SOA WATCH <correo@soaw.org> Jue 10/10/2019 06:13 PM
El mes pasado, School of the Americas
Watch (SOAW), la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala, la
Plataforma Internacional contra la Impunidad, la Fundación del Debido
Proceso Legal y Robert F. Kennedy Human Rights publicaron
un extenso informe con el perfil de Castillo, titulado "Violencia,
corrupción e impunidad en la industria energética hondureña".
El informe describe la evidencia admitida
en el juicio de 2018 contra las primeras siete personas condenadas por
el asesinato de Berta Cáceres, que proporciona información significativa
sobre cómo se planeó y ejecutó el asesinato
de Cáceres. Los datos telefónicos y otras pruebas dejan en claro que el
graduado de la Escuela de las Américas (SOA en sus siglas en inglés)
Douglas Bustillo, un ex empleado de Castillo como jefe de seguridad de
DESA, coordinó con el ex soldado Henry Hernández
para llevar a cabo el asesinato y que su motivo era financiero; les
iban a pagar. Hernández fue condenado por su papel como cabecilla del
grupo de sicarios que ejecutó el asesinato de Cáceres y Bustillo también
fue condenado, habiendo desempeñado el papel
de intermediario. El compañero de posgrado de SOA, el mayor del
ejército Mariano Díaz también participó en las coordinaciones y también
fue condenado; una de sus líneas telefónicas había sido interceptada por
las autoridades durante la planificación del asesinato
porque estaba bajo investigación por tráfico de drogas y secuestro.
La evidencia sugiere que durante la planificación del asesinato, Bustillo fue un intermediario que se comunicó con su antiguo jefe, Roberto David Castillo, y con Díaz y Hernández. Por ejemplo, el 5 de febrero de 2016 tuvo lugar el primer intento de asesinato de Cáceres. Ese día, Castillo envió un mensaje de Whatsapp a Bustillo recordándole que "recuerde los accidentes y la escena" (el mensaje original; las citas y todas las notas están disponibles en el informe en inglés). Bustillo se reunió con Hernández en la ciudad hondureña de Siguatepeque para prepararse para el intento de asesinato, proporcionándole una pistola y accediendo a fotos de Cáceres en su teléfono celular. Hernández luego viajó a La Esperanza, aparentemente acompañado por una segunda persona no identificada. Sin embargo, más tarde esa noche le informó a Díaz que no podían llevar a cabo el asesinato, lo que indica que había mucha gente en la casa de Cáceres.
A la mañana siguiente, Hernández confirmó
a Díaz que habían estado en la escena y concluyó que necesitarían un
automóvil y un plan diferente para el próximo intento de llevar a cabo
el asesinato. Luego, Hernández habló con Bustillo
cuatro veces, luego de lo cual Bustillo escribió un mensaje de Whatsapp
a Castillo informándole que la misión había sido abortada y que
esperaría lo que Castillo había dicho porque no tenía más dinero para
logística. Bustillo repitió que necesitaba lo que
Castillo iba a presupuestar para logística. Castillo respondió:
"Copiado, misión abortada".
Los mensajes de Whatsapp entre Castillo y
Bustillo indican que el 29 de febrero de 2016, coordinaron una reunión
para la mañana siguiente, 1 de marzo de 2016, para que Castillo pudiera
proporcionarle dinero a Bustillo. El 2 de
marzo de 2016, los hombres que ingresaron a la casa de Berta Cáceres le
dispararon fatalmente y le dispararon e hirieron a Gustavo Castro entre
las 11: 30-11: 40 pm. Poco después de la ejecución del asesinato,
Hernández envió un mensaje de texto a Bustillo.
Horas después, según informes de la compañía telefónica, Bustillo salió
de Tegucigalpa y viajó hacia el norte al departamento de Cortés,
comunicándose con Hernández en el camino, presumiblemente para entregar
el dinero prometido a los sicarios. Mientras estaba
en Cortes, Bustillo se comunicó con Castillo a través de una llamada
telefónica y un mensaje de texto.
El informe "Violencia, corrupción e impunidad en la industria energética hondureña" también
detalla pruebas telefónicas y otras pruebas admitidas en el juicio de
2018 que sugieren un patrón
de abusos de derechos humanos y corrupción por parte de Castillo y
otros en DESA, especialmente cuando intentaron neutralizar a Berta
Cáceres y la oposición de COPINH al Proyecto Agua Zarca. La información
extraída de los teléfonos de Bustillo y Sergio Rodríguez,
Gerente Social, Ambiental y de Comunicaciones de DESA, así como las
conversaciones telefónicas interceptadas, sugieren que los ejecutivos y
empleados de DESA intentaron monitorear y neutralizar a Berta Cáceres y
COPINH utilizando informantes pagados. Estos
informantes afirmaron ser miembros de COPINH, pero en secreto
proporcionaron a DESA información sobre los planes y actividades de
Berta Cáceres y COPINH.
La evidencia admitida en el juicio
también sugiere que los ejecutivos, directores y empleados de DESA,
incluidos Castillo y aquellos bajo su supervisión, obtuvieron el apoyo
de las fuerzas de seguridad hondureñas y los operadores
de justicia. La evidencia sugiere que utilizaron sus contactos con
funcionarios del gobierno para garantizar que la policía y los militares
se desplegaran en el área del Proyecto Agua Zarca, y las fuerzas de
seguridad a menudo estaban a disposición de DESA
en sus esfuerzos por neutralizar a la oposición al proyecto. Esto
incluye la unidad de fuerzas de policía especial entrenada en los
Estados Unidos conocida como TIGRES.
Castillo no solo está acusado del
asesinato de Berta Cáceres, sino que también ha sido acusado de fraude y
uso de documentos falsos relacionados con los permisos para el Proyecto
Agua Zarca. Castillo trabajó para la empresa energética
estatal hondureña ENEE cuando firmó el contrato con DESA para vender
energía a ENEE del Proyecto Agua Zarca. Además, el Tribunal Superior de
Auditores de Honduras descubrió que Castillo había recibido ilegalmente
un doble salario de las Fuerzas Armadas y la
ENEE y que otra compañía de su equipo vendió a las Fuerzas Armadas a
precios inflados.
Para más detalles, lea el informe en inglés completo
aquí: http://www.soaw.org/wp-
SOA Watch
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