Aprovechando
que el pasado 03 de agosto la Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos,(CIDH), le recomendara al Estado de Honduras derogar el artículo
184 del Código Procesal Penal que impide a los jueces conceder medidas
sustitutivas a los denunciados por delitos graves, la bancada del
Partido Nacional ha presentado una iniciativa para anular ese precepto
que mantiene en el borde de la cárcel a los principales líderes del
Partido Nacional.
La
iniciativa para anular el Articulo 184 y evitar que los diputados y
demás funcionarios acusados pongan los pies en la cárcel, fue presentada
el 21 de agosto pasado por diputado nacionalista Marco Antonio
Velásquez, del departamento de Valle.
Para
conocer la situación de los derechos humanos en este país
centroamericano, del 30 de julio a 03 de agosto pasado, la CIDH
visitó Honduras y al finalizar elaboró un catálogo de 25 recomendaciones
consideradas necesarias para el respeto de los derechos fundamentales.
El catálogo
comprende recomendaciones como el enjuiciamiento y condena de los
responsables de las muertes y de las agresiones en contra de los
manifestantes en la crisis post electoral, garantizándoles a las
víctimas, familiares y defensores de derechos humanos el acceso a las
investigaciones y a los procesos judiciales.
Otras
recomendaciones que no han sido atendidas son las de eliminar las
figuras penales que restringen la libertad de expresión y el ejercicio
periodístico, y la judicialización de un 95% de femicidios que se
mantienen en la impunidad, entre otras que se han venido repitiendo
desde que Honduras participó por primera vez en el Examen Periódico
Universal,(EPU), en el año 2010.
Sin
embargo, en el Congreso Nacional solo se preocuparon por la reforma del
Artículo 184 del Código Procesal Penal, porque afecta directamente a
los principales líderes del Partido Nacional, actualmente en el poder, y
por tal razón corrieron a presentar la iniciativa de Ley.
La
CIDH recomendó que “El Estado debe promover, regular y aplicar medidas
alternativas a la prisión preventiva; y debe derogar las disposiciones
que ordenan la aplicación obligatoria de la prisión preventiva por el
tipo de delito, en particular, el artículo 184 del Código Procesal
Penal”.
Si
bien la mayoría de hondureños es consciente de que ese artículo penal
vulnera el derecho de los imputados, esta recomendación de la CIDH no ha
dejado de sorprender a la ciudadanía que lucha contra la corrupción,
pues en el momento en que se produce hay una larga lista de funcionarios
y ex funcionarios corruptos que han sido acusados de lavado de activos,
uno de los delitos donde no hay cabida para que un juez otorgue arresto
domiciliario.
Y
el problema se da porque estos funcionarios acusados no solo le robaron
al pueblo el dinero de sus impuestos sino también hasta la esperanza de
poder gozar de buenos servicios de salud, educación, vivienda y
transporte, entre otros.
Las
acusaciones seguidas de la recomendación de la CIDH han provocado que
los mismos diputados que en el 2013 promovieron en el Artículo 184 la
instauración del catálogo de delitos para ser aplicaddos los más
vulnerables, ahora estén sintiendo el peso y traten de sacudírselo.
Pero ¿por qué le tienen miedo al 184?
El
25 de abril de 2013 el Congreso Nacional conformado en dos terceras
partes por diputados del Partido Nacional, aprobó el Decreto 56-2013
para reformar el Artículo 184 del Código Procesal Penal e instaurar un
catálogo de 21 delitos en los que según ellos no debía existir la
sustitución de la prisión preventiva.
En
este catálogo están comprendidos los delitos de homicidio, asesinato,
parricidio, violación, trata de personas, pornografía infantil,
secuestro, falsificación de dinero, robo de vehículos, magnicidio,
genocidio, asociación ilícita, extorsión, terrorismo, contrabando,
delitos relacionados con armas de guerra, defraudación fiscal, tráfico
de drogas, lavado de activos, prevaricato y femicidio. “Una canallada política”, según lo determina, el reconocido abogado y defensor de los derechos humanos, Joaquín Mejía.
Mejía dice que el Congreso
Nacional, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, tenían
suficiente conocimiento de que ese artículo era contrario no solo a la
Constitución de la República y a los principios democráticos del derecho
penal liberal, sino también de la Comisión Interamericana de los
Derechos Humanos, un organismo multilateral que ya se ha pronunciado
sobre la libertad que deben tener los jueces en la determinación de cada
caso concreto.
