La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, recibió este 28 de marzo en horas de la mañana, la denuncia sobre la vigilancia y seguimiento de que es objeto Moisés Cáceres, estudiante de la carrera de Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH. Él es uno de los líderes estudiantiles que ha sufrido diferentes formas de represión en la UNAH por parte de las autoridades, entre ellas la expulsión, un proceso penal hasta ahora, por hacer uso de la protesta social, vigilancia, seguimientos y campañas de desprestigio.
Acompañado de la abogada Kenia Oliva, de la iniciátiva Periodismo y Democracia, Cáceres relató a ante la Fiscalía en mención que durante la semana santa se intensificaron los seguimientos y que un hombre desconocido llegó a preguntar por él a su colonia, señalando que “a este ya lo pelaron”, lo que significa “ya lo mataron”, cuando preguntó por Cáceres.
Por la tarde de este mismo 28 de marzo, se solicitó ante la Dirección General del Sistema de Protección, que es parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia y Descentralización, que se le protegiera la vida , petición realizada invocando la Ley de Protección a defensores, defensoras de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia, puesta en vigencia desde mayo de 2015.
El estudiante relató en ambas instancias los detalles de las acciones que ponen en peligro su vida y que las vincula directamente a su lucha por la democratización en la UNAH.
Se espera que se implementen medidas de protección a la mayor brevedad por parte del Estado de Honduras, mientras tanto hay algunas acciones que se están realizando.
En los últimos días se ha informado que se estaría produciendo un nuevo proceso judicial contra Cáceres, Ulloa y Padilla, las cosas han llegado a tal nivel contra ellos para tratar de afectarles su imagen. Llama la atención el escrito presentado por la fiscal Diana Elizabeth Guzmán en la que solicita a la Juez que señale fecha para audiencia preliminar por los delitos de Tráfico Ilícito de Estupefacientes, esta última imputación causa graves preocupaciones puesto que se ha solicitado información en el Ministerio Público para saber si existe alguna línea de investigación por estos delitos.
Hay contradicciones dentro del Ministerio Público cuando se ha solicitado información, por un lado dicen que sí existe el proceso y que se librará requerimiento fiscal y otros funcionarios manifiestan que es una equivocación.
La CIDH ya tiene conocimiento de las nuevas amenazas
La denuncia fue interpuesta por dos presentantes de la Iniciativa Periodismo y Democracia, también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, desde hace algunos meses y se ha estado documentando todos los incidentes de seguridad, las acciones judiciales en contra de Cáceres y de sus compañeros estudiantes Sergio Ulloa y Cesario Padilla, además de la falta de acceso a la justicia y desigualdad ante la Ley a que se enfrentan, debido a que las acciones emprendidas por su defensa no ha surtido lo efectos esperados que debieran si existiera Estado de Derecho en Honduras.
Qué ordena la Ley para protección de la vida de defensores y defensoras
El Artículo número seis de la Ley de Protección para los y las defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, expresa que “…El Estado tiene la obligación de respetar los derechos humanos de las y los defensores de derechos humanos y de prevenir de forma razonable las amenazas, hostigamientos y agresiones que puedan generarse en su contra, independientemente de que éstas provengan de actores estatales o particulares”.
Asimismo el artículo 10 de esta misma Ley ordena expresa que el Estado tiene el deber primordial de ordenar los mecanismos de protección y de seguridad personal necesarios, por medio y en coordinación con la Dirección del Sistema de Protección, conforme la evaluación del riesgo de las personas beneficiarias de la presente Ley. …..”
Aunque la Ley entró en vigencia el 15 de mayo de 2015, cuando fuera publicada en el Diario Oficial La Gaceta, con número 33,730, durante ese período a la fecha han perdido la vida varios defensores y defensoras de derechos humanos, que ha sido asesinados y que aún los causantes de su muerte no están tras las rejas.
