Redacción Central / EL LIBERTADOR / Publicado: 24 Enero 2018
Tegucigalpa. Esta mañana en conferencia de prensa, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), informó que en el caso “Red de Diputados”, se abrió una línea de investigación que incluye a otros 60 parlamentarios, entre ellos el presidente reelecto del Congreso, Mauricio Oliva.
La
MACCIH compareció ante la prensa para denunciar que el nuevo Congreso,
cuya junta directiva fue aprobada ayer, pretende, mediante decreto
legislativo 141 -2017 que trata sobre la aprobación del presupuesto
general de ingresos y egresos de la República para el 2018, reformar los
artículos 16 y 131 de la Ley Orgánica del Presupuesto.
En
ese sentido, el vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, explicó que lo
que pretende hacer el Congreso es quitarle armas a la Misión para
investigar casos que comprometa a empleados públicos.
El
comunicado de la MACCIH dicta que a través de dicha reforma se
implementa un nuevo procedimiento de liquidación de fondos públicos,
incluyendo los fondos sociales, fondos gestionados, recibidos,
administrados y ejecutados por servidores públicos, diputados y
Organizaciones No Gubernamentales, siendo el encargado de auditar el
Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
El
documento añade que la disposición de la reforma abarca los periodos
2006-2010, 2010-2014 y 2014-2018, y, que por el periodo en que el TSC
realice las indagaciones, “no procederá ninguna acción judicial para
reclamar ningún tipo de responsabilidad sea administrativa, civil o
penal”.
La
MACCIH ha considerado que dicha reforma es garante de impunidad y
establece que el TSC no brinda las garantías para realizar
investigaciones técnicas como sí lo puede hacer el organismo
internacional en compañía del Ministerio Público.
Jiménez
Mayor ha dicho además, que si la población hondureña declara que la
Misión es declarada “non grata”, están dispuestos a abandonar el país.
El portavoz ha calificado que la reforma que aprobó el congreso es un
garante de impunidad.
“Esta
norma pretende frenar las investigaciones presentes y futuras de
aquellos altos funcionarios que se han apropiado de los dineros
públicos. Busca, además, que la documentación incautada por
UFECIC-MACCIH en la Secretaría de Finanzas el pasado 29 de noviembre,
sea ahora entregada al TSC impidiendo el uso de las pruebas
correspondientes para incriminar a responsables de ilícitos penales en
poder de la Fiscalía”.
Jiménez
Mayor se mostró inconforme con las acciones del Congreso y lamentó que
todo el trabajo realizado hasta ahora puede quedar en nada por falta de
compromiso de la institucionalidad del Estado. “No es posible que en
Honduras no haya reglas claras”, sentenció que “los corruptos quieren
que la Misión se vaya”.
A continuación el comunicado de forma íntegra:
Comunicado
La
Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH),
hace de conocimiento de la opinión pública, lo siguiente:
1.
El 18 de enero de 2018 el Congreso Nacional de la República aprobó el
Decreto N° 141-2017, Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de
la República, Ejercicio Fiscal 2018. En el artículo 237 de dicha Ley se
reforman los artículos 16 y 131- A de la Ley Orgánica del Presupuesto
(Decreto No. 83-2004).
2.
A través de dicha reforma se establece un nuevo procedimiento de
liquidación de fondos públicos destinados a la ejecución de proyectos o
ayudas sociales, incluyendo los fondos gestionados, recibidos,
administrados y ejecutados por servidores públicos, diputados y ONG,
encargando la auditoría de dichos recursos al Tribunal Superior de
Cuentas (TSC), por un período de tres años contados a partir de la
publicación de la reforma en mención. El nuevo proceso de liquidación se
extiende retroactivamente a los periodos de gobierno 2006-2010,
2010-2014, 2014-2018. Agrega la disposición que mientras el TSC esté
realizando dicha auditoría e investigación especial, “no procederá
ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad sea
esta administrativa, civil o penal.”
3.
Esta norma pretende frenar las investigaciones presentes y futuras de
aquellos altos funcionarios que se han apropiado de los dineros
públicos. Busca, además, que la documentación incautada por
UFECIC-MACCIH en la Secretaría de Finanzas el pasado 29 de noviembre,
sea ahora entregada al TSC impidiendo el uso de las pruebas
correspondientes para incriminar a responsables de ilícitos penales en
poder de la Fiscalía.
4.
Se busca atribuir al TSC la determinación de la responsabilidad penal
de los ilícitos que se encuentren respecto a altos funcionarios,
invadiendo las atribuciones constitucionales del Ministerio Público y
del Poder Judicial. Se trata de una pretensión inconstitucional que
busca imponer un requisito de procedibilidad de la investigación y de la
acción penal que contraviene el artículo 232° de la Constitución. Del
mismo modo, la disposición infringe el artículo 219° Constitucional, que
ordena el previo dictamen favorable de la Corte Suprema al reformarse
el Código Procesal Penal al eliminar el ejercicio de la acción penal
pública al Ministerio Público.
5.
Como consecuencia de lo mencionado, la investigación conocida como “RED
DE DIPUTADOS”, que no solo investiga a los cinco diputados requeridos,
sino que abarca a más de 60 diputados y ex diputados de la Nación,
incluyendo el propio presidente del Congreso Nacional, así como a altos
funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes de más de 30 ONG,
quedaría sin efecto generando la impunidad de todos los involucrados.
6.
La decisión del Congreso Nacional, además, podría dar lugar a
interpretaciones tendenciosas que pudiesen provocar una posible
excarcelación de personas condenadas en el caso del Seguro Social como
Mario Zelaya y su organización criminal, al aplicarse la ley de forma
retroactiva. De igual forma, sus efectos podrían extenderse a actuales
investigaciones que conduce el equipo integrado UFECIC-MACCIH, como el
caso de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla.
7.
El TSC no brinda las garantías para investigaciones técnicas dada las
características políticas de su conformación. Esta decisión del Congreso
Nacional afecta la lucha contra la corrupción, a lo que se agrega la
aprobación ese mismo día del Código Penal que reduce las penas a los
delitos de corrupción, pese a la posición contraria de la MACCIH, de
expertos en la materia y de algunos diputados.
8.
La lucha contra la corrupción y los compromisos internacionales del
Estado de Honduras obligan a la derogatoria inmediata de la norma en
cuestión o la declaratoria de su inconstitucionalidad por la Sala
Constitucional de la Corte Suprema a petición de la Fiscalía General.
9.
Este es un hecho extremadamente grave que afecta la labor de la Misión.
Por esta razón, la MACCIH ha iniciado consultas con el embajador Luis
Almagro, Secretario General de la OEA, para verificar las rutas de
acción futuras respecto al trabajo que realizamos en Honduras conforme a
lo establecido por el artículo XIV del Convenio constitutivo, al
considerarse esta circunstancia como una injerencia inaceptable a la
autonomía e independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público,
impidiendo el combate a la corrupción y generando un PACTO DE IMPUNIDAD
que el pueblo hondureño debe conocer.
Tegucigalpa, 24 de enero de 2018
http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/2668-presidente-del-congreso-hondureno-es-investigado-por-corrupcion
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