Sostuvo
que en el momento en que se produjo esa reforma los representantes del
Estado se enfocaban en mandarle mensajes a la sociedad haciéndole creer
que estaban poniendo mano dura, sin imaginarse que años después, la
Unidad Fiscal contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC) y la Misión
de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), les iban
a pasar la factura por crímenes cometidos.
Los diputados de ese momento, en su mayoría nacionalistas, pensaron que ese
artículo solo sería aplicado contra manifestantes populares, detenidos,
encarcelados e inculpados de terrorismo y a los miembros de las maras y
pandillas, que siempre son acusados de asociación ilícita y robo de
vehículos, figuras delictivas que están comprendidas en el catálogo del
184.
“Y
se encontraron en una situación en la que se les iba a aplicar y por
tanto ahora lo quieren reformar y están utilizando los argumentos del
sistema interamericano y argumentos constitucionales", indicó Joaquín
Mejía.
Para él, esta actitud no es nada más que el producto del descaro y la hipocresía con que actúa la clase política.
Y
es que los diputados ya sienten los pasos de animal grande, porque más
de un centenar y medio de funcionarios, entre diputados, ex diputados,
primeras damas, ministros, alcaldes, líderes de los partidos políticos
tradicionales, empresarios y directivos de algunas organizaciones no
gubernamentales (ONGs) creadas para el desvió del dinero público,
enfrentan juicios y acusaciones por lavado de activos.
Tal
es el caso de los involucrados en la Red de Diputados, La Caja de
Pandora y la Caja Chica de la Primera Dama, donde todos los imputados
por el Ministerio Público deberían estar en la cárcel, pero los jueces
que conocen las causas favorecieron a la mayoría de ellos, cambiaron el
delito original y los enviaron a sus casas permitiéndoles defenderse en
libertad.
En
enero pasado el ex vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, sostuvo que
solo en la red de diputados hay 124 parlamentarios, organizados
criminalmente para blanquear dinero extraído ilegalmente del Estado a
través de fundaciones creadas con ese fin. Y vale decir, que a raíz de
esa revelación, días después, Jiménez fue expulsado del país con el aval
del Secretario General de la Organización de Estados Americanos, (OEA).
Pero
es que las acciones ya iniciadas por la MACCIH comenzaban a tocar la
puerta de los corruptos. El 11 de diciembre de 2017, la UFECIC -MACCIH
acusó a 5 diputados integrantes de esa red y alteró los ánimos de la
clase política gobernante que no dudó en accionar y neutralizar el
proceso a través del Decreto legislativo 141-2017, del 18 de enero del 2018.
Los
diputados aprobaron la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos
de la República para el Ejercicio Fiscal 2018 y en uno de los artículos
establecieron un nuevo procedimiento de liquidación de fondos públicos
destinados a proyectos o ayudas sociales, gestionados y ejecutados por
servidores públicos, diputados y ONGs. En esa legislación prohibieron
las acciones judiciales por corrupción mientras que el Tribunal Superior
de Cuentas, un ente controlado políticamente por ellos, no haya emitido
su informe del tema.
En
febrero pasado UFECIC-MACCIH también judicializó el caso de la Primera
Dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo y el denominado Caso Pandora que
involucra a renombradas personalidades del Congreso Nacional y del Poder
Ejecutivo.
Solo
en el Caso Pandora, 38 personas malversaron 282 millones 116 mil 175
lempiras extraídos de la Secretaría Agricultura y Ganadería y los
trasladaron a las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras.
Entre
los grandes involucrados de Pandora figuran el ex vicepresidente de la
Republica y ex candidato a la presidencia de la Republica por el Partido
Liberal, Elvin Ernesto Santos; Arnoldo Gustavo Castro Hernández, esposo de la ex presidenta del Partido Nacional y ex vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López; Jean
François Peyrecave, esposo de Hilda Hernández, la hermana del
Presidente de la Republica, Juan Orlando Hernández, y los eternos
diputados nacionalistas, ex presidentes del Congreso Nacional, José Celín Discua Elvir y Rodolfo Irías Navas, entre otros.
El 14 de agosto, la
Directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos,
anunció que la MACCIH daría a conocer otra lista de altos funcionarios
involucrados en actos de corrupción y que los casos se conocerían como
Pandora II y Pandora III.
