Hasta la fecha, todo parece indicar que el asesinato de Berta Caceres, fue un aparente operativo militar, llevado a cabo bajo las órdenes de la élite de poder económica y política, beneficiarios de la piñata de las cuencas hidrográficas realizada durante el mandato del Sr. Pepe Lobo, acompañado de Juan Hernández quien se desempeñaba como presidente del Congreso Nacional.
El pingue negocio de la
energía limpia, se convirtió ademas en un mecanismo de lavado de
activos provenientes del crimen organizado; ademas de contar con fondos
provenientes de inversionistas de la banca extrajera y del istmo
centroamericano.
Berta, como defensora
de los derechos territoriales y culturales del pueblo Lenca, encaminó
una campaña para la defensa de las cuencas hidrográficas del país,
iniciando una ofensiva jurídica en pos de la defensa del derecho a la
consulta previa, la que no ha sido incorporada en las leyes nacionales,
pero que el estado desde 1995 debe haberse apegado, al ser uno de los
países que ratificó el Convenio 169 de la OIT.
Si bien el Ministerio
Público ha proseguido a Darío Roberto Cardona Valle, por haber ampliado
la Licencia Ambiental del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, además de
proseguir también a Marco Jonathan Laínez Ordóñes, ambos ex ministros de
la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA); en ningún momento ha
procedido contra Rigoberto Cuellar, el ex ministro de SERNA, quien
actualmente labora como fiscal general adjunto. Tanto el COPINH como
OFRANEH hemos interpuesto denuncias en contra de Cuellar por la
violación de la consulta previa, sin embargo Cuellar continúa siendo una
de las rémoras en el Ministerio Publico.
Desde el año 2009 en
Honduras se agudizaron las intervenciones en los territorios de los
pueblos indígenas en nombre de un supuesto desarrollo que ha sido
caracterizado por una actitud autocrática del partido del actual
gobierno,el que permitió un desaforado incremento de la violencia,
acompañado de la apropiación del aparato económico por parte del del
crimen organizado. Bastas zonas del país pasaron a manos de los carteles
de la drogas, los que no vacilaron en utilizar los proyectos de
“energía limpia” para el lavado de activos.
El COPINH en el año 2012 interpuso una denuncia
en la Fiscalía de las Etnias, en la que acusan a Rigoberto Cuellar por
la omisión de la consulta previa de las represas de Chinacla, Aurora II y
las Ventanas. En mayo de 2013 la OFRANEH presento una denuncia
en contra de Cuellar ante la violación de la consulta Previa en cuanto a
los proyectos REDD. podemos indicar que la consulta previa ha sido un
derecho violentado a todos los pueblos indígenas del país, a pesar del
clientelismo ejercido con muchos de los supuestos líderes, a través de
empleos y proyectos proporcionados por la Secretaria de Indígenas y
Afrodescendientes (SEDINAFROH)
Entre otras Berta se opuso rotundamente al programa de Reducción de Emanaciones y Degradación del Bosque (REDD por sus siglas en inglés), ante la amenaza de despojo y desplazamiento que representa ese tipo de iniciativas, sobre todo en países con sistemas jurídicos débiles.
En una misiva
dirigida por el COPINH al Fondo de Carbono de Naciones Unidas y la
implementación de los REDD sin haber efectuado una consulta previa, la
organización indicó que “bajo el lema de energía renovable y mitigación
del cambio climático, ahora está en planificación y construcción una
gran cantidad de represas hidroeléctricas y parques eólicos en
territorios indígenas, sin el respeto al Derecho de la Consulta Libre,
Informada y Previa (CLIP) y demás derechos reconocidos a nivel nacional e
internacionalmente”.
La mayoría de las
problemáticas confrontadas por Berta, se originan en el sistemático
rechazo por parte del Estado de respetar la consulta previa. Desde hace
más de 20 años, el estado esta en la obligación de “consultar a los
pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a
través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles
directamente:.
Incluso en fecha reciente se aprobó una Ley de Incentivos al Turismo, la cual fue adoptada, sin tomar en cuenta las recomendaciones
de la Relatora de Naciones Unidas de Pueblos Indígenas en relación al
anteproyecto de Ley de Consulta, el que fue elaborado sin haber
efectuado una consulta sobre la consulta. En las recomendaciones
“Asimismo, la Relatora Especial reitera en sus recomendaciones que
cualquier decisión que sea adoptada sin el consentimiento de un pueblo
indígena, sea susceptible de revisión por un órgano judicial u otro tipo
de organismo competente, con el fin de asegurar que el Estado pueda
demostrar que la medida cumple con los estándares internacionales
respecto a las restricciones permisibles de derechos humanos y que los
derechos sustantivos y supervivencia de un pueblo indígena no se vean
afectados”.
El infortunado
asesinato de Berta, en cierta medida es una represalia de la élite de
poder y sus subalternos los militares para desarticular la defensa de
los territorios y culturas de los pueblos indígenas en Honduras, que se
ven irremediablemente afectados por la ofensiva de los grupos
empresariales, y su visión de un desarrollo económico basado en la
exclusión y expulsión.
Falta ver si el
corroído sistema de justicia imperante en Honduras opta por dilucidar el
caso del homicidio de Berta; y el poder legislativo controlado por la
actual dictadura se apegue a las recomendaciones de la relatora Tauli
Corpus en relación a la creación de un mecanismo de consulta que
responda más a los intereses de los pueblos indígenas que a las
ganancias de las maras empresariales.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
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