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Pobreza, criminalidad y corrupción siguen siendo los principales problemas del país centroamericano
Por Giorgio Trucchi | Opera Mundi
Este 7 de mayo, el gobierno del presidente hondureño Juan Orlando Hernández cumplirá sus simbólicos 100 primeros días. Y ya es tiempo de hacer balances. JOH recibió la banda presidencial después de que el TSE (Tribunal
Supremo Electoral) lo ratificara oficialmente como ganador de los
comicios del 24 de noviembre del año pasado, con casi ocho puntos
porcentuales arriba de Xiomara Castro, esposa del ex presidente Manuel Zelaya y candidata del partido Libre (Libertad
y Refundación), brazo político del movimiento popular de resistencia al
golpe de Estado, que en 2009, derrocó al mismo Zelaya.
Pese
al resultado oficial y al inmediato reconocimiento internacional,
Xiomara Castro calificó de “monstruoso fraude” la victoria del candidato
oficialista, cuestionando la imparcialidad de las autoridades
electorales, denunciando un sinnúmero de graves irregularidades en el
conteo y transmisión de votos y rehusándose a reconocer el resultado y
la legitimidad de JOH como nuevo presidente de Honduras.
Además,
esta nueva fuerza política de corte progresista logró romper más de un
siglo de duopolio del Partido Liberal y el Partido Nacional,
posicionándose como la segunda fuerza política del país y el principal
partido de oposición, eligiendo a 37 de los 128 diputados ante el
Congreso Nacional, a 31 alcaldes y vicealcaldes y a 4 diputados del
Parlacen (Parlamento Centroamericano). El ex presidente Zelaya fue
nombrado jefe de la bancada de Libre en el Congreso.
Paralelamente, el FNRP (Frente
Nacional de Resistencia Popular) volvió a reactivar su estructura
territorial, iniciando un intenso trabajo de reorganización interna y
del sector social y popular, con el objetivo de convertirse en un
“verdadero movimiento de masas con influencia en la realidad social y
política de Honduras”, dijo Xiomara Castro durante una actividad
realizada semanas después de los comicios.
Al
asumir el nuevo Congreso, liberales y nacionalistas hicieron frente
común, garantizando su mayor apoyo al poder ejecutivo y bloqueando
cualquier intento de discusión y aprobación de proyectos de leyes o
decretos presentados por la oposición. “Es más que evidente que hay una
confabulación. El país sigue hundiéndose en la pobreza, la delincuencia y
la corrupción, y todo continúa en la inercia total. Se nos niega la
palabra en el plenario y engavetan nuestros proyectos. Pareciera que JOH
sigue mandando aquí y que nunca dejó su cargo de presidente del
Congreso”, dijo a Opera Mundi el ex fiscal y actual diputado por Libre, Jari Dixon.
Ejemplo
de ello han sido, entre otros, el engavetamiento del proyecto de
derogatoria del “paquetazo fiscal” - una medida muy polémica por su alto
costo social que fue aprobada por los diputados nacionalistas y
liberales salientes -, del proyecto de reforma agraria integral y del
proyecto de ley anticorrupción. Ese último establece férreos controles
para que no se trastoquen los fondos del Estado y obliga cada
funcionario a brindar una estricta rendición de cuentas.
“Con
este proyecto pretendemos hacer una integración de los delitos ya
existentes, aumentar las penas, crear nuevas figuras penales y
proporcionar un instrumento eficaz y contundente contra este delito.
Lamentablemente nos están boicoteando y los partidos tradicionales no
quieren oír hablar de medidas anticorrupción, porque tocamos sus
intereses”, agregó Dixon, quien es el redactor del proyecto.
El IPC (Índice
de Percepción de la Corrupción) de Transparencia Internacional
correspondiente a 2013, mantiene a Honduras como el país más corrupto de
Centroamérica y entre los más corruptos del mundo. Entre los 177 países
que a nivel mundial fueron evaluados, Honduras aparece en la posición
140. Esto representa un retroceso de 7 posiciones con respecto a 2012.
Cien días
Durante
la campaña electoral, los principales ejes del plan de gobierno de JOH,
quien se ha convertido en el presidente con el menor respaldo electoral
(36.80%) en más de tres décadas de gobiernos constitucionales, giraban
alrededor del combate a la criminalidad y la inseguridad ciudadana, la
creación de empleo, la disminución de los niveles de pobreza y el
saneamiento de las finanzas públicas.
