Por
defensores 26 Septiembre 2018
Esta semana que está por finalizar ha sido intensa contra la comunidad defensora de derechos humanos a nivel nacional.
Hay reportes de ataques en Colón, Atlántida, Yoro, Copán, Santa
Bárbara, Intibucá, La Paz, Choluteca y Francisco Morazán. En simultáneo,
el mismo patrón.
En Colón, la inteligencia militar inventó la existencia de una
organización campesina independiente para atacar a la periodista
inglesa Nina Lakhani, quien investiga muertes violentas en el valle del
Aguán y cubre el juicio contra los asesinos de Berta Cácares en
Tegucigalpa.
La inexistente Asociación acusa a la periodista de suministrar armas a
los campesinos para exterminar a la fuerza xatruch, destruir las
inversiones de la estándar fruit companny y de la corporación de los
Facussé en la región, y además de paralizar la explotación petrolera del
grupo British Gas que viene de obtener un contrato leonino de la
dictadura hondureña sobre todo el atlántico.
En el mismo departamento de Colón, un empresario satélite del emporio
Facussé-Nasser, la empresa Los Pinares y la municipalidad de Adán
Fúnes, son señalados como promotores de las campañas de odio contra las
comunidades del sector San Pedro y Guapinol, que resisten contra sus
proyectos de muerte en las montañas Nombre de Dios, barrera natural de
todo el litoral caribe.
Más adelante, en Atlántida, los hermanos Victor y Martín Fernández,
naturales de San Juan Pueblo, son objeto actualmente de una campaña de
odio cuyos autores se reúnen alrededor de los Pérez, Hawit, Atalas y la
familia MINOSA de Occidente, que insisten en destruir un cementerio
ancestral para llevarse el oro a Canadá.
En el caso de Martín Fernández, abogado de profesión, defensor de la
flora y fauna de la cordillera y humedales a tiempo completo, líder
comunitario del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, es
objeto de vigilancia, persecición y de agresión física directa.
Víctor, su hermano mayor, abogado de trayectoria como fiscal
anticorrupción, líder territorial en Atlántida, Yoro, Cortés y Santa
Bárbara, como defensor de los pueblos Tolupán, Pech y Lencas, igualmente
sufre amenazas a muerte en medio de una campaña de odio en su contra.
Víctor fue abogado defensor de Berta Cácares en Santa Bárbara e
Intibucá donde fue criminalizada en vida durante los años 2012 hasta su
asesinato en marzo 2016, y actualmente Fernández representa al COPINH en
el juicio contra los criminales de la lideresa indigena lenca.
Ambos hermanos, Víctor y Martín, son beneficiarios de dos
resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que
instruye medidas de protección por el alto riesgo que representa su
trabajo de defensores ambientales, procuradores de justicia y
acompañantes de pueblos indígenas y comunidades agrarias.
En el departamento de Copán, tanto el liderazgo del Movimiento Amplio
por la Dignidad y la Justicia, como de la Asociación ACI Participa y de
ASONOG, sufren igualmente campañas de descalificación financiadas por
la empresa MINOSA, tramitadora local de capital canadiense, que insiste
en profanar el camposanto de la comunidad de Azacualpa en complicidad
con alcaldes, forenses, fiscales y policías, en busca de oro alrededor
de las osamentas.
En el departamento de Yoro el equipo periodistico de Radio Progreso,
encabezado por el sacerdote jesuita Ismael Moreno, sufren igualmente una
campaña de descalificación por su trabajo de acompañamiento a las
comuidades que resisten el modelo extractivo de muerte que promueven en
Honduras el COHEP, las cámaras de comercio y la Asociación de Mineros.
Más adelante en la geografía hacia el Occidente, el Movimiento
Ambientalista Santabarbarense, el MAS, sufre igualmente una campaña de
descrédito por acompañar a las comunidades de Gualala, opuestas a la
explotación de un mineral que destruirá el 80 por ciento de la aldea
Arenales.
En Santa Bárbara fueron autorizadas por los golpistas 86 concesiones
mineras y 28 represas sobre ríos, que convierten el departamento en una
bomba ambiental y social.