Ante
tal situación, no es extraña la carrera para derogar el Artículo 184
del Código Procesal Penal, que los mantiene con un pie afuera y el otro
entrando a la cárcel, como lo señala la ex diputada del Congreso
Nacional y actual regidora de la Corporación Municipal de San Pedro
Sula, Fátima Mena.
La
ex parlamentaria Mena, evidencia el doble discurso que utiliza ante la
sociedad el Partido Nacional de Honduras. Ella no olvida que en el 2013
al proponer el establecimiento del catálogo de los 21 delitos que no
gozarían de medidas sustitutivas, la bancada nacionalista se rasgaba las
vestiduras y justificaba la necesidad de fortalecer el marco jurídico en materia de seguridad y de justicia.
“Y
en este momento responde a una urgencia por una élite política
económica corrupta que se ve desesperada porque se le está aplicando y
esto conllevaría a mantenerse en prisión hasta que su juicio sea
ventilado”, indicó.
A
juicio de Mena, los parlamentarios nacionalistas están convirtiendo el
Congreso Nacional en una entidad especializada en la fabricación de
todas las herramientas que aseguren la impunidad a los corruptos. Y que
como parte del plan también están buscando frenar la libertad de
expresión mediante bozales para la ciudadanía que se pronuncia.
Criticó
que como medida desesperada se estén violando las garantías
constitucionales y creando leyes para el control de las redes sociales,
contrario a lo que sucede con las recomendaciones dadas por organismos
internacionales para que se derogue de la Ley de Secretos, un tema que
también se debe tratar en el Congreso.
El
gerente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Armando
Urtecho, sostiene que el empresariado nacional, desde el año 2013,
cuando se produjo la reforma del Artículo 184, se pronunció en contra de
la instauración del catálogo de delitos a los que no se les permitirían
medidas sustitutivas de la prisión.
A
juicio de él, después de 100 años de aplicación de un Código Penal
inquisitivo, Honduras promulgó el Código Procesal Penal para
garantizarle libertad al ciudadano. Sin embargo, sostuvo que la Junta
Directiva del COEHP ha ordenado la realización de un estudio que les
servirá de base para adoptar su posición.
Imputados podrían quedar en libertad
Joaquín Mejía. Desde
el momento en que se aprobó esa reforma, según Joaquín Mejía, existen
muchas personas privadas de libertad por haber cometido delitos que no
son graves, pero se ha obligado a los jueces y juezas a que apliquen esa
Ley contra la gente más vulnerable. “Y lo que da rabia es que esa
reforma no está destinada a beneficiar a estas personas sino a
beneficiar a los corruptos, a las corruptas y a los violadores de
derechos humanos”, afirmó.
De
igual manera, Mejía dijo que la sociedad debe indignarse porque la ley
debe ser imparcial, debe ser general, y no pensando en beneficiar o
perjudicar a un grupo determinado, como es la intensión clara que
llevan.
Mencionó
que en el caso pandora, la red de diputados y el Seguro Social, hay
muchos funcionarios de alto nivel que no han sido juzgados, como el
vicepresidente, Ricardo Álvarez, el ex diputado Oscar Álvarez y las
demás personas que manejaron la campaña del Partido Nacional en el 2013,
que podrían ser beneficiados con la reforma que pretenden aprobar. “Y
al final de cuentas ese es el objetivo”, aseguró. Honduras es desobediente con las sentencias y recomendaciones
Desde otro escenario, Joaquín Mejía, fustigó la nula importancia que el Estado le ha dado a las recomendaciones que se han venido dando desde el 2010 por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Tal es el caso de la recomendación para despenalizar la injuria y la difamación para defensores de derechos humanos y periodistas que denuncian los actos de corrupción.
Mejía insiste en que la hipocresía y el descaro de la clase política corrupta permiten utilizar solo aquellas recomendaciones que les sirve a ellos. Y citó para el caso, la consulta previa a los pueblos indígenas y pueblos garífunas, donde la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ya ha emitido dos sentencias para que el Estado hondureño apruebe una Ley, pero no contraria a los estándares internacionales, como la que pretenden promulgar en el Congreso.
Y en ese sentido también criticó a los diputados del Congreso Nacional que mantuvieron vigente por mucho tiempo el artículo 335-B adherido al Código Penal que castigaba con cárcel a los periodistas y comunicadores sociales que según ellos hacen apología del terrorismo.