Entrevistado por medios nacionales, el reconfirmado Ministro de Seguridad, Arturo Corrales,
analizaba los primeros meses de gobierno, asegurando que los resultados
son satisfactorios y el país va por buen camino. El inicio de los
programas “Vida Mejor”, que se propone atender a 800 mil familias en
extrema pobreza creando miles de microempresas, entregando eco-fogones,
dignificando viviendas y entregando ‘bolsas solidarias’ de alimentos, y
“Con Chamba Vivís Mejor”, que pretende generar 100 mil empleos urbanos y
200 mil rurales en los cuatro años de gobierno, así como la
prolongación por tiempo indefinido del programa “Empleo por Hora”, la
reorganización de la administración pública y la adopción de fuertes
medidas de seguridad, con una presencia creciente de los militares en
tareas de orden público, dominan el balance que Corrales hace de los
primeros cien días del gobierno.
Seguridad
Con
el lema “Voy a hacer lo que tenga que hacer para devolverle la paz al
país”, el ahora mandatario hondureño prometió a la población solucionar
el grave problema de inseguridad, que ha llevado Honduras a ser uno de
los países más violentos y peligrosos del mundo.
Según el Observatorio de la Violencia de la UNAH (Universidad
Nacional Autónoma de Honduras), el año pasado Honduras registró una
leve baja en la tasa de homicidios, pasando de 85.5 homicidios por cada
100 mil habitantes en 2012 a los 83 que esa entidad académica registra
para 2013.
Estas
cifras contrastan con las de la Policía hondureña, según la cual la
tasa de homicidio sería de 75.1 por cada 100 mil habitantes.
Independientemente de dicha discrepancia, Honduras se coloca nuevamente
como el país con la tasa de homicidios más alta del mundo, es decir con
más de siete mil muertes violentas por año, casi 12 veces el promedio
mundial (6.9 homicidios) y ocho veces mayor de la tasa que la OMS
utiliza para definir el “estado de epidemia”.
Durante los primeros tres meses de gobierno, JOH trató de poner en práctica sus promesas. Inauguró la fuerza TIGRES (Tropa
de Investigación y Grupo de Respuesta Especial de Seguridad), entrenada
y capacitada por la Escuela Jungla de Colombia y el 7 Grupo de Fuerzas
Especiales de Estados Unidos, con la finalidad de fortalecer el combate
frontal del crimen organizado transnacional. Creó la FUSINA (Fuerza
Nacional de Seguridad Interinstitucional) para supervisar el
funcionamiento de los diferentes operadores de justicia y seguridad, y
dio inicio a la “Operación Morazán”, un gran operativo conjunto de la PMOP (Policía Militar de Orden Público) y la TIGRES.
Asimismo,
anunció la conformación de la Fuerza Interagencial integrada por la
Policía, las Fuerzas Armadas, la TIGRES y la PMOP; impuso el bloqueo de
las llamadas de telefonía móvil en los 24 centros penales del país;
cambió casi la totalidad de la cúpula policial; promovió la “baja
voluntaria” de unos 40 oficiales de policía e implementó la Ley de
Protección de Espacios Aéreos, con la que se autoriza a la Fuerza Aérea
Hondureña a derribar las aeronaves sospechosas de traficar drogas en
territorio nacional.
Corrales
asegura que, con estas medidas, Honduras está mejor, porque se ha
logrado “una reducción de los secuestros y las extorsiones”, ha bajado
el índice de homicidios y se han desarticulado “peligrosas bandas del
crimen organizado” y decomisado “fuertes cargamentos de droga”.
La ex directora de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, comisionada María Luisa Borjas,
lanzó una señal de alarma ante la creciente militarización del país y
la profundización de la violencia. “Se trata de una gran campaña
mediática orquestada por el gobierno con el apoyo de los principales
medios de comunicación. La verdad es que se incrementaron las
ejecuciones sumarias y las masacres, con la participación directa de
miembros de los cuerpos de seguridad del Estado y la aquiescencia del
gobierno”, dijo Borjas a Opera Mundi.
Las
principales víctimas son los jóvenes. En un reciente informe de Casa
Alianza, una organización internacional de protección y defensa de los
derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, se revela que, durante
los primeros tres meses del año, en Honduras han muerto en condiciones
violentas 270 jóvenes menores de 23 años, lo que indica un promedio de
90 muertes por mes.
El
Observatorio Nacional de la Violencia de la UNAH reporta que en los
primeros tres meses del presente año, en Honduras ha habido 19 masacres,
donde perdieron la vida 68 ciudadanos - en su mayoría menores de 30
años. “Nuestros jóvenes han sido marginados, no tienen acceso a sus
derechos básicos, y ahora están siendo criminalizados, perseguidos y
asesinados. Esto es lo que de verdad está sucediendo en Honduras”,
agregó Borjas.
Depuración policial
De acuerdo con María Luisa Borjas,
no sólo no hubo una verdadera depuración policial, sino que “en lugar
de estar detrás de las rejas por haber cometido actos ilícitos”, a
varios oficiales que reprobaron las pruebas de confianza “los retiraron
con honores y los liquidaron económicamente con sumas millonarias”.