El caso reciente es el de Bertha Cáceres, quien tenía medidas cautelares emitidas por la CIDH, pero que no surtieron efecto a pesar de las innumerables denuncias interpuestas de manera pública o ante la Fiscalía de las Etnias del Ministerio Público.
http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/es/monitoreo-de-compromisos-internacionales/item/1291-fiscalia-de-derechos-humanos-y-mecanismo-de-proteccion-recibe-denuncia-de-seguimiento-y-vigilancia-contra-estudiante-de-la-unah
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Estudiantes de la UNAH se enfrentarán a una justicia parcializada en Audiencia Preliminar este 31 de marzo
Foto: Dick y Miriam Emanuelsson / pasosdeanimalgrande.com/
De izquierda a derecha los estudiantes
Cesario Padilla, Sergio Ulloa y Moisés Cáceres forman parte del Comité
Pro Defensa de los Derechos Humanos en la UNAH y están criminalizados
ante los tribunales de justicia, acusados usurpación de la UNAH, por la
rectora Julieta Castellanos
Los estudiantes Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa,
criminalizados por las autoridades universitarias por demandar
democratización en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH,
se enfrentarán en desigualdad ante la justicia, este jueves 31 de marzo
en la Audiencia Preliminar que se llevará a cabo en el Juzgado de lo
Penal de Tegucigalpa.
El juicio que enfrentan se inició en julio de 2015 cuando en todo el
país la población universitaria llevó a cabo jornadas de protesta por
ilegalidades y violación a sus derechos estudiantiles, la represalia se
hizo esperar y la rectora Julieta Castellanos inició los procesos
judiciales a través de la solicitud de requerimientos fiscales por
usurpación, logrando casi de inmediato que el Ministerio Público
cumpliera su petición y llevando ante los tribunales de Tegucigalpa, San
Pedro Sula y la Ceiba a unos 24 estudiantes.
Los estudiantes Sergio, Moisés y Cesario son parte del Comité pro Defensa de los Derechos Humanos en la UNAH y el día de las tomar ejercían su labor como defensores de derechos humanos, pero eso fue desestimado por la jueza. El joven Cesario se ha integrado a la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia, que partió de Honduras este 29 de marzo de 2016 pasará por varios puntos de Honduras, El Salvador, Guatemala y México, hasta llegar a Nueva York para demandar ante la Asamblea Especial de la ONU que se cambie la política de drogas porque ha sido unj fracaso y ha provocado graves violaciones a los derechos humanos en todos estos países . Él -Cesario Padilla- está evidenciando en la caravana la situación de represión en la UNAH, contando a todos los caravaneros la gravedad de las acciones para desmantelar el movimiento estudiantil.
Jueza desestimó testigo de estudiantes
El testigo principal de la UNAH fue el jefe de seguridad privada, Roger Aguilar, que mantiene una vigilancia sistemática y persecución contra los líderes estudiantiles. La jueza que llevaba la causa sí aceptó como real su testimonio plagado de contradicciones pero desestimó un estudiante que fue llevado como testigo porque en la resolución la togada manifestó que era parte del MAU, lo que dejó claro que había una estigmatización de los estudiantes y el derecho a la organización contemplado en la Constitución de la República y en convenios y tratados internacionales suscritos por Honduras.
Los procesos fueron sobreseídos en las demás ciudades del país a excepción de la capital donde el proceso continúa contra Cáceres, Padilla, Ulloa y Armando Velásquez. La Audiencia de este jueves 31 de marzo, a las 10 de la mañana, corresponde para los tres primeros que serán representados por los abogados Kenia Oliva, de la Iniciativa Periodismo y Democracia y por Edy Tábora del Comité por la Libre Expresión, C-LIBRE.
Recurso de Amparo con Suspensión de Acto Reclamado
La abogada Kenia Oliva presentó este 29 de marzo una Acción de Amparo interpuesta por violación a derechos constitucionales del Derecho a la Debida Defensa; Derecho al Debido Proceso; Derecho a la igualdad ante la Ley y se solicita la medida cautelar urgente de suspensión del Acto Reclamado.
