Ariel Diaz, (al fondo) Hedme Castro y Carlos del Cid, frente a la CSJ.
Por derogarse la Ley del Consejo de la Judicatura, se debe aplicar una
desfasada Ley de Tribunales de 1905, que verifique la conducta de la
jueza Gabriela Gallo.
Publicado en defensores - Tegucigalpa / Por: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa. – La Mesa de Derechos Humanos
solicitó a la Inspectoría de Tribunales que sancione a la jueza
Gabriela Gallo, por emitir un fallo parcializado a favor de tres altos
oficiales de la Policía Nacional Preventiva que torturaron a diestro
defensores de derechos humanos y ocho estudiantes universitarios el
pasado 08 de septiembre.
Tras el fallo emitido el viernes pasado en el Juzgado de Letras de lo
Penal de Tegucigalpa, el grupo de organizaciones aglutinadas en esta
Mesa considera que la jueza incurrió en los delitos de abuso de
autoridad y violación a los deberes de los funcionarios, por lo que se
procedió a denunciarla ante esta instancia de la Corte Suprema de
Justicia (CSJ), el miércoles 06 de junio.
La Jueza Gabriela
Cristina Gallo, favoreció en su totalidad a los oficiales de la Policía
Preventiva Juan Manuel Aguilar Godoy, Félix Adrián Colindres Y Marlon
Agustín Vásquez Palma, a pesar de que se le presentaron unas 200
pruebas de la culpabilidad de los uniformados que actuaron dentro de los
predios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), cuando
las y los defensores iban a descarta a los defensores de la Educación
Pública.
Cabe mencionar que todavía no hay una legislación actualizada para
resolver este tipo de situaciones, porque se derogó mediante un Recurso
de Inconstitucionalidad la ley del Consejo de la Judicatura que
establecía todas las causales para sancionar a jueces y juezas que
cometían faltas administrativas.
Por lo que, “nos estamos remitiendo a la Ley de Tribunales de 1905,
es una norma totalmente desactualizada a los parámetros de Estado de
Derecho, y de acuerdo con esta norma lo que procede es que la
Inspectoría de Tribunales investigue la conducta de Gabriela Gallo,
desde el vocabulario utilizado en la resolución y luego que emita una
sanción que puede ser hasta el despido” explicó el abogado Edy Tábora,
coordinador del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), parte de la
Mesa de Derechos Humanos.
Esperamos una investigación seria, eficaz e imparcial contra la
resolución emitida por la jueza Gabriela Gallo, la cual consideramos
parcializada, que falta a los estándares internacionales sobre
independencia judicial y consideramos que tiene un contenido
discriminatorio, estigmatizante y de doble juzgamiento hacia la labor de
los defensores y defensoras de Derechos humanos” Ariel Díaz.
También se presentó una denuncia por el delito de Prevaricato, ante
el Ministerio Público, porque se considera que es conducta penal, la
tomada por la jueza Gallo. Estas son algunas de las acciones que se
harán para que el caso no quede en la impunidad, declaró a www.defensoresenlinea.com el defensor y víctima de los policías, Carlos del del Cid.
Del Cid, tiene daños irreversibles en cuanto a salud física, perdió
parte de la visión del ojo izquierdo al ser rociado directamente por el
gas lacrimógeno de manos de los comisionados a quienes identificó como
Colindres y Aguilar, ese 08 de septiembre, sus constancias médicas
fueron emitidas por el Instituto Hondureños de Seguridad Social (IHSS), y
ni a éstas le tomó seriedad la jueza.
La Mesa de DDHH “considera que la resolución de la jueza Gallo está
cargada de parcialidad con los victimarios en detrimento de las víctimas
y contiene actos de discriminación y desprecio contra los defensores de
derechos humanos, quienes fueron las víctimas directas de las acciones
violatorias a los derechos humanos por parte de los oficiales antes
mencionados”.
“Esperamos una investigación seria, eficaz e imparcial contra la
resolución emitida por la jueza Gabriela Gallo, la cual consideramos
parcializada, que falta a los estándares internacionales sobre
independencia judicial y consideramos que tiene un contenido
discriminatorio, estigmatizante y de
doble juzgamiento hacia la labor de
los defensores y defensoras de Derechos humanos” Ariel Díaz.
La arbitrariedad de Gallo no es oculta
Los defensores fueron privados de libertdad al menos 30 horas, por
acompañar a estudiantes de la UNAH, el 08 de septiembre del 2017.
El expediente No. 3054-2017, del Juzgado de Letras de lo Penal de
Francisco Morazán, contiene por escrito las arbitrariedades de la Jueza
Gallo, y constituyen la evidencia que el Estado de Honduras fomenta la
impunidad y se colude con los violadores de los derechos humanos,
expresaron los defensores en un plantón realizado frente a la CSJ, en
Tegucigalpa.
Con la resolución los oficiales Aguilar Godoy, Colindres y Vásquez
Palma quedaron habilitados para continuar con su conducta delictiva
contra los defensores y defensoras de los derechos humanos, y facultados
para obstaculizar la labor en la defensa y protección de los derechos
fundamentales, en contradicción a tratados internacionales de protección
a estos derechos y que el Estado de Honduras ha ratificado, afirmó la
Mesa Nacional de DDHH.
