Por: Emy Padilla
redaccion@criterio.hn / Noviembre 13,2019
El sol caía de manera perpendicular, ya casi eran las 12:00 meridiano, mientras Sebastían Reyes aguardaba en las afueras del palacio judicial, rodeado de un pelotón policial, a la espera que los abogados del movimiento campesino interpusieran un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto Ejecutivo PCM-052-2019, aprobado por el jefe del gobierno, Juan Hernández, en reunión de Consejo de Ministros.
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El decreto, que faculta a las Fuerzas Armadas a ejecutar 4.000 millones de lempiras anuales para la ejecución de un plan orientado, supuestamente, a incrementar la productividad y rentabilidad agrícola, choca con las funciones que la tan violentada Constitución hondureña otorga a los uniformados.Sebastían no entiende mucho de leyes, pero si sabe que la burocracia lo tiene abandonado allá en su comunidad Concepción de Suluteca, en el central y deprimido departamento de La Paz, una de las cunas de la etnia lenca. Junto a sus compañeros de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) se vino a la capital para hacer sentir su rechazo y evitar que militares se involucren en actividades del campo, pues alega que sus funciones se limitan a la custodia de la soberanía y al manejo de las armas.
Los campesinos gritaban con impaciencia consignas en contra del gobierno y expresaron su malestar porque a su llagada al edificio que alberga al Poder Judicial, los esperaba un amplio cordón policial que les impidió su ingreso a la Sala de lo Constitucional donde sus apoderados legales entregaron el recurso de inconstitucionalidad.
Sebastián, que evidenció su rechazo al gobernante hondureño, Juan Hernández, por violentar la Constitución al reelegirse y por fraguar un fraude para perpetuarse en el poder, advirtió que las comunidades lencas del departamento de La Paz no dejarán entrar en sus territorios a los militares.
“No es posible que los dejemos entrar y estamos listos en nuestros territorios para recibirlos, pero no con abrazos sino con piedras y garrotes, porque esas son las armas de nosotros los campesinos”, gritó Sebastián mientras era vitoreado por sus compañeros. Antes de la advertencia, el labriego enfatizó que amparados en el convenio 169 de la OIT defenderán sus tierras, el agua, los bosques y todas las riquezas naturales que hay en sus territorios.
La trama
El controvertido Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH) está consignado en La Gaceta 35,076 publicada el pasado 18 de octubre y aunque se quiso mantener oculto, los medios de comunicación informaron sobre el propósito del gobierno de crear una estructura presupuestaria destinada a las actividades agrícolas a través de la Secretaría de Defensa Nacional mediante la creación de la Dirección de Desarrollo Agrícola en la Jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas para la ejecución, estructuración y administración del programa. En pocas palabras, otorgar fondos a los militares para que se dediquen a actividades agrícolas.
En primer término, el sector campesino organizado rechaza la iniciativa porque considera que legalmente las instituciones encargadas de la ejecución, administración y estructuración de programas y proyectos agrícolas ya están definidas en la Constitución de la República y se alejan totalmente de los militares, porque tienen otro mandato.
Los militares argumentan su participación en el agro en el artículo 274 de la Constitución que señala que “Las Fuerzas Armadas estarán sujetas a las disposiciones de su Ley Constitutiva y a las demás Leyes y Reglamentos que regulen su funcionamiento. Cooperarán con Las Secretarías de Estado y demás instituciones, a pedimento de éstas, en labores de alfabetización, educación, agricultura, protección del ambiente, vialidad, comunicaciones, sanidad y reforma agraria”.
En tanto, el jefe de gobierno y artífice del proyecto, Juan Hernández, niega que los militares ejecutarán fondos, aunque el decreto, que él mismo autorizó, dice textualmente que se creará “una estructura organizativa, presupuestaria y legal que corresponda, dando cumplimiento a la rendición de cuentas, evaluación de gestión por resultados, así como el cumplimiento del Plan Operativo Anual de cada ejercicio fiscal”.
