José Tomás Zambrano Molina, nació un 29 de julio de 1982, en el municipio de Nacaome, departamento de Valle, zona sur de Honduras, de una estirpe nacionalista y afín a la abogacía. Su padre, Tomás Zambrano, un reconocido abogado del municipio, intentó postularse como alcalde, sin éxito alguno.
En 2004, Logró graduarse de abogado, al igual que su progenitor, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Posteriormente, recibió el título de notario público. Tiene un posgrado en derecho penal y en derecho constitucional de la Universidad de Salamanca, España. Además, un posgrado en comunicación y estrategia política cursado en Miami, Estados Unidos y Barcelona, España.
En 2004, junto a su padre, emprendió una firma legal con el nombre Bufete Zambrano y Asociados que se mantiene operando en la actualidad en Nacaome.
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EL PATROCINIO DE JUAN HERNÁNDEZ
Su afinidad por el Partido Nacional, en especial su amistad con Hernández, quien erigió un liderazgo joven dentro de las filas nacionalistas que responden a sus intereses desplazando a la “vieja guardia”, le abrió la brecha para escalar rápidamente en política.
A los 28 años logró ser electo diputado del Partido Nacional por el departamento de Valle, para el periodo 2010-2014, siendo Juan Hernández presidente del Congreso Nacional. Desde ese entonces se enlazó aún más a Hernández que lo nombró en varias comisiones en el Poder Legislativo, lo que le sirvió para ganar mayor notoriedad.
Para las elecciones de 2013, aprovechando su campaña política con la puesta en marcha de proyectos sociales del gobierno de Porfirio Lobo Sosa en su comunidad, logró ser electo por segunda ocasión como congresista.
En las elecciones de 2017, salpicadas de fraudes electorales, y con el control que ha logrado en Valle, también logró colgarse un lugar dentro del Legislativo para el periodo 2018-2022. Actualmente, funge como secretario del Congreso Nacional siendo pieza clave del dominio en las acciones legislativas.
Zambrano ha sido uno de los mayores favorecidos con el fondo departamental, una prerrogativa que permite a los diputados hacer regalías en sus comunidades disfrazadas de obras sociales para conquistar el voto de los más pobres.
En septiembre de 2020, aprovechando la pandemia por la COVID-19, se trasladó a las comunidades de Valle a repartir hasta dinero en efectivo. Este extremo fue verificado por Criterio.hn en un artículo de periodismo en profundidad que evidenció el manoseó de fondos públicos por parte de los diputados durante la crisis sanitaria.
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LAS ARTIMAÑAS DE LA CORRUPCIÓN
En diciembre de 2014, Molina fue parte de la comitiva de 16 diputados y el fallecido expresidente, Rafael Leonardo Callejas, que presentaron ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 239 de la Constitución para darle vida a la reelección presidencial.
Al comparecer ante el Poder Judicial, Zambrano dijo ante los medios de comunicación que el recurso de inconstitucionalidad buscaba “evitar que se vulneren los derechos de los legisladores y la ciudadanía porque quita el bozal para hablar de la reelección. Es quitar la dificultad para hablar, pensar o soñar”.
En 2015, los magistrados de la Corte, que fueron impuestos por Hernández en contubernio con el Congreso, fallaron a favor del recurso lo que permitió que se reeligiera de manera ilegítima en la presidencia.
La extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), en mayo de 2018, acusó a Molina por los delitos de falsificación de documentos, abuso de autoridad y delitos contra la forma de gobierno en el denominado caso Pacto de Impunidad-Fe de erratas.
Se le sindicó por cambiar el texto en la reforma que se aprobó a la Ley de Presupuesto siendo publicado en La Gaceta un documento diferente al aprobado por el pleno de diputados y que favoreció a los congresistas que fueron acusados en el caso Red de Diputados y Pacto de Impunidad a quienes la justicia los favoreció al decretarles sobreseimiento definitivo.
Molina votó a favor de reelegir al actual fiscal general, Óscar Fernando Chinchilla.
Asimismo, fue uno de los tantos congresistas que votó por la disolución de la MACCIH en 2020. En tanto, Estados Unidos le canceló la visa.
Ahora, a sus 39 años, se perfila a convertirse en eterno diputado siguiendo el ejemplo de Oswaldo Ramos Soto o Rodolfo Irías Navas, postulándose por un cuarto periodo en las votaciones generales de noviembre.
Molina se convirtió en pieza clave del control legislativo del oficialismo, desde la secretaría la ha trámite y lectura a un sinfín de leyes y decretos que promueven la corrupción y lesionan los derechos humanos de la población, como el Código Penal.
De hecho, ha sido promotor de la aprobación de leyes, reformas y decretos, sin ser discutidos o sesionar sin reunir el quorum o simplemente incumpliendo las normas parlamentarias.
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