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El nombramiento de Álvarez, quien fungió como alcalde del Distrito Central durante dos periodos consecutivos (2006-2010 y 2010-2014), fue respaldado por sus correligionarios y diputados del oficialista Partido Nacional, quienes argumentaron su apoyo en el artículo dos del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano.
Efectivamente el Tratado establece la incorporación automática, además del presidente de la República, una vez finalizado su mandato, la del vicepresidente o de un designado presidencial, en el caso de los países donde exista esta figura, a propuesta del órgano legislativo nacional.
Durante su función en la municipalidad capitalina, Álvarez fue el artífice del controvertido y fenecido proyecto de Bus de Transporte Articulado o Trans-450 que, en dos tramos de unos nueve kilómetros, erogó USD 50 millones provenientes de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por la simple construcción de un carril inferior a tres metros de ancho.
La obra inició en el 2012 y fue inaugurada, sin estar terminada, por Álvarez en enero de 2014, días antes de vacar en su función como alcalde para asumir como designado presidencial durante la primera gestión de Juan Orlando Hernández (2014) y que repitió en la presente administración que cesará el 27 de enero de 2022, día en que se integrará al Parlacen.
Hasta la fecha el funcionario no ha sido acusado por el Ministerio Público, pese que, desde mayo de 2017, fiscales y elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) realizaron una inspección técnica sobre la fallida e inconclusa obra, como seguimiento a este caso que, supuestamente, comenzó a ser investigado desde diciembre de 2016.
La investigación Pandora Papers reveló en octubre pasado que Ricardo Álvarez conformó en el 2012, cuando fungía como alcalde capitalino, una empresa offshore en Panamá. En Honduras aún no se conoce ninguna investigación al respecto.
Álvarez fue mencionado en el escándalo de corrupción conocido como el “gasolinazo” (defraudación fiscal por el contrabando de combustible) que se originó en el gobierno nacionalista de Ricardo Maduro (2002-2006) cuando ejercía la función de secretario privado del referido gobernante.
PREMIO DE CONSUELO
En 2012, Ricardo Álvarez compitió con Juan Orlando Hernández y el también exalcalde capitalino, Miguel Pastor, por la candidatura presidencial del Partido Nacional, sin embargo, denunció junto a Pastor haber sido víctimas de fraude por parte de Hernández, quien al final fue el ungido para participar en las elecciones generales de noviembre de 2013.
Al no lograr la candidatura, Hernández lo incluyó en su planilla como designado presidencial cargo del que en un momento renegó y dijo haberse retirado, aunque nominalmente eso nunca ocurrió.
En las elecciones primarias del Partido Nacional, celebradas en marzo pasado, Álvarez se postuló como precandidato a diputado por el movimiento “Juntos Podemos” que encabezó el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, pero ambos fueron derrotados por la corriente Unidad y Esperanza, liderada por Nasry Asfura, vencido por Xiomara Castro el pasado 28 de noviembre.
Ricardo Álvarez y Mauricio Oliva, también señalado por corrupción, se refugiarán por cuatro años en el Parlamento Centroamericano, en un periodo que comenzará a partir del 27 de enero de 2022 y que concluirá el 26 de enero de 2026.
Estos políticos hondureños fungirán como diputados en el cuestionado órgano regional que en los últimos años se ha convertido en la guarida de funcionarios corruptos que evaden la justicia en la región centroamericana.
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