COMUNICADO
Ante
las violaciones de Derechos Humanos y el abuso de las autoridades
judiciales y las fuerzas represivas del Estado Hondureño la Plataforma
Agraria Regional del Valle del Aguán de pronuncia de la siguiente
manera:
1. Denunciamos
que la mañana de ayer al menos 250 elementos de la policía y el
ejército al mando del sub comisionado de la Policía Héctor Turcios
Fernández llegaron fuertemente armados en forma intimidatoria
con una supuesta orden para desalojar las familias de la Empresa
Asociativa Campesina de Producción Unidos Lucharemos ubicada en la
comunidad de Luzón Palmeras, en el municipio de Saba Colón.
La
Empresa Campesina de Producción Unidos Lucharemos la conforman 28
familias campesinas; un total de 140 personas entre hombres, mujeres
y niños que ocupan 115 manzanas de tierras desde octubre del 2011. La
tierra ha sido trabajada por las familias campesinas y cultivada con
plátano, maíz, frijoles, yuca y palma africana, además en un proceso
para la siembra de naranjo, caoba e iniciando con un proyecto de ganado y
cerdo.
2. Denunciamos
que la estrategia de despojo hacia las familias campesinas se ha venido
planificando hace varios años. En junio del 2017 por instrucciones del director
del Instituto Nacional Agraria (INA), Ramón Lara se ordenó la
cancelación de la personalidad jurídica de la empresa que ocupa sus
tierras desde hace siete años. Hecho que no logró consumarse debido a la
presión y las denuncias de los líderes y lideresas campesinas de la
zona.
Asimismo
el 16 de Octubre del 2017 el Ministerio Público emitió a traves de la
juez Soe Guifarro un requerimiento fiscal por supuesta usurpación en
contra de los miembros de la empresa campesina Unidos Lucharemos a
quienes se libró orden de captura. Cabe mencionar que la beligerancia de la juez obedece a intereses económicos y de parentescos
familiares con los denunciantes.
3. La acción de desalojo se logró detener gracias a la denuncia
inmediata, la intervencion de la Oficina del Alto Comisiondo de Naciones
Unidas y la resistencia de los miembros de la empresa en defensa del
derecho a la tierra, quedando así evidenciado el claro abuso de autoridad
de la juez ejecutora, la policía y el ejercito hondureño. Según el
Protocolo de Naciones Unidas del cual Honduras es suscriptor no puede
ejecutarse desalojos a asentamientos humanos sin tener un lugar adecuado para su reubicación.
4. Exigimos
responsabilidad del Estado de Honduras en el cumplimiento de los
artículos 344 al 350 de la Constitución de la República, que demandan
acceso a la tierra, la implementación de programas de
asistencia técnica y crediticia a las empresas y organizaciones
campesinas, asimismo que se garantice un mercado justo e inmediato para
la comercialización la producción.
5. Como organizaciones sociales, populares y movimientos campesinos aglutinadas en la Plataforma Agraria Regional del Bajo Aguán reiteramos nuestro apoyo y solidaridad a la Empresa Asociativa Campesina de Producción Unidos Lucharemos y nos mantendremos vigilantes
para que se respete el derecho legitimo de las familias campesinas a la
posesión de sus tierras y por ende el derecho inherente a la vida.
6. Solicitamos a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos nacional
e internacionales a mantenerse vigilante de cualquier hecho que pudiera
suscitarse en contra de las familias campesinas que ocupan sus tierras.
Dado en el municipio de Tocoa, despartamento de Colón a los 22 días del mes Febrero 2018.
Atentamente,
Karla Zelaya
Facilitador & Comunicaciones
Plataforma Agraria
Teléfono: (504) 9644-9025
Skype: plataforma.agrariahonduras
¡Cosechemos Justicia en el Campo!
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