Tomado de: nuevatribuna.es
La
situación extrema que vive Honduras solo se puede solucionar devolviendo
la decisión a los ciudadanos para fortalecer su confianza en el Estado
de Derecho, manifiesta JpD
Jueces
para la Democracia afirma que en Honduras se ha consumado “un nuevo
golpe de Estado al intentar legitimar un resultado producto del fraude
institucional y la manipulación informática en el recuento de los
votos”, tras la proclamación como presidente de Juan Orlando Hernández.
Tras las
elecciones del pasado 26 de noviembre, el órgano electoral ha decidido
proclamar al candidato nacionalista pese a las protestas sociales y a
las denuncias internacionales, entre las que se cuenta un durísimo
informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se dio a
conocer el 5 de diciembre y en el que constataba “irregularidades” en la
celebración de las elecciones presidenciales.
En un
comunicado, la asociación de jueces progresistas considera necesario la
repetición de elecciones, “en el marco del más estricto respeto al
Estado de Derecho y con las garantías de un Tribunal Electoral que goce
de capacidad técnica y de la confianza de la ciudadanía”, al tiempo que
recuerda que el presidente proclamado tenía una prohibición
constitucional para repetir como candidato.
“El
apagón del sistema informático del recuento de votos, escrutadas casi el
60% de las papeletas, cuando el candidato opositor (Salvador Nasralla,
en la imagen) mantenía una ventaja de cinco puntos sobre el oficialista y
su reanudación posterior dando ya una ventaja inversa de un punto,
provocó la indignación de una ciudadanía acostumbrada al ejercicio
despótico del poder, por unas autoridades que se identifican en el golpe
de Estado de junio de 2009*”, señala JpD.
Y es que
el proceso de recuento de papeletas “estuvo plagado de irregularidades y
deficiencias”, entre las que destacan las “intrusiones humanas
deliberadas en el sistema informático”, la “eliminación deliberada de
rastros digitales, valijas de votos abiertas o sin actas, improbabilidad
estadística extrema respecto de los niveles de participación dentro del
mismo departamento y papeletas de voto de reciente impresión”, según el
informe de la OEA.
Los
jueces también denuncian “la represión desproporcionada y violenta
contra los actos de protesta social” que se siguen produciendo en el
país y que ha causado la muerte de al menos dieciocho personas.
“El
proceso fraudulento del recuento de votos ha vuelto a sumergir a
Honduras en una situación de violencia extrema y ha provocado una nueva
ruptura de la ya débil institucionalidad hondureña”, advierten.
Comité de la OEA en Honduras
JpD
también manifiesta su apoyo y solidaridad con las “víctimas de la
impunidad” y con “los jueces y juezas que no pueden ejercer su función
de control de forma independiente” y avisan de que “la situación de
impunidad en la que vive el país supone un peligro para los derechos
humanos más elementales.
En este
sentido, recuerdan que en Honduras se han asesinado 65 periodistas en
los últimos siete años; “se asesina impunemente a dirigentes sociales”,
entre ellos la conocida dirigente medioambientalista, Berta Cáceres y
se dejan de investigar casos de desapariciones forzadas: “Un Estado que
destituye a los jueces comprometidos con la democracia y el Estado de
Derecho y que no ejecuta las sentencias de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos que obliga a su reincorporación y que sufre unos
niveles de violencia insoportables”, concluyen.
https://criterio.hn/2017/12/19/jueces-espanoles-denuncian-golpe-estado-perpetrado-honduras/
Intelectuales estadounidenses piden a su gobierno a apoyar al pueblo hondureño
Si los Estados Unidos
guardan silencio o respaldan los resultados del desacreditado TSE, la
crisis se profundizará y Honduras será más ingobernable y vulnerable a
un gobierno autoritario, poniendo en peligro tanto la democracia como
los derechos humanos.
Por: Redacción CRITERIO
Diciembre 19,2017 / redacción@criterio.hn
Tegucigalpa.-
En una carta enviada a la encargada de negocios de la embajada de
Estados Unidos en Honduras, un nutrido grupo de intelectuales
norteamericanos piden al gobierno de su país que respaldo al pueblo
hondureño denunciando el fraude del TSE y apoyando a la Organización de
Estados Americanos (OEA), en su petición por un nuevo proceso electoral.
18 de diciembre de 2017
Heidi B. Fulton, Encargada de Negocios Embajada de los Estados Unidos Tegucigalpa, Honduras
Estimada Encargada de Negocios Fulton:
Honduras
se encuentra en medio de una profunda crisis constitucional e
institucional. Le instamos a usted y a los Estados Unidos a que adopten
una posición clara y de principios sobre los siguientes temas de
democracia, derechos humanos y un camino para salir de la espiral de la
crisis.
1.La integridad del proceso democrático
Las
irregularidades antes, durante y después del proceso electoral ha
generado serias denuncias de fraude y ha puesto en cuestión la
integridad y la credibilidad del actual proceso electoral en Honduras.
Más del setenta y siete por ciento de la población carece de confianza
en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la máxima autoridad electoral
del país.
