Los oficiales de la Policía Preventiva, Juan Manuel Aguilar Godoy; Félix Adrián Colindres y Agustín Vásquez Palma, que torturaron a cuatro defensores de derechos humanos y ocho estudiantes, le apostaron este 16 de mayo de 2018 a desprestigiar la labor de los defensores de derechos humanos con el objetivo de justificar sus graves abusos y no ir a la cárcel.
Este miércoles 16 de mayo se llevaron a cabo las conclusiones de la Audiencia Inicial, donde los tres imputados están acusados aparte del delito de torturas, de detención ilegal, lesiones, abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios, contra las víctimas que aún esperan justicia y la aplicación imparcial de la Ley. Mañana jueves 17 de mayo habrá otra audiencia para las réplicas, se supone que después se producirá el fallo de la juez a cargo del juicio.
Los hechos ocurrieron el 08 de septiembre de 2017, en los predios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, cuando las defensoras Tomy Morales,(ASOPODEHU, y Hedme Castro (ACI-Participa), y los defensores Carlos del Cid)Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos) y Ariel Díaz (CIPRODEH), trataban de proteger a ocho estudiantes de una detención ilegal que los policías pretendían efectuar violentando la legislación nacional.
Abogados acusadores fueron contundentes
Mientras tanto la parte acusadora constituida por el Ministerio Público y los abogados Omar Menjivar, Kenia Oliva y Alejandro Mairena, argumentaron la ilegalidad con que actuaron los oficiales.
La abogada Kenia Oliva, de C-LIBRE, quien forma parte de los abogados de los defensores de derechos humanos, informó que aportaron como prueba la orden de la Jueza que ordenó el desalojo en la UNAH el 08 de septiembre, donde pide a la policía que únicamente acompañen a los jueces ejecutores del desalojo para darles seguridad, “es decir que el mandato que la juez da a la policía debía terminar una vez que los jueces ejecutores realizan su labor de desalojar los 10 edificios, por eso se juramentaron 10 jueces ejecutores. El oficial Félix Colindres que es quien está al mando del operativo hace un informe, lo cual incorporamos como prueba documental donde él dice que los edificios estaban desalojados a las 8:10 a.m. , entonces la policía no debían permanecer más tiempo en la UNAH porque no tenían una orden para hacerlo, Este informe también lo aportamos como prueba documental”.
Otra prueba documental que aportamos es el informe es el Apolo III que fue realizado por la policía el 05 de septiembre donde planearon toda la operación donde hablan de tanquetas, usar drones, helicópteros, para hacer un desalojo en la universidad, sin embargo hasta ese momento la UNAH no había presentado ninguna denuncia ni a la policía ni al Ministerio Público, por lo tanto es un acto deliberado y abusivo de la policía hacer esta planificación sin tener la denuncia ni una orden judicial, ya que el delito de Usurpación es a instancia de particular y no de oficio, agregó Oliva.
Los alegatos quieren evitar la cárcel y desprestigiar la labor de DDHH en Honduras
La saña legal de la oficialidad acusada se enfoca hacia la labor de ambos defensores
Los oficiales han hecho uso de todas las argucias posibles para zafarse de la cárcel, desde conseguir las personerías jurídicas de las organizaciones a las que pertenecen los defensores, hasta la utilización de testigos como el jefe de seguridad de la UNAH que está en todos los juicios promovidos desde la esa institución educativa contra los estudiantes, así como al oficial Leonel Sauceda, a quien el Ministerio Público no ha acusado aún a pesar de haber participado activamente en los hechos.
Desde el inicio del juicio el 28 de febrero de este año, la defensa de los oficiales Juan Manuel Aguilar Godoy; Félix Adrián Colindres y Agustín Vásquez Palma, han tratado de justificar los delitos de lesa humanidad cometidos, pero los hechos y los dichos distan mucho de coincidir y cada vez van saliendo datos que los hunden .
Carlos Del Cid se hizo presente a la audiencia de conclusiones este día y relató que “la defensa de los oficiales hizo acopio del desprestigio encarnizado contra Tomy Morales y contra él, con mucha saña, presentándoles como victimarios y que estaban según ellos a favor de la violencia del Movimiento Estudiantil Universitario, MEU”.
O sea que ellos pretenden justificar sus delitos tratando de desprestigiarnos no solo a nosotros sino la labor de defensa de los derechos humanos en el país, lo cual lleva un objetivo intrínseco que es obstaculizar nuestro trabajo para que ya no defendamos derechos fundamentales y los violadores de estos derechos estén a sus anchas cometiendo abusos, recalcó Del Cid.
“Los abogados fueron contundentes. Al final tuve que denunciar ante la jueza que los oficiales me estaban dando seguimiento y que era urgente que se tomara una decisión en el juicio por los delitos que cometieron”, informó Del Cid.
En las audiencias han asistido delegaciones internacionales como de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras, (OACNUDH), Brigadas Internacionales de Paz, PBI; Embajada de los Estados Unidos, entre otras. También representantes de las organizaciones ACI-Participa. Observatorio Ecuménico de Derechos Humanos, ASOPODEHU, y muy constante la presencia de Carlos Del Cid y Hedme Castro.
Por qué se incluye el delito de torturas?
Los abusos cometidos por la alta oficialidad de la Policía Preventiva calzan con lo que dice la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes señala que:
1.
A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término
"tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una
persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con
el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión,
de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha
cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por
cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando
dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público
u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación
suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán
torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de
sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.
Video delata las torturas y demás abusos, veálo AQUÍ
http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/es/contexto/item/2127-kilometrica-audiencia-desprestigiar-a-defensores-de-ddhh-para-no-ir-a-la-carcel-es-el-ultimo-cartucho-de-oficiales-enjuiciados
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