martes, 26 de junio de 2018

Honduras: Diputado acusado por la MACCIH de manipular leyes recibe la nómina de los candidatos a fiscal

 Por: Redacción CRITERIO 
 Junio 26,2018 /  redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-El diputado del Partido Nacional, Tomás Zambrano, acusado de  haber manipulado una fe de erratas sobre la polémica reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto, fue quien recibió la nómina de los cinco candidatos a fiscal general y fiscal general adjunto.

                  En su condición de secretario general del Parlamento, Zambrano recibió el listado de manos del presidente de la Junta de Proponentes y presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta y del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres y también miembro de la Junta de Proponentes.

La Unidad Fiscal Contra la Corrupción y la Impunidad (UFECIC) y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) imputó a Zambrano y a su compañero de bancada, Román Villeda, la comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios, falsificación de documentos y delitos contra la forma de gobierno.

El fallo contra los congresistas se espere sea fijado mañana miércoles por el juez natural, Rafael Bustillo. La semana pasada catorce organizaciones de sociedad civil demandaron al juez natural que conoce la causa, del llamado caso “fe de erratas”, que emita un fallo apegado al ordenamiento jurídico, que permita conocer la verdad real de los hechos y se le dé continuidad al proceso penal que se ha iniciado contra los diputados Tomás Zambrano y Román Villeda.
                        
El diputado Tomás Zambrano al momento de recibir la nómina y el informe por parte del presidente de la Junta de Proponentes, Rolando Agueta. Observa el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres.

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El pasado 18 de junio el relator especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán, expresó su preocupación por que en el proceso de selección, que se llevará a cabo en el  Parlamento, participarán funcionarios señalados por actos de corrupción.

LOS HECHOS
El 18 de enero de 2018, el pleno del Congreso Nacional aprobó reformar la Ley Orgánica del Presupuesto, mediante la adición del artículo 131-A. Dicha reforma le quitó la facultad de investigación penal al Ministerio Público sobre la ejecución de fondos públicos por parte de personas naturales, funcionarios públicos y diputados al Congreso Nacional.

Con la reforma se le ordenó al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que realice auditoría e investigación especial al: fondo social, fondo de desarrollo departamental, subsidios, y cualquier otro fondo destinado para la ejecución de proyectos comunitarios o ayudas sociales.

La acción antes detallada para diferentes sectores de la ciudadanía y la MACCIH, constituyó un “pacto de impunidad” para favorecer a los diputados y todas aquellas personas que participen en la ejecución y transferencia de fondos públicos.

Este pacto implica que no se pueden iniciar acciones de índole penal, civil o administrativa, en tanto el TSC no realice la auditoría de fondos públicos y hasta que la auditoría e investigación especial quede firme, principal argumento expresado por la jueza Alma Guzmán, el 24 de enero, para absolver de responsabilidad a las primeras cinco personas acusadas por el caso “Red de Diputados”.

Durante la aprobación de este decreto, se dieron varias ilegalidades de índole constitucional y penal: se dispensaron dos debates, no se dio copia del dictamen a los diputados, no se leyeron algunos artículos torales y durante la lectura que iba realizando el diputado Román Villeda Aguilar en su carácter de prosecretario, se apoyaba en documentos diferentes al dictamen original, tal como se puede observar en el vídeo de la transmisión de la sesión.

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Posteriormente, en fecha 26 de enero de 2018, los diputados involucrados buscaron subsanar la ilegalidad que se había realizado, mediante la publicación de una fe de erratas, haciendo creer que la aprobación del “pacto de impunidad” fue un simple error y no un acto premeditado que tuvo consecuencias jurídicas.

Dicha fe de erratas, con la cual se pretendió modificar el texto de la ley, sigue conteniendo modificaciones al proyecto presentado en el pleno, y la misma se realizó sin las consultas correspondientes al órgano legislativo. Debido a esto, la UFECIC con acompañamiento de la MACCIH, imputó la comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios, falsificación de documentos y delitos contra la forma de gobierno, contra los diputados José Tomás Zambrano y Román Villeda Aguilar.

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