A finales de 2015 Oliva interpuso una Apelación para impugnar el Auto de Formal Procesamiento del 28 de octubre de ese mismo año porque provocaba grandes violaciones a derechos fundamentales de los tres estudiantes, ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán.
También la abogada presentó un Recurso de Reposición ante la misma Corte de Apelaciones, se pretendía que dicha corte revisara la resolución del Auto de Formal Procesamiento, sin embargo el 08 de enero de 2016 también fue denegado este recurso, por eso es que se interpuso la Acción de Amparo porque sería el único remedio procesal jurídicamente posible para restablecer los derechos constitucionales violados por las actuaciones de la Corte de Apelaciones que se dio el lujo de emitir una resolución donde también condenaba a los estudiantes sin haber iniciado el Juicio Oral y Público y sobrepasando sus atribuciones.
Asociación ilícita contra la justicia
En todo el proceso judicial se han cometido arbitrariedades por parte de los operadores de justicia iniciando con el Ministerio Público que no citó en la debida forma a los estudiantes y emitió una orden de captura.
Asimismo de esta dependencia solicitó que se declarara una organización criminal al Movimiento Amplio Universitario, MAU, al cual pertenecen los estudiantes criminalizados.
Aunado a eso la rectora Castellanos pretendía que los jóvenes fueran condenados a pagar daños y perjuicios por las tomas de edificios y demandó unos 13 mil millones de lempiras, una cantidad que sobrepasa más de tres veces el presupuesto general de la UNAH.
En la Audiencia Preliminar el Ministerio Público debe aportar las pruebas necesarias para que el caso pase al Juicio Oral y Público. Tal como se han desarrollado los acontecimientos y de la unidad de todo el sistema de justicia contra los estudiantes, se espera que se vaya a esa etapa en la total indefensión.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya tiene conocimiento de todas estas arbitrariedades y se le ha solicitado emita una medida cautelar a favor de los jóvenes por las amenazas, hostigamientos, vigilancia, campañas de desprestigio y criminalización de que son víctimas.
Seguimientos antes de la audiencia
En el preámbulo de esta Audiencia Preliminar se intensificaron las acciones de seguimiento y vigilancia contra Moisés Cáceres, lo que obligó a la Iniciativa Periodismo y Democracia a través de la abogada Kenia Oliva, a interponer una denuncia en la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público y en el Mecanismo de Protección a defensores y defensoras de derechos humanos.
Se ha lanzado una alerta a nivel internacional sobre este caso porque lleva implícito establecer el miedo para que no sigan las acciones de protesta en demanda de democracia dentro de la UNAH, criminalizando la protesta social.
Los estudiantes Sergio, Moisés y Cesario son parte del Comité pro Defensa de los Derechos Humanos en la UNAH y el día de las tomar ejercían su labor como defensores de derechos humanos, pero eso fue desestimado por la jueza. El joven Cesario se ha integrado a la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia, que partió de Honduras este 29 de marzo de 2016 pasará por varios puntos de Honduras, El Salvador, Guatemala y México, hasta llegar a Nueva York para demandar ante la Asamblea Especial de la ONU que se cambie la política de drogas porque ha sido unj fracaso y ha provocado graves violaciones a los derechos humanos en todos estos países . Él -Cesario Padilla- está evidenciando en la caravana la situación de represión en la UNAH, contando a todos los caravaneros la gravedad de las acciones para desmantelar el movimiento estudiantil.
Jueza desestimó testigo de estudiantes
El testigo principal de la UNAH fue el jefe de seguridad privada, Roger Aguilar, que mantiene una vigilancia sistemática y persecución contra los líderes estudiantiles. La jueza que llevaba la causa sí aceptó como real su testimonio plagado de contradicciones pero desestimó un estudiante que fue llevado como testigo porque en la resolución la togada manifestó que era parte del MAU, lo que dejó claro que había una estigmatización de los estudiantes y el derecho a la organización contemplado en la Constitución de la República y en convenios y tratados internacionales suscritos por Honduras.