Lo anterior deja en evidencia que Hernández miente, pero este extremo se reafirma en el artículo 3 del decreto que refiere que se autoriza a la Secretaría de Finanzas, al Fideicomiso del Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza y al Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA) a realizar la asignación de recursos a la Secretaría de Defensa Nacional para la ejecución del Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH).
El decreto señala además que el programa podrá ejecutar recursos de aportes, donaciones y asignaciones de entidades nacionales e internacionales, otras transferencias, legados y donaciones de personas naturales o jurídicas de derecho público o privado.
Recurso de inconstitucionalidad
Como parte de sus racionamientos jurídicos esgrimidos en el recurso de inconstitucionalidad presentado hoy por diferentes organizaciones campesinas aglutinadas a la Vía Campesina, se señala que el decreto Ejecutivo PCM-052-2019 usurpa claramente las funciones de las instituciones del sector público agrícola y pone bajo el mando de las Fuerzas Armadas, la dirección, administración y ejecución de las políticas agrícolas, funciones que no tienen ni por mandato constitucional ni por leyes secundarias.
Según la Vía Campesina, es evidente la pretensión del Poder Ejecutivo de desmantelar las instituciones públicas agrícolas para la privatización de los bienes, servicios, recursos, instalaciones, recurso humano y asistencia técnica.
Mientras los campesinos eran rodeados por policías, el apoderado legal de la Vía Campesina, Juan Carlos Zelaya, argumentó que existe ilegalidad en el decreto Ejecutivo porque violenta principios generales de la administración pública, porque teórica y constitucionalmente las Fuerzas Armadas se limitan a labores relacionadas a la guerra.
Amplió que la Constitución delega las funciones del sector agrario la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y al Instituto Nacional Agrícola, por lo que sorprende que se le asignen funciones a una institución adscrita (Estado Mayor Conjunto) a la Secretaría de Defensa Nacional.
Saqueos
La administración Hernández ha sido acusada en reiteradas ocasiones de saquear las instituciones del Estado, siendo el área agrícola una de las más afectadas. En junio de 2018 la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) presentó requerimiento fiscal contra 38 38 imputados, entre estos, diputados, altos funcionarios públicos y particulares, que en el 2013 drenaron 282 millones de lempiras ($ 12 millones) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para financiar campañas políticas de los partidos Nacional, Liberal y Frente Amplio.
Adicional a la imputación de la instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA), una investigación de este medio de comunicación develó que en el marco de un proyecto de emergencia se aprobó en el año 2016 el desembolso de 200 millones de lempiras para la construcción de cosechadoras de agua en 11 departamentos localizados en el corredor seco. La investigación concluyó que el 88 % de los proyectos no están funcionando y que alrededor del proyecto hubo politización, malas prácticas, e incluso, se presume actos de corrupción.
Lo anterior refleja el poco interés del gobierno en apoyar al sector agrario e incluso en los últimos años centenares de campesinos han sido acusados en los tribunales de justicia por los delitos de usurpación y asociación ilícita, por acciones ligadas a la ocupación y reclamos de tierras.
Rosa Vásquez, una de las tantas campesinas que este miércoles hizo presencia y protestó en las afueras de la Corte Suprema de Justicia, manifestó su rechazo hacia los militares quienes—dijo–llegan únicamente a sus comunidades a reprimirlos y a desalojarlos de las tierras que ocupan desde hace 15 años y que antes pertenecían a un terrateniente de la zona.
La labriega apuntó que los uniformados los han reprimido, inclusive, con su fuerza brutal han provocado abortos a varias de sus compañeras.
La campesina aseguró a CRITERIO que impedirán a como dé lugar que los militares ingresen a sus comunidades para desarrollar el proyecto encomendado por Juan Hernández.
“Nuestras herramientas son piedras y palos”, dijo Rosa coincidiendo con la advertencia de su coterráneo Sebastían Reyes, sobre la forma en cómo los campesinos del departamento de La Paz recibirán a los militares cuando éstos lleguen a sus comunidades.
Rosa se vino a Tegucigalpa como parte de la comitiva de la CNTC. Allá en una comunidad del municipio de Tutule, La Paz, dejó a su esposo y sus tres pequeños hijos, a quienes alimenta con las hortalizas, los frijoles y maíz que cultiva en los predios comunitarios.
