Por: Sarah Blaskey Y Jeff Abbott/ElNuevoHerald
En
muchos sentidos, Kimberly Dayana Fonseca era como cualquier otra
muchacha de 19 años. Su familia la describe como la más inteligente de
los seis hermanos; una chica rebelde pero a la vez dulce y muy cercana a
su padre. A Kimberly le gustaba bailar, y soñaba con vivir y estudiar
algún día en el extranjero, quizás en España. Pero un día, su vida quedó
tronchada.
El
1º de diciembre, cuando la Policía Militar Hondureña puso en vigor la
primera noche de un toque de queda en medio de las protestas por todo el
país debido a las elecciones presidenciales el 26 de noviembre, Fonseca
salió a la calle y se acercó adonde varias docenas de jóvenes
protestaban contra el presidente de la república. Según dijeron
testigos, una bala de un fusil —que presuntamente disparó un miembro de
las fuerzas de seguridad desplegadas para reprimir las manifestaciones—
alcanzó a Fonseca en la frente, le explotó el cráneo y la mató
instantáneamente.
“Se
convirtió en otro mártir”, dijo Alejandra Martínez, uno de los líderes
del movimiento juvenil conocido como “Los Indignados”, que también había
salido a protestar esa noche. “No queremos más mártires en Honduras. Lo
que queremos es el derecho a que se respete la vida”.
Más
del 90 por ciento de los crímenes violentos en Honduras no va a juicio,
dijo la COFADEH. En la actualidad, la familia de Fonseca se preocupa de
que no se haga justicia en su caso, ni en otros que tienen que ver con
las fuerzas de seguridad.
Las
demostraciones en contra de la corrupción se han desatado por todo
Honduras días después de las polémicas elecciones presidenciales, cuando
el actual presidente, Juan Orlando Hernández, superó lo que
funcionarios de las elecciones habían calificado previamente como una
“ventaja irreversible” por parte de su rival, Salvador Nasralla, del
partido de la oposición, la Alianza Contra la Dictadura.
La
Embajada de Estados Unidos reconoció como legítimos los resultados de
las elecciones presidenciales de noviembre. Sin embargo, observadores de
la Organización de Estados Americanos (OEA) pidieron ir a una segunda
vuelta luego de documentar muchas irregularidades y evidencias de fraude
electrónico.
Algunas
de las más grandes demostraciones contra el presunto fraude tuvieron
lugar en Villanueva, el barrio donde vivía Fonseca, un área pobre
localizada en la falda de una montaña en las afueras de Tegucigalpa, la
capital del país. Varias docenas de manifestantes ocuparon la calle
principal, a más o menos media milla de la casa de la familia Fonseca el
día que mataron a Kimberly. Quemaron neumáticos para bloquear el
tráfico, corearon consignas en contra del gobierno, esgrimieron
pancartas y banderas y encendieron cohetes, dijeron testigos.
La
Policía Nacional trató de razonar con quienes protestaban, en un inicio
permitiéndoles llevar a cabo su demostración, según dijo Martínez. Pero
a alrededor de las 7 p.m., entró en acción la Policía Militar con
garrotes y gases lacrímogenos para tratar de dispersar la manifestación.
La mayoría de los manifestantes huyeron para ponerse a salvo de los
gases, dijo Martínez, pero unos cuantos no se movieron.
Después
de los gases lacrímogenos, la Policía Militar comenzó a disparar contra
la muchedumbre, dijo Martínez. Carlos Fonseca, padre de Kimberly
Fonseca, tenía una vista perfecta de lo que estaba ocurriendo desde la
sala de su casa. Fonseca dijo que en algún momento después de las 7
p.m., las balas comenzaron a llover contra su cerca.
“Parecía una guerra”, dijo. “Los manifestantes no les temían a las balas. Los sacaban de la calle y al rato volvían”.
Al
rato, dijo la familia, Kimberly comenzó a preocuparse por su hermano
Eduardo, quien pensó estaba entre los que protestaban. Kimberly y una
amiga, Kevin Vásquez, salieron a la calle para buscar a Eduardo y
llevarlo a la casa. Según Vasquez, ella y Kimberly estaban a favor de
los manifestantes, pero pensaban que era muy peligroso participar, de
modo que se mantuvieron alejadas de la protesta, aún buscando a Eduardo
cuando comenzó el horario del toque de queda.
“Eran
cerca de las 11 de la noche, y tratábamos de encontrarlo, cuando de
repente la Policía Militar llegó de la nada y empezó a tirar”, le dijo
Vásquez al Miami Herald. “Todo el mundo empezó a correr, pero Kimberly
corrió en la otra dirección y fue entonces cuando le dieron el balazo”.
Kimberly Fonseca ya estaba muerta cuando Vásquez llegó a su lado. “Es el peor momento de mi vida”, dijo.
Desde la casa de Fonseca, la hermana mayor, Luysa, y su padre escucharon el disparo del fusil y los gritos.
“Escuchamos
los gritos de que la habían matado”, dijo Luysa. “Le dije a mi papá que
llamara a Kimberly por teléfono, pero la llamamos y llamamos y nunca
respondió”.
Aterrada,
Luysa Fonseca salió descalza corriendo de la casa. Cuando llegó a la
calle principal, nadie podía mirarla de frente. Varias personas le
señalaron el lugar donde yacía su hermana, cerca del puente de peatones,
sin respirar, pero con los ojos aún abiertos. Una mancha de sangre
oscura le cubría la cabeza y el torso.