Borjas
aseguró que en Honduras se están materializando los que eran sus
temores durante la campaña electoral. “La seguridad pública está siendo
totalmente militarizada y los militares ya están controlando varias
instituciones que deberían estar dirigidas por civiles", dijo. En este
sentido, para ella no importa si se están creando nuevas figuras o
instancias interinstitucionales, porque JOH está cumpliendo con sus
propósitos, "que son destruir la institución policial y someterla a las
Fuerzas Armadas. Esto es un cheque en blanco para la represión contra la
oposición política y social, la criminalización y judicialización de la
protesta y la violación de los derechos humanos”, concluyó Borjas.
Fuente original: Opera Mundi (portugués)
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Pese a los abusos, la política de seguridad patrocinada por EE.UU. fue reforzada en Honduras
Para
los EE.UU. el país continúa teniendo una gran relevancia geopolítica,
igual que durante la grave crisis generada por el golpe de 2009
Durante la actividad de presentación de la fuerza TIGRES, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández agradeció
a Estados Unidos y Colombia por el apoyo en la lucha contra el crimen
organizado. "Felicito a los TIGRES porque están afanados en capacitarse y
tomar las buenas experiencias de estos países hermanos (Colombia y
EE.UU.), con el objetivo de poner freno al crimen en todas sus
expresiones”, dijo.
La actividad contó con la presencia de la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Lisa Kubiske,
quien agradeció al presidente hondureño por haber creado estas fuerzas
especiales. "Nuestros tres países podemos enfrentar el crimen organizado
transnacional”, subrayó la embajadora.
Para
EE.UU., Honduras sigue teniendo una gran relevancia geopolítica. Pese a
la grave crisis generada por el golpe de 2009 y las repetidas denuncias
de corrupción, violación a los derechos humanos y colusión con el
crimen organizado que han manchado la imagen de la Policía Nacional y
las Fuerzas Armadas, los EE.UU. continuan aportando fondos para
continuar con sus programas.
Entre
2010 y 2012, el incremento de su gasto militar en Honduras fue del 71% -
gasto que triplicó en los últimos diez años. Esta tendencia fue
criticada por sectores de la política norteamericana. El año pasado, 94
congresistas, encabezados por la legisladora demócrata de Illinois, Jan
Schakowsky, solicitaron el cese de la ayuda económica del Departamento
de Estado que es dirigida a la Policía y al Ejército de Honduras.
“Estados
Unidos debe suspender su asistencia militar a Honduras, ante la
ausencia de un serio compromiso para frenar los abusos de los derechos
humanos, investigar los crímenes y enjuiciar a los responsables”,
exigieron los legisladores.
Derechos violados
Los temores fueron compartidos por Bertha Oliva, coordinadora nacional del COFADEH
(Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras), quien
calificó de “dictadura” al actual gobierno nacionalista. “JOH controla
prácticamente todos los poderes e instituciones del Estado, y se
mantiene en una campaña electoral permanente e indefinida. Las
violaciones de los derechos humanos no han parado, antes bien se han
profundizado, y continúa la política de Estado contra el derecho a la
vida y a favor de la impunidad”, sentenció Oliva.
Para ella, el nombramiento de Héctor Roberto Herrera Cáceres -
abogado fuertemente relacionado con los intereses de las grandes
empresas mineras - como nuevo Comisionado Nacional de Derechos Humanos,
es un ejemplo más de la falta de voluntad del gobierno y de los partidos
tradicionales de avanzar en la defensa de las libertades.
“Estamos
ante una dictadura disfrazada de democracia, donde el tema de los
derechos humanos pasa a segundo plano, y donde no hay ningún interés por
aceptar, reparar y pedir disculpa por los crimines cometidos. Después
de estos primeros cien días van a venir tiempos muy difíciles”, vaticinó
la coordinadora del COFADEH.
Fuente original: Opera Mundi (portugués)
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Precarización y desregularización siguen preocupando a los trabajadores en Honduras
Desde que JOH asumió su mandato como presidente, inició un proceso de reorganización de la administración pública
Durante una actividad pública realizada en Casa Presidencial, el presidente Juan Orlando Hernández presentó
los resultados de sus primeros tres meses de gobierno en Honduras en
relación a la generación de empleo. Él asegura haber atraído inversiones
por más de 5 mil millones de dólares y haber creado más de 26 mil
nuevos empleos a través de los programas “Con Chamba Vivís Mejor” y
“Empleo por Hora”. Además, con la puesta en operatividad de la
Secretaría de Desarrollo Económico “Pro Honduras”, el mandatario
prometió ejecutar “un plan agresivo para promover inversiones nunca
antes vistas”.