El
Informe Preliminar de la Misión Observadora Electoral (MOE) de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó incertidumbre en
los resultados finales de las elecciones debido a las “irregularidades,
errores y problemas sistémicos que afectan esta elección”. Observadores
independientes de los Estados Unidos también fueron testigos de
múltiples irregularidades. Empañando todo el proceso es el hecho de que
el TSE está dominado y controlado por el Partido Nacional del Presidente
Juan Orlando Hernández, ya que sus miembros fueron nombrados por el
Congreso controlado por el Partido Nacional.
El presidente del TSE es David Matamoros Batson, el ex secretario general del Partido Nacional. Una
de las irregularidades más atroces que agregó gravemente a las
acusaciones del fraude ocurrió en la noche de las elecciones. Luego de
que el MOE instó al TSE a que emitiera los resultados de las actas el
momento de su ingreso, el TSE anunció que con más del 57% de los votos
contados, el candidato de la oposición, Salvador Nasralla, tenía una
ventaja del 5% sobre el actual presidente Hernández. De repente, el
servidor del TSE cayó y muchos de las actas restantes de las mesas
electorales se entregaron personalmente en lugar de enviarse por fax
como exige la ley. Cuando se restauró el sistema y se reanudó el conteo,
tres días después, el TSE actualizó los resultados, mostrando que
Hernández sorpresivamente había cerrado la brecha y estaba ganando.
Este
hecho por sí solo cuesta creerlo, y mucho menos cuando se considera en
las turbias circunstancias que lo rodean, y amerita una investigación
independiente. El pueblo respondió con protestas masivas, acusaciones de
fraude y repudio popular al papel del TSE en el proceso.
Anoche el
MOE emitió su informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones
formuladas para el proceso de verificación, y la Secretaría General de
la OEA concluyó que las irregularidades y deficiencias en el proceso,
sumadas a la estrecha diferencia de votos “hacen que sea imposible
determinar con la certeza necesaria” el ganador “, y pidió nuevas
elecciones generales.
Por
lo tanto, instamos a que la Embajada de Estados Unidos solicite una
investigación completa e independiente sobre las irregularidades
ocurridas antes, durante y después de las elecciones; el papel y las
acciones de los miembros del TSE con respecto a esas irregularidades; y
la relación del gobernante Partido Nacional de Juan Orlando Hernández
con ese proceso.
Instamos
a que la Embajada y a los Estados Unidos se unan a la Secretaría
General de la OEA en el llamado de convocar a nuevas elecciones
generales.
2.Respeto por los Derechos Humanos
En
respuesta a las protestas populares, el gobierno impuso un toque de
queda y suspendió los derechos constitucionales. El gobierno no siguió
las formalidades constitucionales para tomar la acción. Posteriormente,
la Secretaría General de la OEA determinó que la medida era
desproporcionada, no cumplía con los estándares constitucionales e
internacionales, y solicitó al gobierno levantar inmediatamente el toque
de queda y restablecer las plenas garantías constitucionales.
Las
fuerzas de seguridad del gobierno respondieron reprimiendo de manera
indiscriminada y desproporcionada las protestas. Las fuerzas de
seguridad son responsables de hasta 20 muertes, decenas de heridos y más
de 1,500 detenciones ilegales de personas, la mayoría de ellos jóvenes,
incluidos menores de edad.8 Los testimonios de protestantes y las
imágenes de video demuestran que las fuerzas de seguridad del gobierno
dispararon gases lacrimógenos y municiones vivas indiscriminadamente
contra los manifestantes, transeúntes y dentro de las casas.
Las
personas detenidas han sido torturadas y sometidas a un trato inhumano,
incluida la inmersión en cubetas de agua, palizas y amenazas de
desaparición forzosa. Entre los heridos están ancianos, madres
embarazadas y lactantes, y niños pequeños. Las fuerzas de seguridad han
amenazado a los periodistas que informan sobre los incidentes, y manos
criminales sabotearon la torre de transmisión de Radio Progreso en
Tegucigalpa, lo que la dejó fuera de servicio en la capital. Aunque el
gobierno levantó el toque de queda el 10 de diciembre, el patrón de
represión de las actuales protestas pacíficas de indignación y repudio
no ha disminuido, y de hecho han empeorado en los últimos días.
Los
informes en vivo y las redes sociales han documentado que la policía
militar entra a los hogares, golpea a los residentes, dispara a las
multitudes y ha comunicado apasionadas súplicas de individuos en nombre
de sus seres queridos que están heridos, muertos, detenidos o
desaparecidos. En ningún caso, el uso de la fuerza letal contra los
manifestantes ha sido justificado bajo estándares internacionales.
Instamos
a la Embajada a condenar al gobierno de Honduras por no proteger y
respetar los derechos a la vida, la seguridad personal, la libertad de
expresión, la libertad de asociación y el debido proceso, y a solicitar
una investigación completa de estas violaciones de derechos humanos y el
castigo de los responsables.
