americanos, que readmitió a Honduras en junio de este año (tras haber sido excluida por violación de la Carta Democrática) como por Estados Unidos, Colombia o el Estado español.
Uno de los primeros actos como jefe de gobierno de P.Lobo fue decretar una amnistía para los responsables del golpe de Estado que depuso al presidente electo M. Zelaya que incluía los abusos, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza contra manifestantes contrarios al golpe. Se decretó igualmente la retirada de Honduras de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la reafirmación del compromiso con el Central American Free Trade Agreeement (CAFTA) que al anterior administración había amenazado con abandonar.
La dinámica de represión contra partidarios del depuesto presidente Zelaya y, por extensión, de simpatizantes, miembros y dirigentes de izquierda agrupados en el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) desencadenada tras el golpe de Estado no se detuvo tras la llegada al poder de P.Lobo. Periodistas (12 en 18 meses) , activistas de derechos humanos, sindicalistas y lideres campesinos han sido victimas especificas de ataques armados que las autoridades atribuyen a la situación de inseguridad que vive el país y la influencia de actores cercanos al narcotrafico. No obstante, se escuchan voces que señalan la existencia de escuadrones de la muerte que en connivencia con fuerzas armadas y policiales serian responsables de la campania de persecución y hostigamiento contra organizaciones populares criticas con el gobierno.
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Pagina del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras
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