Los procesos fueron sobreseídos en las demás ciudades del país a excepción de la capital donde el proceso continúa contra Cáceres, Padilla, Ulloa y Armando Velásquez. La Audiencia de este jueves 31 de marzo, a las 10 de la mañana, corresponde para los tres primeros que serán representados por los abogados Kenia Oliva, de la Iniciativa Periodismo y Democracia y por Edy Tábora del Comité por la Libre Expresión, C-LIBRE.
Recurso de Amparo con Suspensión de Acto Reclamado
La abogada Kenia Oliva presentó este 29 de marzo una Acción de Amparo interpuesta por violación a derechos constitucionales del Derecho a la Debida Defensa; Derecho al Debido Proceso; Derecho a la igualdad ante la Ley y se solicita la medida cautelar urgente de suspensión del Acto Reclamado.
A finales de 2015 Oliva interpuso una Apelación para impugnar el Auto de Formal Procesamiento del 28 de octubre de ese mismo año porque provocaba grandes violaciones a derechos fundamentales de los tres estudiantes, ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán.
También la abogada presentó un Recurso de Reposición ante la misma Corte de Apelaciones, se pretendía que dicha corte revisara la resolución del Auto de Formal Procesamiento, sin embargo el 08 de enero de 2016 también fue denegado este recurso, por eso es que se interpuso la Acción de Amparo porque sería el único remedio procesal jurídicamente posible para restablecer los derechos constitucionales violados por las actuaciones de la Corte de Apelaciones que se dio el lujo de emitir una resolución donde también condenaba a los estudiantes sin haber iniciado el Juicio Oral y Público y sobrepasando sus atribuciones.
Asociación ilícita contra la justicia
En todo el proceso judicial se han cometido arbitrariedades por parte de los operadores de justicia iniciando con el Ministerio Público que no citó en la debida forma a los estudiantes y emitió una orden de captura.
Asimismo de esta dependencia solicitó que se declarara una organización criminal al Movimiento Amplio Universitario, MAU, al cual pertenecen los estudiantes criminalizados.
Aunado a eso la rectora Castellanos pretendía que los jóvenes fueran condenados a pagar daños y perjuicios por las tomas de edificios y demandó unos 13 mil millones de lempiras, una cantidad que sobrepasa más de tres veces el presupuesto general de la UNAH.
En la Audiencia Preliminar el Ministerio Público debe aportar las pruebas necesarias para que el caso pase al Juicio Oral y Público. Tal como se han desarrollado los acontecimientos y de la unidad de todo el sistema de justicia contra los estudiantes, se espera que se vaya a esa etapa en la total indefensión.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya tiene conocimiento de todas estas arbitrariedades y se le ha solicitado emita una medida cautelar a favor de los jóvenes por las amenazas, hostigamientos, vigilancia, campañas de desprestigio y criminalización de que son víctimas.
Seguimientos antes de la audiencia
En el preámbulo de esta Audiencia Preliminar se intensificaron las acciones de seguimiento y vigilancia contra Moisés Cáceres, lo que obligó a la Iniciativa Periodismo y Democracia a través de la abogada Kenia Oliva, a interponer una denuncia en la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público y en el Mecanismo de Protección a defensores y defensoras de derechos humanos.
Se ha lanzado una alerta a nivel internacional sobre este caso porque lleva implícito establecer el miedo para que no sigan las acciones de protesta en demanda de democracia dentro de la UNAH, criminalizando la protesta social.
http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/es/amenazas-a-la-libertad-de-expresion/item/1295-estudiantes-de-la-unah-se-enfrentaran-a-una-justicia-parcializada-en-audiencia-preliminar-este-31-de-marzo
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