La CIDH señala que ese programa impulsa una cultura castrense y contraria a la paz, además de estigmatizar y poner en riesgo a los niños y las niñas de determinados sectores sociales.
Por: Redacción CRITERIO
Agosto 4,2018 / redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.
– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reiteró su
preocupación por el Plan Guardianes de la Patria, que introduce a las
Fuerzas Armadas y la policía en el ámbito educativo, con el argumento de
controlar la presencia de maras y pandillas en las escuelas, así como
la venta y el consumo de drogas.
El Programa Guardianes de la
Patria se imparte con charlas militares. En la imagen el CEB “Las
Américas” de la colonia Centro América de Comyaguela.
La pobreza infantil en Honduras es la más severa en toda América Latina. De la población infantil de menos de 4 millones, hay 435.000 niñas y niños trabajando. Más de un millón de niños, niñas y adolescentes entre 3 y 17 años no acude regularmente a la escuela o se encuentran fuera del sistema educativo.Los indicadores son aún más abrumadores en la niñez indígena, afrodescendiente y con discapacidad, y debe prestarse especial atención a la integración al sistema educativo de la niñez migrante retornada y la desplazada por la violencia.
La
CIDH reiteró su preocupación por el Plan Guardianes de la Patria, que
introduce a las Fuerzas Armadas y la policía en el ámbito educativo, con
la finalidad de controlar la presencia de maras y pandillas en las
escuelas, así como la venta y el consumo de drogas. Dicho programa
impulsa una cultura castrense y contraria a la paz, además de
estigmatizar y poner en riesgo a los niños y las niñas de determinados
sectores sociales.
Por
otra parte, el clima de inseguridad y violencia que se vive en el país
es particularmente pernicioso para los niños, niñas y adolescentes. La
niñez que vive en los barrios con fuerte presencia e implantación de las
maras y las pandillas es uno de los grupos que más se ve afectado en el
goce de sus derechos. La CIDH advierte que niñas, niños y adolescentes
son expuestos a las presiones, amenazas, violencia y engaños por parte
de las maras, y son utilizados y abusados para sus actividades. Además,
son estigmatizados, discriminados y maltratados por los agentes del
orden, ya que los ven como potenciales delincuentes. Respecto de los
niñas y niños que viven en situación de calle, preocupa a la CIDH su
situación de extrema vulnerabilidad ante las denominadas operaciones de
“limpieza social”. Este contexto de violencia incide en la decisión de
migrar de muchas niñas, niños y adolescentes, y sus familias, así como
en el desplazamiento interno.
Asimismo,
la CIDH manifestó su preocupación por el elevado número de embarazos
adolescentes y por el nivel de violencia sexual que experimentan las
niñas y las adolescentes. Honduras es el segundo país con mayor embarazo
adolescente en América Latina, con un promedio nacional de embarazo
forzado adolescente en 24% entre las adolescentes de 15 y 19 años. Es
alarmante que un porcentaje muy elevado de estos embarazos, cercano al
50%, sean producto de violaciones. El abuso sexual a la niñez es motivo
de profunda preocupación y reclama esfuerzos prioritarios y urgentes por
parte del Estado que incorporen una estrategia para la modificación de
estereotipos de género en la sociedad, el empoderamiento de las niñas y
las adolescentes en el conocimiento de sus derechos, y acceso a
servicios como las líneas telefónicas de atención gratuita 24 horas.
Durante la visita la CIDH fue informada del avance realizado en el 2017
por el Estado hondureño al modificar su legislación para no permitir el
matrimonio de niños, niñas y adolescentes antes de cumplir los 18
años. Con el fin de prevenir el embarazo adolescente, la Comisión insta
al Estado a incluir en la currícula escolar, materias relacionadas con
la educación sexual y reproductiva.
En
materia de justicia juvenil, la Comisión reconoció diferentes medidas
adoptadas por el Estado, tales como la reforma de 2013 que busca que la
justicia juvenil sea más especializada y ajustada a los estándares
internacionales, y como la instauración del Instituto Nacional para la
Atención a Menores Infractores (INAMI) como el órgano encargado de
administrar el funcionamiento de los centros de detención de
adolescentes en contacto con la ley penal.
Sin
embargo, la CIDH advierte que la situación de los niños y adolescentes
privados de su libertad sigue caracterizándose por precarias condiciones
de encierro, uso excesivo de la prisión preventiva, escasos programas
de reintegración social efectivos, y la necesidad de dotar el sistema de
autoridades judiciales especializadas.
Respecto
de los centros juveniles de detención, la información al alcance de la
Comisión indica que se caracterizan por deficientes instalaciones,
insalubridad, falta de programas socioeducativos que permitan una
efectiva reinserción, e inseguridad e ingobernabilidad como consecuencia
del control que las pandillas ejercerían al interior. Además de las
condiciones deficientes que caracterizan los centros carcelarios en
general, durante su visita a Renaciendo, la CIDH advirtió que únicamente
se brinda educación hasta el sexto grado. Adicionalmente, y a pesar de
las actividades de agricultura que están por iniciar en las siguientes
semanas, la Comisión considera que no existen actividades educativas ni
recreativas que garanticen una efectiva reinserción social a los
adolescentes privados de su libertad en este centro. En este sentido, la
CIDH observa que las condiciones de detención resultan contrarias a los
estándares internacionales en materia de justicia juvenil, pues no
brindan un tratamiento acorde al respeto y la dignidad humana, ni tienen
como finalidad clara la reinserción efectiva y constructiva a la
sociedad.
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