Conoce algunas leyes antiderechos aprobadas del 2009-2018
“En el caso de la asociación ilícita por ejemplo, hay una sentencia que es con Pacheco Teruel versus el Estado de Honduras, soy uno de los litigantes a través de ERIC donde le dicen al Estado de Honduras que debe modificar o derogar el artículo 332 que habla de la asociación ilícita, y el Estado no hizo caso, al contrario lo ha reformado pero contradiciendo la sentencia”, aseveró Joaquín Mejía.
Además dijo que por la figura del terrorismo y todas las reformas penales que se dieron el año pasado, la Oficina del Alto Comisionado le presentó al Estado de Honduras una serie de recomendaciones y un análisis profundo de diez páginas sobre el por qué no deberían de aprobarse esas reformas, pero a ese documento tampoco le hicieron caso en el Congreso Nacional ni en la Corte suprema de Justicia.
Aunado
a eso, en febrero pasado, el Congreso Nacional también estuvo
discutiendo una iniciativa para a regular las publicaciones en las redes
sociales y páginas de Internet, un proyecto que fue motivado por los
mensajes que circularon exigiendo justicia por el fraude electoral y las
personas que murieron durante la crisis post electoral. Los mensajes en
Facebook también se dirigían contra los defraudadores del Instituto
Hondureño de Seguridad Social.
El
proyecto fue presentado por el diputado nacionalista, Marco Paz,
argumentando que “andamos buscando el respeto a la persona humana, el
respeto a una institución y a una persona jurídica”.
Pero
Julio Pineda, escritor y periodista, sostiene que la intencionalidad
está encaminada a coartar la libertad de expresión, controlar a los
periodistas y comunicadores sociales y evitar que se salgan de la línea
establecida por ellos, los medios de comunicación ya alineados.Según Pineda, la aprobación y reforma de leyes, también tienen el propósito de ocultar la información pública y atrasar los procedimientos legales de la investigación de los casos de corrupción con propósitos de favorecer a los funcionarios que han cometido ilícitos.
En otro sentido, Pineda también mencionó la falta de voluntad para reformar el Código Penal que castiga con cárcel la difamación y la calumnia, figuras penales que ya han sido aplicadas a periodistas y comunicadores que han criticado la corrupción del gobierno. Y “hasta una expresión artística, una caricatura, puede considerarse delito si toca la imagen o los intereses de determinado personaje que está en el poder”, sostuvo el periodista.Amplió que la intencionalidad suprema del gobierno es silenciar a la ciudadanía y reprimir a las personas que exigen el cumplimiento o la garantía de sus propios derechos a través de la protesta pública o mediante la utilización de las redes sociales, base principal para el surgimiento por ejemplo, de la reforma del artículo 335-B del Código Penal, que contemplaba el delito de apología del odio e incitación de actos de terrorismo para los medios de comunicación que destacaran en sus publicaciones hechos calificados como de esa índole.
La fe de erratas
En
mayo pasado, El Ministerio Público a través de la Unidad Fiscal
Especial Contra la Corrupción e Impunidad (UFECIC) con el apoyo de la
Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), presentó
un requerimiento fiscal contra los diputados Tomás Zambrano Molina y
Román Villeda por haber modificado irregularmente por
adición, la Ley de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el año 2018,
aprobada en Decreto Legislativo 141-2017 y publicado en el Diario
Oficial La Gaceta el 19 de enero de 2018.Tomás Zambrano y Román Villeda, estaban acusados de abuso de autoridad, falsificación de documentos y delitos contra la forma de gobierno. Sin embargo, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Bustillo, nombrado juez natural para la causa, los dejó en libertad. A Zambrano le dictó sobreseimiento definitivo y a Villeda Aguilar auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas de la prisión.
Tomás Zambrano Molina .
Esa reforma a la Ley del Presupuesto, adicionada ilegalmente por ellos, favoreció a cinco parlamentarios, procesados por el blanqueo de dinero púbico a través de al menos dos Ongs, el caso de la Red de Diputados. La Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Alma Consuelo Guzmán, nombrada juez natural de este caso, que estaría vinculado a 124 parlamentarios, mandó a archivarlo, hasta que el Tribunal Superior de Cuentas emita su informe.
Vale resaltar que en estos dos casos, donde se involucra directamente a diputados del Congreso Nacional muy cercanos a la bancada del Partido Nacional, actualmente en el poder, la Fiscalía se ha visto débil en su actuación, ante los fallos dictados por los jueces naturales.