Las investigaciones contra la Jueza Gallo deben ser prontas,
expeditas e imparciales, con el objetivo de restituir los derechos
violentados de las víctimas que son al acceso a la justicia, el Debido
Proceso y el castigo ejemplar a los funcionarios estatales responsables.
“Es sumamente doloroso para nosotros tener que recurrir a una denuncia
para que una juez haga su trabajo y evidentemente coludida con los
victimarios de los defensores de DDHH, con su acción lo que ha hecho es
fortalecer la impunidad del país y ponernos en alto riesgo” Hedme Castro.
También solicitaron que esta dependencia de la CSJ examine la
conducta de la funcionaria y de comprobar que la misma no es conforme a
derecho, a la ética de una funcionaria judicial y de estar al margen de
la ley, que se establezca la respectiva sanción administrativa contra la
Jueza.
La operadora de Justicia en 2015 tomó el caso los estudiantes universitarios Cesario Padilla, Sergio UIloa y Moisés Cáceres,
tras la recusación por violentar la ley de la jueza de letras de lo
penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Wendy Rivera, emitida por
la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán.
Unidad ante las arbitrariedades
También solicitaron que esta dependencia de la CSJ examine la
conducta de la funcionaria y de comprobar que la misma no es conforme a
derecho, a la ética de una funcionaria judicial y de estar al margen de
la ley, que se establezca la respectiva sanción administrativa contra la
Jueza.
La operadora de Justicia en 2015 tomó el caso los estudiantes universitarios Cesario Padilla, Sergio UIloa y Moisés Cáceres,
tras la recusación por violentar la ley de la jueza de letras de lo
penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Wendy Rivera, emitida por
la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán.
Unidad ante las arbitrariedades
Mesa Nacional de DDHH
La Mesa de Derechos Humanos surgió en septiembre pasado, ante las
arbitrariedades de los policías contra Carlos del Cid, del Observatorio
Ecuménico Internacional de los Derechos Humanos (OEIDH); Ariel Díaz,
miembro del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos
(CIPRODEH) y la Asociación de Jóvenes por los Derechos Humanos (JDH);
María Tomasa “Tomy” Morales, defensora y periodista de la Asociación por
la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU); y Hedme Castro,
directora ejecutiva de la Asociación por una Ciudadanía Participativa
(ACI-Participativa).
En el microbús, propiedad del Comisionado Nacional de los Derechos
Humanos (CONADEH), los y las defensoras lograron abordar a ocho
estudiantes que huían del arresto policial en el operativo “Apolo III” creado para desalojar la Ciudad Universitaria, tras varios meses de protestas sociales.
En total diez estudiantes tienen medidas sustitutivas a la prisión
y están bajo la custodia de sus representantes legales; uno tiene orden
de captura y más de 85 jóvenes, Carlos del Cid, Tomy Morales y Ariel
Díaz, fueron criminalizados, y sobreseídos el 27 de septiembre del 2017.
Los estudiantes víctimas de los policías son José Bustillo, Santos
Ruíz, Bryan González, Noé Portillo, Edwin Salas, Cristian Sanabria, José
Portillo y Marcio Silva a quien se le libró orden de captura por estar
previamente procesado siempre por la defensa de la UNAH y los derechos
de tres compañeros, que ayer cumplieron un año de ser condenados por la
CSJ acusados de espacio en perjuicio de la Alma Mater.
Este proceso de criminalización ha sido acompañado por organizaciones
nacionales e internacionales, por lo que se pide a la Inspectoría de
Tribunales que se tome declaración al representante de la Oficina del
Alto Comisionado Nacional de Derechos Humanos (OACNUDH), CONADEH, y de
Embajadas e Instituciones internacionales cuyos nombres constan en el
acta emitida por Gabriela Gallo.
El Estados no puede limitar la labor de los y las defensoras de DDHH
Policías acusados por ataques contra defensores de DDHH y ocho Estudiantes de la UNAH. Imagen- Sandra Rodriguez
En su Informe sobre la Situación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas (2006) y el Segundo Informe sobre la Situación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas (2011),
la Comisión indicó que el respeto y garantía del derecho a la
integridad personal y el derecho a la vida están directamente
relacionados con el libre ejercicio de la actividad de defensa y
promoción de los derechos humanos.
Por eso, los Estados tienen la obligación de no interferir con el
disfrute de estos derechos y de actuar de manera razonable para prevenir
las amenazas, agresiones y hostigamiento en contra personas defensoras
de derechos humanos.n estos mismos informes, la CIDH también ha destacado que las y los
defensores de derechos humanos deben gozar de una protección adecuada
que garantice que no serán objeto de injerencias indebidas para ejercer
su derecho de circulación y residencia.
La CIDH ha señalado que las obligaciones del Estado a este respecto incluyen, entre otros: abstenerse de limitar, por cualquier medio, el trabajo en donde se puede recopilar información de campo;
y facilitar los visados para el acceso a otra jurisdicción para
aquellos casos en que las personas defensoras de derechos humanos deben
viajar en el curso de su trabajo.
http://defensoresenlinea.com/mesa-de-ddhh-exige-sancion-para-jueza-que-se-parcializo-con-policias-torturadores/
sábado, 9 de junio de 2018
Honduras: Mesa de DDHH exige sanción para jueza que se parcializó con policías torturadores
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