La misiva es suscrita por la Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jiménez Damary; la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard; la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor; y el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Calix Tzay.
En la misma, señalan que las acusaciones presentadas contra Vásquez y Vijil y las decisiones adoptadas, particularmente la que refiere al mantenimiento de la medida de prisión preventiva, parecerían no estar sustentadas por pruebas objetivas.
Víctor Vásquez y José Santos Vijil fueron detenidos el 11 y 9 de diciembre, respectivamente, luego de que el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal el 1 de diciembre por los delitos de robo con fuerza agravado, daños y desplazamiento forzado. Los dos primeros delitos fueron objeto de sobreseimiento provisional. Sin embargo, se les dictó auto de formal procesamiento por el supuesto delito de desplazamiento forzado.
Las relatorías destacaron «la relevancia de este caso en el contexto de Honduras, en el que los defensores de los derechos humanos indígenas y de la tierra son los que están más expuestos a los riesgos y a los ataques; incluyendo la criminalización del ejercicio de su derecho a la libertad de asociación y del derecho a la libertad de expresión».
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También resaltaron su «preocupación ante la utilización por parte del Ministerio Público del tipo penal de desplazamiento forzado mediante una acusación que aparentemente estaría desprovista de contexto y desvinculada de las circunstancias que motivan la creación de dicho penal. Recordamos que este tipo penal se establece como respuesta al desplazamiento forzado que ocurre como consecuencia de la violencia generalizada y el crimen organizado».
Por esto último, piden al Estado proporcionar información sobre la base jurídica para la detención preventiva y sobre las garantías del debido proceso en este caso, especialmente a la luz del Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y políticos (PIDCP)
RELATORES SE REFIEREN AL ASESINATO DE LÍDER INDÍGENA EN LA PAZ
El 26 de diciembre de 2020, fue asesinado el defensor de los derechos de la tierra, territorio y medio ambiente, Félix Vásquez, en la comunidad del Ocotal, municipio de Santiago de Puringla, departamento de La Paz.
Previamente en octubre había denunciado amenazas de muerte en su contra y en contra de Víctor Vásquez, detallando que los propietarios de un terreno privado colindante con la comunidad campesina de Nueva Esperanza habrían contratado a sicarios para materializar las amenazas.
Además, especificaron que diez días antes de su homicidio, Félix Vásquez, fue uno de los activistas que integró una protesta ante el juzgado de La Paz, exigiendo la liberación de Víctor Vásquez.
Lea también: Ministerio Público sigue sin dar respuesta por asesinato de dirigente campesino Félix Vásquez
Los relatores especiales expresaron su «grave preocupación» por el asesinato de Félix Vásquez y señalaron que de acuerdo a la información que han recibido «parecería indicar que el departamento de La Paz enfrenta actualmente una situación de profunda inseguridad para quienes defienden los derechos humanos, especialmente indígenas y campesinos».
El confinamiento durante la pandemia de Covid-19 dejó muerte, represión y desaparecidos en los pueblos indígenas y negros de Honduras. De acuerdo con el informe “El abandono tiene rostro y consecuencias”, presentado por el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) y Oxfam, el confinamiento ha sido utilizado como carta blanca en beneficio de los proyectos extractivos.
https://criterio.hn/relatores-de-naciones-unidas-preocupados-por-criminalizacion-de-defensores-lencas/
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Pueblos Misquitos denuncian a gobernadora de Gracias a Dios por retener ayuda y dejar vencer 2,000 sacos de arroz
“Un total 70 mil libras de semillas de arroz (2 mil sacos) para sembrar, se vencieron ayer por negligencia de la gobernadora del departamento de Gracias a Dios, Rina Koritza Mejía, que no los distribuyó en tiempo y forma”, dijo Mirna Wood, vicepresidente de MASTA, una de las organizaciones denunciantes.
Declaró además que la gobernadora ha
retenido toda la ayuda humanitaria, entre la que mencionó dos mil
láminas de zinc, sillas de ruedas, lonas para los techos de emergencia,
mochilas, juguetes y zapatos.
Los dos mil sacos de semillas de arroz debieron ser distribuidos en los seis municipios (Puerto Lempira, Ahuas, Brus Laguna, Juan Francisco Bulnes, Villeda Morales y Wampusirpi) del departamento de Gracias a Dios, poblado por la etnia misquita.
Mirna Wood detalló que las semillas fueron donadas el año pasado por la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) en respuesta a la emergencia de los huracanes Eta e Iota.
Wood manifestó que hasta el momento la gobernadora no se ha pronunciado. “Tengo entendido que llegó ayer de Tegucigalpa a Puerto Lempira y está tratando de entregar este arroz a lo bajo, bajo. Anduvo sacando en la noche algunos sacos para poder entregarle a algunas personas”.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especial de las Etnias y Patrimonio Cultural, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), por el Consejo Territorial Bakinasta, el Consejo Territorial FITH y MASTA.
Mediante el escrito presentado, las organizaciones piden una investigación exhaustiva en la gobernación departamental de Gracias a Dios y plantean además para demandas sociales.
https://criterio.hn/pueblos-misquitos-denuncian-a-gobernadora-de-gracias-a-dios-por-retener-ayuda-y-dejar-vencer-2000-sacos-de-arroz/
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