- La errata, es una equivocación material que aparece impresa en una publicación. Y la fe de erratas se utiliza para corregir errores poco importantes, como equivocaciones ortográficas que afectan la construcción de una oración. En otras palabras, la fe de erratas no se utiliza para corregir párrafos completos o fragmentos de varios varias líneas, como la ocurrida con esta la Ley.
Y
sobre este caso que afecta directamente a los responsables de haber
nombrado ilegalmente al Fiscal General, Oscar Chinchilla, también vale
decir que en la página web de la Fiscalía es muy escasa la información
que han colocado sobre este tema. Pero en el sitio web del Congreso
Nacional no existe nada. Censura total.
Y
es que históricamente el Congreso Nacional se ha sido manejado a través
de un reglamento que les da a los miembros de la Junta Directiva la
discrecionalidad absoluta para el control de los Proyectos de Ley que se
presentan en la Cámara y manejo a su antojo de los recursos económicos
que manejan.
Las Juntas Directivas siempre han estado integradas por los
dos partidos tradicionales, y por miembros de los denominados, partidos
bisagras, Unificación Democrática, Democracia Cristiana, Pinu, cuando
estuvo en sus mejores tiempos y ahora el PAC y la Alianza Patriótica.
Este último es propiedad del general, Romeo Vásquez, protagonista del
Golpe de Estado contra el presidente, Manuel Zelaya en el 2009.
Todos
saben de los problemas que se derivan del reglamento del Congreso, han
existido propuestas de reformas, pero hasta hoy la clase política
dominante no ha mostrado interés para reformarlo, situación que mantiene
engavetados innumerables proyectos de leyes y a muchos diputados de la
oposición, sin la oportunidad de legislar y sin el derecho de participar
en los debates. Varios han denunciado que quien preside las sesiones
les niegan el uso de la palabra.
Es
así como la mayoría de leyes y decretos aprobados, incluso los
relacionados con el nombramiento de altos funcionarios del Estado, están
plagados de irregularidades para obtener la mayoría de votos que
requieren. En muchas ocasiones se ha denunciado hasta la compra de votos
cuando se trata de favorecer o de perjudicar a determinados sectores.
Entre
las leyes que se han aprobado de esa manera se pueden mencionar varias
que afectan los derechos humanos de las mujeres y de la comunidad LGTBI,
al campesinado, a los pueblos originarios, a los trabajadores, a los
maestros, a los periodistas y a los medios de comunicación
alternativos.
Conoce algunas leyes antiderechos aprobadas del 2009-2018 Por ejemplo, el campesinado hondureño se ve afectado civil y criminalmente, por el Código Penal y Código Procesal Penal, la Ley Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre, la Ley de Municipalidades y la Ley de Procedimiento Administrativo, entre otras.
La
abogada Karla Alegría, de la Asocación por la Democracia y los Derechos
Humanos, ASOPODEHU, explica que con el Decreto 18-2008 aprobado en el
gobierno de Manuel Zelaya se beneficiaron muchos campesinos porque ese
era el espíritu de la Ley. Sin embargo, en noviembre del 2010 la Corte
Suprema de Justicia lo declaró inconstitucional. Y ante tal situación,
es preciso mencionar que entre la admisión del recurso y la sentencia de
la Corte, el Instituto Nacional Agrario (INA) emitió títulos a favor de
las empresas campesinas pero no les pagó la tierra a los antiguos
propietarios provocando demandas criminales no solo para el INA, sino
también contra de los campesinos.
Alegría
dijo que otro problema que tienen los campesinos es que las acusaciones
contra ellos ya no solo se dan por el delito de usurpación sino que
siempre les agregan uno o más figuras delictivas procurando que los
jueces los envíen a prisión.
Aclaró
que la pena máxima por el delito de usurpación es de 4 años y que para
evitar que salgan bajo fianza, siempre los acusan de usurpación y daños;
usurpación y tala o usurpación y tráfico de madera.
La
abogada dice, que la Ley de Reforma Agraria contiene algunos artículos
aplicables en beneficio de los campesinos, pero que las autoridades
manejan la mayoría de casos a través de la Ley de Modernización
Agrícola. http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/es/investigaciones/item/2340-congreso-nacional-la-maquila-de-leyes-anti-derechos-y-de-proteccion-de-los-corruptos
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