En todo Honduras la empresa American Pacific, comprada a los gringos
por mineros canadienses, tiene 45 concesiones metálicas otorgadas en los
departamentos de Santa Bárbara y Choluteca. La dictadura golpista los
apoya, los extorsiona y los defiende.
Como vemos hasta aquí, sin olvidar lo que sucede en La Paz y en el
sur de Francisco Morazán, en Reitoca concretamente, las comunidades, sus
organizaciones y liderazgos defensores, enfrentan a personas y grupos
con poder, siempre vinculados a sectores criminales, impunes, que gozan
de la protección de representantes de la dictadura disfrazadas de
autoridades, y de periodistas y medios que representan auténticas
cloacas humanas.
Toda esta comunidad nacional de personas defensores de derechos
humanos sufren la misma matriz de campaña impulsada por esa comunidad
criminal: videos mal hechos con imágenes pirateadas, memes
distorsionados y perfiles falsos en redes sociales, también
declaraciones ocifiales de portavoces de la dictadura y de los gremios
privados, comentarios inducidos de periodistas asalariados del cohep, la
asociación de mineros y de las empresas particulares que violan los
territorios sin consulta. Toda una mezcla perversa, de lógica criminal.
Los objetivos de las campañas son diversos, desde quitar influencia
local a la resistencia comunitaria, generar dudas sobre la autenticidad
del trabajo de defensoría, inducir el miedo, matar la moral colectiva y
asesinar en físico a los liderazgos.
El peor ejemplo de esta afirmación es el crimen de Berta Cácares. La
empresa DESA, cuyos máximos ejecutivos son militares activos, policías
activos y ejecutivos del banco FICOHSA, es acusada por el COPINH de
planificar y ejecutar el asesinato. Y antes de hacerlo persiguió a su
víctima en medios, redes y pueblos.
Por eso las campañas no son bromas. Por eso el gobierno de Estados
Unidos pide a sus ciudadanos no venir a Honduras, país peligroso por el
control de los criminales en el poder. Por eso la oficina del alto
comisionado de derechos humanos de la ONU en Honduras, está preocupada
con esta campaña.
Pero no basta estar preocupados, tenemos que parar las campañas y
detener a sus autores. Denunciar a los medios, a sus ejecutivos y
financiadores que difunden los mensajes de odio, y castigarlos.
El dinero de las compañías y sus relaciones con el crimen organizado
no pueden ser nunca superiores a la voluntad de los pueblos. Los pueblos
no quieren explotación minera ni grandes represas ni destrucción del
caribe por la petrolera inglesa.
Y el COHEP puede organizar las campañas que quiera y la dictadura
puede apoyar todo lo que quiera, pero las comunidades dicen NO. Ese
desarrollo no lo queremos, al carajo con él. Punto.
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 22 septiembre 2018
http://defensoresenlinea.com/las-campanas-de-descredito-y-de-odio-siempre-preceden-la-muerte/
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De-legitimization and hate campaigns always precede death
Last week was a very intense one for human rights defenders at the national level.
There are reports of attacks in Colón, Atlántida, Yoro, Copán, Santa
Bárbara, Intibucá, La Paz, Choluteca and Francisco Morazán;
simultaneously, the same pattern.
In Colón, military intelligence invented the existence of an
independent peasant organization in order to attack British journalist,
Nina Lakhani, who is investigating violent deaths in the Aguán valley
and covering the trial for the murder of Berta Cáceres in Tegucigalpa.
The non-existent peasant association accuses the journalist of
supplying peasants with arms in order to wipe out the Xatruch task
force, destroy investments of the Standard Fruit Company and the Facussé
Corporation in the region and to paralyze British Gas which is in the
process of obtaining an enormous contract from the Honduran dictatorship
for petroleum exploration in the Atlantic.
In the same department of Colón, a satellite business of the
Facussé-Nasser emporium, Los Pinares, and the municipality of Adán
Fúnes, are identified as promotors of hate campaigns against the
communities in the San Pedro and Guapinol sectors that resist these
projects of death in the Nombre de Dios Mountains, the natural barrier
along the entire Caribbean.
