pasosdeanimalgrande
En su reciente publicación sobre la situación de los defensores y defensoras en el continente americano publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), evidencia la situación de riesgo y el hostigamiento que sufren quienes garantizan el ejercicio de los derechos humanos en el continente.
Honduras es uno de los países que se criminaliza la labor de defensa
de derchos humanos, la CIDH menciona tres casos que son el de Gladys
Lanza; de ambientalistas del Valle de Siria y de Campesinos de el Bajo
Aguán, pero hay otros casos del periodista Julio Ernesto Alvarado y los
estudiantes universitarios, de ambos este organismo regional de derechos
humanos ya tiene conocimiento.
Apuntes del informe
Bajo el nombre “Situación de criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos” La CIDH analiza y muestra el contexto de quienes trabajan en pro de la defensa de los derecho humanos y evidencia que algunos de los grupos o sectores sociales en riesgo son las mujeres, organizaciones sociales, comunicadores sociales y miembros de la comunidad Lésbico Gay, Transexual e Intersexual, (LGTBI).
La CIDH ha observado una creciente sofisticación de las acciones dirigidas a impedir, obstaculizar, o desmotivar la labor de defensa y promoción de los derechos humanos. Uno de los problemas más reportados ante la CIDH es la formulación y aplicación indebida de la legislación en perjuicio de las defensoras y defensores con el fin de obstaculizar sus actividades.
Herramientas como los procesos penales de injuria y calumnia, sumado la represión y declaratoria así como la criminalización hacia organizaciones sociales y de juventudes por ejercer la protesta social, son algunos de los casos que muestra el informe en el que los Estados se imponen, y restringen el ejercicio de libertad de expresión en sus países.
La protesta social reprimida con mordaza y violencia
Dentro del panorama de libertad de expresión en las Américas el informe presentado por la CIDH señala la necesidad de crear marcos jurídicos que respeten el ejercicio de la protesta y que solo sea limitada para proteger otros bienes sociales o individuales
La Comisión indica que es necesario iniciar desde los Estados miembros una valoración que mida si la imposición de sanciones penales constituye el medio menos lesivo para restringir la libertad de expresión practicada a través del derecho de reunión manifestado en una demostración en la vía pública o en espacios públicos.
“Los gobiernos no pueden sencillamente invocar una de las restricciones legítimas de la libertad de expresión, como el mantenimiento del ‘orden público’, como medio para suprimir ‘un derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido’. Si esto ocurre, la restricción aplicada de esa manera no es legítima”, reza el informe.
En Honduras por ejemplo, uno de los casos en poder de la CIDH es la criminalización contra integrantes del Movimiento Campesino del Bajo Aguán, quienes desde el año 2010 son perseguidos , en uno de los hechos ocurrió después de realizar una protesta en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia. Dicha protesta fue declarada como “manifestación ilícita”, invocando el artículo 331 del Código Penal, mismo que está siendo objeto de reformas que contienen fuertes acciones en contra de quienes ejerzan la libre expresión y la manifestación pacífica.
Injurias, calumnias; armas utilizadas por los Estados contra las voces de denuncia
La CIDH muestra su preocupación por la utilización de las normas de difamación para criminalizar denuncias desde sectores de sociedad civil y organizaciones defensoras de derechos humanos y hacia periodistas.
“Es herramienta para procesar, sancionar y silenciar tanto a periodistas como a defensoras y defensores que denuncian o manifiestan opiniones críticas frente a actos de funcionarios públicos o personas públicas en cuestiones que atañen al interés público o por el mal desempeño de su función”, apunta el presente documento.
A criterio de la Comisión estas herramientas aplicadas desde el derecho penal que pretenden justificar una protección de la honra y la reputación de funcionarios públicos o candidatos a ejercer cargos públicos, “tienen un efecto disuasivo, atemorizador e inhibidor sobre el ejercicio de las expresiones críticas, lo que no garantiza un debate crítico sobre temas de interés para la sociedad”.
Este organismo interamericano de derechos humanos tiene conocimiento de los casos en los que se persigue bajo estas figuras a personas reconocidas y a organizaciones de derechos humanos en el país, para el caso el informe evidencia la situación que enfrenta la Coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, Gladys Lanza, quien fuera condenada en marzo de 2015 a 18 meses de prisión al ser acusada de injuria y calumnia por Juan Carlos Reyes, director de la Fundación para el Desarrollo de la Vivienda en Honduras ,(FUNDEVI) ,solamente porque ella y su organización acompañaron en el año 2010 a protesta pública a favor de Lesbia Pacheco que denunció a dicho funcionario de acoso sexual-laboral.