Y aunque tiene 15 años de haber tomado posesión de las tierras aún no cuenta con un título de propiedad. “El gobierno se ha olvidado de los campesinos”, dijo mientras insistía que el abandono del que han sido objeto, más las constantes represiones, son razones suficientes para desconfiar en el proyecto de los militares y en las supuestas buenas intenciones del gobierno.
La mujer de pequeña estatura, trigueña y de rasgos indígena lenca, relató además que como parte del abandono que viven las comunidades de La Paz, no cuentan con escuelas y centros de salud. Detalló que sus hijos caminan cuatro kilómetros para llegar a la escuela, exponiéndose a peligros por la inseguridad. Para ir al centro de salud caminan un kilómetro y medio, y la mayoría de las veces solo reciben recetas porque no hay medicamentos.
Sobre las cosechadoras de agua, uno de los proyectos con los que alardea el gobierno supuestamente para apoyar a los pequeños productores, Rosa se abstuvo de hablar, pues dijo que a sus comunidades dichas obras no han llegado.
Los privilegios de los militares
Para el coordinador de la Vía Campesina, Rafael Alegría, los militares gozan de grandes privilegios a tal grado que recientemente en el Congreso Nacional se eliminó el artículo 153 del nuevo Código Penal, para que no sean enjuiciados por el delito de lesa humanidad.
En ese juego de favores, Alegría apuntó que el gobierno de Juan Hernández le está entregando la dirección y administración del desarrollo agrícola a las Fuerzas Armadas, igual como lo hizo en el pasado reciente con la administración de algunos hospitales.
“Óigame porque no le entregan todo a las Fuerzas Armadas”, expresó el dirigente del campo, quien acusó al gobernante de mentir sobre un supuesto acompañamiento por parte de la dirigencia campesina para echar a andar el proyecto.
A juicio de Alegría el decreto Ejecutivo PCM-052-2019 es el tiro de gracia para las instituciones del sector público agrícola y para el sector campesino y un instrumento político para injerir en las elecciones de 2021 a favor del oficialista Partido Nacional.
A partir del año 2014 en Honduras entró en vigor la Ley para la Desclasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa, más conocida como “ley de secretos”, que declara en secretividad las actuaciones en 14 instituciones del Estado hasta por 50 años.
La normativa, que abusa del precepto de seguridad nacional y que protege a ultranza todas las actividades relacionadas a las fuerzas militares, puede generar espacios para actos corruptos alrededor de los fondos que entren en el proyecto agrícola. “Porque serán fondos que no serán auditados ni tan siquiera por el Tribunal Superior de
Cuentas, entonces podrán hacer lo que quieran y en eso es experto el Partido Nacional para desviar recursos”, expuso Rafael Alegría.
“El poder los militares lo ejercen bajo bayoneta calada, entonces, por eso lo militares a los cuarteles y a vigilar las fronteras, a combatir el narcotráfico, menos a encargarse de actividades agrícolas”: Rafael Alegría, coordinador de la Vía Campesina.
La deshonra de la Fuerzas Armadas
«Tony Hernández usó a los militares para proteger los cargamentos de cocaína, usó a la policía para asesinar a sus rivales y usó al presidente para proteger a sus aliados. Pero todo ese poder y ese prestigio no significan nada en esta sala del Tribunal»: Emil Bove, fiscal del Distrito Sur de Nueva York.
Bowe, que fue el fiscal encargado dirigir las conclusiones del juicio a Tony Hernández, declarado culpable por los delitos de narcotráfico, tráfico de armas, conspiración para introducir droga a los Estados Unidos y falso testimonio, no fue el único al señalar a los militares por sus nexos con el narcotráfico. Localmente el capitán retirado del ejército hondureño, Santos Rodríguez Orellana, acusó directamente desde el año 2016 a la jerarquía castrense de estar coludida con el narcotráfico y de facilitar el trasiego de droga por parte de “Tony” Hernández, hermano del gobernante hondureño.
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