In Atlántida, Victor and his brother Martín Fernández, from San Juan
Pueblo, are the targets of a hate campaign sponsored by the Pérez,
Hawit, Atalas families and MINOSA that insist on destroying an ancestral
cemetery to extract gold by a Canadian company.
Martín Fernández, lawyer by profession, full time environmental
defender, leader of the Broad Movement for Dignity and Justice (MADJ) is
the object of surveillance, persecution and direct physical aggression.
Víctor, his older brother, a lawyer with a track record in
anti-corruption, leader in Atlántida, Yoro, Cortés and Santa Bárbara,
defender of the rights of the Tolupán, Pech and Lencas, has also
received death threats in the midst of a hate campaign against him.
Víctor was the defense attorney for Berta Cácares in Santa Bárbara
and Intibucá where she was criminalized from 2012 until her murder in
March 2016. Currently Fernández represents COPINH in the trial against
those who murdered the indigenous, Lenca leader.
Víctor and Martín, are both beneficiaries of two resolutions from the
Inter American Commission on Human Rights assigning protective measures
due to the high degree of risk for environmental defenders and for
attorneys and those who accompany indigenous people and agrarian
communities.
In the department of Copán, the leadership of MADJ as well as ACI
Participa and ASONOG, are the targets of de-legitimization campaigns
financed by MINOSA, a business backed by Canadian capital, which insists
in desecrating the cemetery of the Azacualpa community in search of
gold, with the complicity of mayors, medical examiners, prosecutors and
the police.
In the department of Yoro the team of journalists with Radio
Progreso, led by Jesuit priest Ismael Moreno, also suffered a
de-legitimization campaign due to its work accompanying communities that
resist the deadly extractive model that COHEP, the Chambers of Commerce
and Mining Associations promote in Honduras.
Further to the west, the Environmental Movement of Santa Barbara
(MAS) is also the object of a de-legitimization campaign for
accompanying the communities of Gualala, opposed to the mining of a
mineral that will destroy 80% of the town of Arenales.
In Santa Bárbara, coup supporters authorized 86 mining concessions
and 28 dams on rivers that will convert the department into a social and
environmental explosion.
Throughout Honduras, American Pacific, a U.S. mining company
purchased by Canadians, has 45 concessions for metals in the departments
of Santa Bárbara and Choluteca. The coup dictatorship supports, extorts
and defends them.
In La Paz, in the south of Francisco Morazán, the communities,
organizations, leaders and defenders of Reitoca confront individuals
and groups with power, linked to criminal sectors that have impunity,
that are protected by representatives of the dictatorship disguised as
authorities, journalists and the media.
This entire national community of human rights defenders are targeted
by campaigns, in the same pattern, carried out by this criminal
community: poorly made videos with pirated images, false profiles and
distorted memes in the social networks, official declarations by
spokespersons for the dictator and the private sector that violate
territories without consultation. It is a perverse mix of criminal
logic.
The objectives of the campaigns are diverse, including; impacting
community resistance efforts, generating doubts about the authenticity
of the work of human rights defenders, sowing fear, destroying
collective morale, and the physical assassination of leaders.
The worst example of this is the crime against Berta Cáceres and the
DESA Company whose top executives are active military, police and
FICHOHSA bank executives, accused by COPINH of planning and carrying out
her murder. Prior to doing so, they pursued their victim in the media,
networks and communities.
This is why hate campaigns are not a joke. This is why the government
of the United States warns its citizens not to come to Honduras, a
dangerous country because of the control of the criminals in power.
This is why the United Nations Office of the High Commissioner for Human
Rights is worried about these campaigns.
It is not enough to be worried. We must stop the campaigns and
detain those responsible for them. We must denounce the media that
reproduce them, the executives and those who finance the diffusion of
hate messages and bring them to justice.
The money of the companies and their relations with organized crime
must never be greater than the will of the people. The people do not
want mines, big dams or the destruction of the Caribbean by British
petroleum.
COHEP can organize all the campaigns that it wants and the dictator
can support them all, but the communities say NO. This is not the
development we want, the hell with it. Period.
COFADEH, Voices against Forgetting 9/22/2018
http://defensoresenlinea.com/de-legitimization-and-hate-campaigns-always-precede-death/
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