Actualmente el caso se encuentra en casación a la espera de ser resuelto por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Esto dice la CIDH sobre el caso Gladys Lanza
Más contexto de otros casos de criminalización en Honduras
En julio de 2015 más de 20 estudiantes fueron procesos penalmente por realizar acciones de protesta en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, (UNAH), en esa oportunidad exigían respeto a los espacios de organización estudiantil y participación en el gobierno universitario.
Lejos de un diálogo fructífero y no mediático por parte de las autoridades universitarias, fueron acusados por el delito de Usurpación, contrario a la acción de protesta pacífica que realizaban, evidenciando que no importa el delito que se les acuse, el hecho es callar a quienes se opongan al actual orden de cosas que se dan en los pasillos universitarios.
De los 20, cuatro enfrentan todavía la persecución judicial y están a la espera de que se presentes a juicio oral y público y corren el riesgo de que sean puestos tras las rejas. Sus nombres son Sergio Ulloa, Moisés Cáceres, Cesario Padilla y Armando Velásquez.
Otro caso que refleja la persecución penal es el del periodista Julio Ernesto Alvarado, quien desde el año 2006 viene siendo objeto de obstrucción a su trabajo. En ese año el comunicador social facilitó su espacio en el Noticiero Mi nación para que docentes de la Facultad de Economía de la UNAH denunciara actos de corrupción de Belinda Flores de Mendoza., en ese . entonces decana de dicha unidad . Ella querelló al periodista y en el año 2011 fue condenado a 16 meses de prisión e inhabilitación del ejercicio periodístico, a pesar de que el Tribunal de Sentencia le absolvió del delito en ese mismo año.
Apuntes del informe
Bajo el nombre “Situación de criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos” La CIDH analiza y muestra el contexto de quienes trabajan en pro de la defensa de los derecho humanos y evidencia que algunos de los grupos o sectores sociales en riesgo son las mujeres, organizaciones sociales, comunicadores sociales y miembros de la comunidad Lésbico Gay, Transexual e Intersexual, (LGTBI).
La CIDH ha observado una creciente sofisticación de las acciones dirigidas a impedir, obstaculizar, o desmotivar la labor de defensa y promoción de los derechos humanos. Uno de los problemas más reportados ante la CIDH es la formulación y aplicación indebida de la legislación en perjuicio de las defensoras y defensores con el fin de obstaculizar sus actividades.
Herramientas como los procesos penales de injuria y calumnia, sumado la represión y declaratoria así como la criminalización hacia organizaciones sociales y de juventudes por ejercer la protesta social, son algunos de los casos que muestra el informe en el que los Estados se imponen, y restringen el ejercicio de libertad de expresión en sus países.
La protesta social reprimida con mordaza y violencia
Dentro del panorama de libertad de expresión en las Américas el informe presentado por la CIDH señala la necesidad de crear marcos jurídicos que respeten el ejercicio de la protesta y que solo sea limitada para proteger otros bienes sociales o individuales
La Comisión indica que es necesario iniciar desde los Estados miembros una valoración que mida si la imposición de sanciones penales constituye el medio menos lesivo para restringir la libertad de expresión practicada a través del derecho de reunión manifestado en una demostración en la vía pública o en espacios públicos.
“Los gobiernos no pueden sencillamente invocar una de las restricciones legítimas de la libertad de expresión, como el mantenimiento del ‘orden público’, como medio para suprimir ‘un derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido’. Si esto ocurre, la restricción aplicada de esa manera no es legítima”, reza el informe.
En Honduras por ejemplo, uno de los casos en poder de la CIDH es la criminalización contra integrantes del Movimiento Campesino del Bajo Aguán, quienes desde el año 2010 son perseguidos , en uno de los hechos ocurrió después de realizar una protesta en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia. Dicha protesta fue declarada como “manifestación ilícita”, invocando el artículo 331 del Código Penal, mismo que está siendo objeto de reformas que contienen fuertes acciones en contra de quienes ejerzan la libre expresión y la manifestación pacífica.
Injurias, calumnias; armas utilizadas por los Estados contra las voces de denuncia
La CIDH muestra su preocupación por la utilización de las normas de difamación para criminalizar denuncias desde sectores de sociedad civil y organizaciones defensoras de derechos humanos y hacia periodistas.