“Cuando
la vi tirada en el suelo en aquel charco de sangre, me desmayé”, dijo
Luysa Fonseca. Tras recobrar el conocimiento, se acercó corriendo a su
hermana. “Cuando la sujeté, noté que tenía un agujero enorme en la parte
de atrás de la cabeza”.
Antes
de que la familia pudiera mover el cuerpo sin vida de Kimberly, llegó
un camión lleno de efectivos de la Policía Militar y disparó hacia el
lugar donde estaban, para obligarlos a despejar la calle. Horas más
tarde, el cadáver fue recogido por un equipo de Medicina Forense.
Aunque
la Policía Militar es quien está más implicada en las muertes de los
manifestantes, observadores de la COFADEH también atribuyen la brutal
violencia con que se reprimen las protestas a la Policía Nacional y al
Ejército.
La
Ley Leahy, una enmienda de 2008 a la Ley de Asistencia Extranjera, que
redactó y patrocinó el senador Patrick Leahy, demócrata por Vermont,
prohíbe la ayuda norteamericana a cualquier fuerza extranjera de
seguridad que se vea envuelta en graves abusos de derechos humanos.
“Este
caso, así como otros de manifestantes que hayan sido asesinados o
heridos, debería ser minuciosamente investigado”, dijo Leahy en un
correo electrónico. “Es responsabilidad del gobierno de Honduras. Por
otra parte, las unidades de la policía que le hayan disparado a
manifestantes desarmados deberían ser inelegibles para cualquier tipo de
ayuda nuestra bajo la Ley Leahy”.
Casi
dos semanas después de la muerte de Kimberly Fonseca, su padre recibió
una extraña llamada telefónica de un hombre que dijo llamar de parte de
la Embajada de Estados Unidos y que solo se identificó como Manuel, sin
decir el apellido. “Estamos llamando con referencia al caso de Kimberly
Fonseca”, le dijo Manuel a Carlos Fonseca. “Estamos trabajando en un
proyecto para ayudar a las familias”.
Era
el 13 de diciembre por la mañana, y Manuel le dijo a Fonseca que quería
ofrecerle a la familia becas para los otros hijos, así como materiales
para la construcción de la casa, hecha precariamente de planchas de
metal y de madera. Cuando Fonseca preguntó qué quería a cambio, Manuel
respondió: “Los casquillos de las balas”.
Inmediatamente después del ataque a tiros contra la multitud, la familia y amigos de Kimberly Fonseca se encargaron de recoger docenas de casquillos de fusil que habían quedado desperdigados por la calle para usarlos como evidencia potencial y de este modo poder conectar a la Policía Militar con la muerte de la joven.
“Si
no hay pruebas, pueden decir que no pasó nada”, dijo Carlos Fonseca. La
Oficina de la Fiscalía ya trató de culpar la muerte de Kimberly a una
lata de gas lacrímogeno.
Cuando
Fonseca llegó al sitio que le dijeron tendría lugar la reunión con
Manuel, lo encontró recostado contra una camioneta Toyota que tenía
placas privadas, no las placas diplomáticas que utiliza la embajada
norteamericana. El tal Manuel no le mostró a Fonseca ninguna
identificación que demostrara que tenía algo que ver con la embajada.
Estaba vestido con una camiseta polo de color azul con rayas blancas y
una chaqueta negra. Otro hombre con gafas oscuras esperaba en una
camioneta de color gris.
“Creo
que eran de la policía hondureña”, dijo nerviosamente Carlos Fonseca
después de la reunión, que presenciaron un reportero y un fotógrafo.
Fonseca no le entregó a Manuel los casquillos.
Carlos
Fonseca dijo que al día siguiente estaba manejando su auto cuando la
camioneta gris de Manuel comenzó a seguirlo muy de cerca. Poco después,
Fonseca estacionó y se fue del área a pie. Esa tarde, le entregó los
casquillos a la Oficina de la Fiscalía.
Durante
tres semanas, el Miami Herald trató de obtener documentos sobre el caso
de Kimberly Fonseca de la persona que se encarga de la investigación,
Luis Cardona, de la Unidad Especial de la Oficina de la Fiscalía
dedicada a investigar los delitos de la la Policía Militar. El portavoz
de Cardona debía entregar el reporte de la autopsia, pero hasta el
momento no ha respondido las llamadas que se le han hecho.
“No
tengo confianza en la forma en que la Oficina de la Fiscalía está
manejando el caso”, dijo Brenda Cruz, abogada de la familia, quien luego
agregó que todavía no ha recibido el reporte de la autopsia, a pesar
del derecho legal de la familia a tener una copia.
En
enero de 2017, las Naciones Unidas fustigó a la Oficina de la Fiscalía
por no cumplir con su investigación en un caso similar.
“No creo que veremos justicia para Kimberly Fonseca”, dijo su amiga Vásquez. “Hay muchos casos parecidos y no ha ocurrido nada”.
https://criterio.hn/2018/01/07/familia-kimberly-dayana-fonseca-asesinada-las-protestas-honduras-clama-justicia/
- La oposición recibe piedras y garrotes desde Venezuela
- Viaje al país más violento
No hay comentarios :
Publicar un comentario