Para Carlos H Reyes, presidente del STIBYS (Sindicato
de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares), lo que el
gobierno ha venido creando es una “burbuja mediática para hacerle creer a
la población y a la cooperación internacional que todo está resuelto,
pero no es así”.
El
dirigente sindical afirmó que, independientemente de las cifras
brindadas por el Ejecutivo, se trata siempre de elementos distractores
que sirven para continuar a desregularizar el mercado del trabajo y
precarizar el empleo. “Se crean puestos de trabajo en sectores como el
manufacturero, cadenas de comida rápida y la agroindustria, donde no hay
ninguna garantía laboral, ni sindical. Eso no tiene nada que ver con
desarrollar nuestras fuerzas productivas, ni con sacar el país de la
pobreza. Lo que pretenden hacer es revertir todos aquellos derechos
adquiridos en tantos años de lucha”, explicó Reyes.
Los
principales desafios del nuevo gobierno fueron sanear las finanzas
públicas, que en los últimos años han sufrido un fuerte deterioro;
reducir el déficit fiscal y la deuda total que, en 2013, han alcanzado
el 7.9% y el 51.5% del PIB (Producto Interno Bruto) respectivamente, y
reactivar el crecimiento económico.
Desde
que JOH asumió su mandato como presidente, inició un proceso de
reorganización de la administración pública, reduciendo el aparato
burocrático del Estado y fusionando o cerrando instituciones y
ministerios. Además, impulsó la creación del Consejo Nacional de
Inversiones, creó un fideicomiso por más de 73 millones de dólares para
reactivar el sector agroalimentario, implementó la Ley de Ordenamiento
de las Finanzas Públicas (“paquetazo fiscal”), aprobada en el mes de
enero para aumentar las recaudaciones, y avanzó con la promoción de las
alianzas público-privado (Coalianza). Estas medidas, en su conjunto,
pretenden generar un ahorro de casi 200 millones de dólares al Estado y
crear las condiciones para firmar un acuerdo con el FMI (Fondo Monetario
Internacional).
Teoria
A pesar del énfasis puesto en los avances en materia económica, para Hugo Noé Pino, economista del Icefi (Instituto
Centroamericano de Estudios Fiscales), estos primeros cien días
mostraron la verdadera cara del nuevo gobierno. “Si bien se
establecieron criterios generales de reducción de gastos y se tomaron
varias medidas de carácter administrativo, la impresión es que todo ha
quedado muy reducido a la teoría”, dijo a Opera Mundi.
Pino
criticó también la aprobación e implementación de la Ley de
Ordenamiento de las Finanzas Públicas. “Es una reforma grosera que
perjudica a la mayoría de la población y profundiza la inequidad fiscal.
Aumenta los impuestos, reduce el subsidio a la energía eléctrica y,
simultáneamente, preserva privilegios, tal como las exoneraciones
fiscales para los grandes grupos económicos”, explicó el economista.
El también docente investigador de la Unitec (Universidad
Tecnológica Centroamericana) advirtió que, durante esta primera fase,
el nuevo gobierno demostró que su política económica es una continuidad
de la política del gobierno anterior. “Utiliza ajustes ortodoxos y
tradicionales que golpean al sector de los asalariados y privilegia a
quien más capacidad económica tiene”.
En
este sentido, Pino expresó la necesidad de un diálogo nacional amplio e
incluyente, donde diferentes actores, públicos y privados, busquen un
acuerdo nacional sobre el rumbo de las finanzas públicas. “Necesitamos
de un pacto fiscal para establecer las prioridades en cuanto al gasto
público, la transparencia y la rendición de cuenta de parte del
gobierno, así como al combate a la corrupción y la evasión fiscal”, dijo
el economista.
Sobre el crecimiento económico, que en los últimos años se ha estancado entre el 2 y 3%, Hugo Noé Pino,
explicó que el nuevo gobierno sigue alentando, promoviendo e
incentivando la inversión extranjera como única solución posible.
Un claro ejemplo de ello es la aceleración que se le ha dado a la promoción y realización de las ZEDE (Zonas
de Empleo y Desarrollo Económico), mejor conocidas como ciudades
modelo, así como al concesionamiento de los recursos naturales del país.
“Para este gobierno, el crecimiento económico pasa por lo más
tradicional: más exoneraciones, entrega de los recursos del país, gasto
público para seguir incentivando el sector privado, nuevas
privatizaciones y concesiones decenales para la explotación de activos
del Estado y el uso y abuso del instrumento del fideicomiso para
fortalecer este modelo”, concluyó el economista.
Fuente original: Opera Mundi (portugués)
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