“Es herramienta para procesar, sancionar y silenciar tanto a periodistas como a defensoras y defensores que denuncian o manifiestan opiniones críticas frente a actos de funcionarios públicos o personas públicas en cuestiones que atañen al interés público o por el mal desempeño de su función”, apunta el presente documento.
A criterio de la Comisión estas herramientas aplicadas desde el derecho penal que pretenden justificar una protección de la honra y la reputación de funcionarios públicos o candidatos a ejercer cargos públicos, “tienen un efecto disuasivo, atemorizador e inhibidor sobre el ejercicio de las expresiones críticas, lo que no garantiza un debate crítico sobre temas de interés para la sociedad”.
Este organismo interamericano de derechos humanos tiene conocimiento de los casos en los que se persigue bajo estas figuras a personas reconocidas y a organizaciones de derechos humanos en el país, para el caso el informe evidencia la situación que enfrenta la Coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, Gladys Lanza, quien fuera condenada en marzo de 2015 a 18 meses de prisión al ser acusada de injuria y calumnia por Juan Carlos Reyes, director de la Fundación para el Desarrollo de la Vivienda en Honduras ,(FUNDEVI) ,solamente porque ella y su organización acompañaron en el año 2010 a protesta pública a favor de Lesbia Pacheco que denunció a dicho funcionario de acoso sexual-laboral.
Actualmente el caso se encuentra en casación a la espera de ser resuelto por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Esto dice la CIDH sobre el caso Gladys Lanza
Más contexto de otros casos de criminalización en Honduras
En julio de 2015 más de 20 estudiantes fueron procesos penalmente por realizar acciones de protesta en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, (UNAH), en esa oportunidad exigían respeto a los espacios de organización estudiantil y participación en el gobierno universitario.
Lejos de un diálogo fructífero y no mediático por parte de las autoridades universitarias, fueron acusados por el delito de Usurpación, contrario a la acción de protesta pacífica que realizaban, evidenciando que no importa el delito que se les acuse, el hecho es callar a quienes se opongan al actual orden de cosas que se dan en los pasillos universitarios.
De los 20, cuatro enfrentan todavía la persecución judicial y están a la espera de que se presentes a juicio oral y público y corren el riesgo de que sean puestos tras las rejas. Sus nombres son Sergio Ulloa, Moisés Cáceres, Cesario Padilla y Armando Velásquez.
Otro caso que refleja la persecución penal es el del periodista Julio Ernesto Alvarado, quien desde el año 2006 viene siendo objeto de obstrucción a su trabajo. En ese año el comunicador social facilitó su espacio en el Noticiero Mi nación para que docentes de la Facultad de Economía de la UNAH denunciara actos de corrupción de Belinda Flores de Mendoza., en ese . entonces decana de dicha unidad . Ella querelló al periodista y en el año 2011 fue condenado a 16 meses de prisión e inhabilitación del ejercicio periodístico, a pesar de que el Tribunal de Sentencia le absolvió del delito en ese mismo año.
El 05 de noviembre de 2014 Alvarado fue beneficiado con medidas cautelares otorgadas
por la CIDH, mismas que desconoció el Estado hondureño porque procedió a
suspenderlo de la profesión por un mes el año pasado y fue por
presiones internacionales, entre ellas de Pen Internacional y las
acciones de la Iniciativa Periodismo y Democracia que se le suspendió al
suspensión el 11 de diciembre de 2015.
Eso
no paró allí a Julio Ernesto se le obstruyó su libertad de locomoción
al evitarle asistir a la reunión de trabajo en la CIDH donde se abordó
su caso con el Estado de Honduras, que a través de Migración argumentó
que Alvarado tenía una alerta migratoria.
Vea Informe completo de la CIDH sobre criminalización Aquí http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/es/amenazas-a-la-libertad-de-expresion/item/1327-criminalizacion-hacia-los-defensores-de-derechos-humanos-es-un-arma-que-toma-fuerza-en-las-americas
Related items
- Hasta cuándo lo dejarán en paz: ¿Quién vigila a Elvin Francisco Molina?
- En Manifestación del Silencio: Periodistas exigen creación de unidad investigadora de ataques a la libertad de expresión en Honduras
- Caso Gladys Lanza: Juicio engavetado para mantener en zozobra la defensa de los derechos de las mujeres
- Cumplimiento efectivo de medidas de protección demandan organizaciones a Secretaría de Seguridad
- Jueza invoca convenios internacionales de libertad de expresión para dar sobreseimiento definitivo a Elvin Molina
No hay comentarios :
Publicar un comentario