Redacción Central / EL LIBERTADOR / Publicado: Domingo 17 Marzo 2018
Tegucigalpa. Marzo ha sido un mes duro para la institucionalidad del país, ya que el gobernante Partido Nacional ha tenido que presenciar un escenario ingobernable desde el vigoroso crimen que todos los días siembra pánico y se lleva vidas, sumando las diversas protestas ciudadanas en todo el territorio, que esta vez no han sido convocadas por la Alianza de Oposición contra la Dictadura.
Los
gremios de los trabajadores han reclamado al gobierno la impunidad en
asesinatos de civiles, el olvido de programas sociales, al abuso de
cargas de impuestos como dijeron ayer los caficultores durante su
protesta en la capital y la irresponsabilidad en la administración
pública con el manejo del presupuesto nacional, luego de que en sus
discursos Juan Hernández describiera un paraíso, su segundo mandato,
ilegal según la Constitución, empezó con el pie izquierdo.
A
finales de 2017, los médicos de Honduras protestaron por el aparente
olvido de la inversión en Salud, meses después los galenos
especializados en afecciones mentales, hicieron lo propio porque han
sido afectados por los internos “judiciales”, personas declaradas
peligrosas remitidas de centros penitenciarios.
Ayer
el sector de transporte es el que ha reclamado en diversos puntos del
país, ya que inconformes con el trato del Instituto Hondureño de
Transporte Terrestre (IHTT), el gremio de taxistas en La Ceiba declaró
un paro de labores por las altas multas que se les cobra si trasladan a
pasajeros fuera de la ciudad.
De
ese modo, la avenida San Isidro de “la novia de Honduras”, se vio
abarrotada por los transportistas que además manifestaron su descontento
frente a las sanciones que recibieron algunos por reclamar ante la
multa.
Por
su parte en la capital, Tegucigalpa, los taxistas hicieron lo propio en
el parque central, exigiendo que el Congreso Nacional ponga en acción
el proceso de reformas a la Ley de Transporte, que hasta la fecha
mantiene altos tarifas en los costos de permisos de operación y de
explotación.
Por
otro lado, el pasado martes en la comunidad de Pajuiles, en el
departamento de Yoro, las fuerzas de seguridad del Estado, reprimieron a
los pobladores que estaban asentados en un campamento especial que
impide a la empresa HIDROCEP seguir los trabajos de destrucción del río
Mezapa.
Según
el portal “Pasos de Animal Grande”, los pobladores observaron a
representantes de una empresa minera que pretende, a base de engaños,
instalarse en la zona.
El
informe revela que los pobladores preguntaron los motivos de su
presencia pero en ese momento llegó una patrulla policial cuyos agentes a
base de empujones e intimidaciones desalojaron a los integrantes del
campamento para abrir paso a los empresarios de la mina.
Cabe
destacar que la primera semana de marzo se vio caracterizada por
protestas exigiendo justicia por el asesinato de la mundialmente
reconocida Berta Cáceres, luego de que se cumplieran dos años del crimen
y este aun no sea resuelto.
Asimismo,
el 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, grupos de
feministas salieron a las calles para conmemorar la igualdad de género y
para exigir el cese a femicidios y abusos sexuales a los que están
expuestas.
http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/2757-protestas-y-crimen-no-dan-tregua-al-gobierno-de-honduras
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