3.Como apoyar un camino hacia adelante
El
proceso preelectoral fue distorsionado en el momento que Juan Orlando
Hernández se postulo ilegalmente para la reelección, violando de la
Constitución hondureña. Mientras era presidente del Congreso Nacional,
Hernández tuvo una influencia significativa en los nombramientos de la
mayoría de los jueces sentados en la Corte Suprema de Justicia. La Corte
Suprema se puso del lado de los representantes del Partido Nacional en
su amparo contra la prohibición constitucional de reelección, enmendando
efectivamente la Constitución sin el necesario plebiscito del pueblo.
La interpretación de la Corte Suprema de las leyes internacionales de
derechos humanos para anular la prohibición constitucional contra la
reelección es una burda distorsión de ese cuerpo de derecho sin
precedentes legales.13 El MOE observó que la forma en que la Corte
Suprema habilitó la reelección a través de un fallo judicial era
irregular y una mala práctica en el contexto de los Estados americanos.
La
crisis actual refleja, amplía y profundiza la crisis constitucional e
institucional provocada por el golpe de Estado de 2009. Hernández ha
impuesto un control sin precedentes de las instituciones estatales y las
tres ramas del gobierno. En muchos sentidos, la votación fue un
referéndum sobre el intento de Hernández de permanecer en el poder, a
pesar de la ventaja inherente que se derivaba de su autoridad y control
de la maquinaria electoral. Estamos presenciando un movimiento de
protesta creciente, popular e insurreccional contra la autoridad
electoral gobernante en defensa del voto popular. Si bien este
movimiento es notablemente restringido y no violento, la respuesta
violenta y desproporcionada de los militares y la policía contra su
propio pueblo continúa escalando el conflicto.
El 17
de diciembre, el TSE declaró a Hernández ganador de las elecciones.
Poco después, el MOE emitió su informe sobre el cumplimiento de las
etapas recomendadas para el proceso de verificación, y el Secretario
General de la OEA emitió su declaración llamando a nuevas elecciones. El
Secretario General reiteró los hallazgos del MOE:
Intrusiones
humanas deliberadas en el sistema informático, eliminación intencional
de rastros digitales, la imposibilidad de conocer el número de
oportunidades en las que se violó el sistema, bolsas de votos abiertas o
sin votos, la extrema improbabilidad estadística con respecto a los
niveles de participación dentro del mismo departamento , las papeletas
recientemente impresas y las irregularidades adicionales, sumadas a la
estrecha diferencia de votos entre los dos candidatos más votados, hacen
que sea imposible determinar con la certeza necesaria el ganador.
Nota relacionada Demora del TSE es poco ortodoxa, inexcusable y especialmente preocupante: Intelectuales del mundo
Si los
Estados Unidos guardan silencio o respaldan los resultados del
desacreditado TSE, la crisis se profundizará y Honduras será más
ingobernable y vulnerable a un gobierno autoritario, poniendo en peligro
tanto la democracia como los derechos humanos. Por lo tanto, instamos a
que la Embajada y a los Estados Unidos apoyen la organización de nuevas
elecciones en virtud de la Carta Democrática Interamericana por parte
de la Organización de los Estados Americanos, junto con una enérgica
defensa y exigencia del respeto de los derechos humanos. Esto
proporcionará un camino para que todos los sectores de la sociedad
hondureña lleguen a un nuevo consenso y pacto social, con elecciones
auténticas, libres, justas y transparentes, en un clima de respeto a los
derechos humanos, para mover a Honduras más allá de la actual crisis
constitucional e institucional.
Cc: Rex W. Tillerson, Secretario de Estado
Francisco Palmieri, Principal Subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental
Respetuosamente,
Joseph
Berra JD University of California, Los Angeles (UCLA) Suyapa Portillo
Villeda PhD Pitzer College Shannon Speed PhD University of California,
Los Angeles (UCLA) Juanita Darling PhD San Francisco State University
Alicia Estrada PhD California State University, Northridge Kency Cornejo
PhD University of New Mexico Giovanni Batz PhD Miami University Alicia
Maria Siu MS/MD University of California Davis Diana Rubi Other Monmouth
College Yomaira Figueroa Vasquez PhD Michigan State University Dante
Alencastre Other Columbia university Judith Morel PhD UPNFM Carolyn
Fornoff PhD Lycoming College Lisa Kowalchuk PhD University of Guelph
Jocelyn Olcott PhD Duke University 15 Declaración del Secretario de la
OEA, Luis Almagro. Elizabeth Crespo PhD Universidad de Puerto Rico Marc
Becker PhD Truman State University M.Brinton Lykes PhD Boston College,
Center for Human Rights & International Justice Judith Sierra Rivera
PhD The Pennsylvania State University Daniel Cerdas Sandí PhD
Universidad de Costa Rica Lizzette Rodriguez PhD University of Puerto
Rico Jillian Baez PhD College of Staten Island-CUNY Joanne Rappaport PhD
Georgetown University Emilio del Valle Escalante PhD Univ. of North
Carolina at Chapel Hill Margaret Cerullo Other Hampshire College
Margaret Power PhD Illinois Tech Nicholas Copeland PhD Virginia Tech
Richard Stahler-Sholk PhD Eastern Michigan University Ethel Garcia
Buchard PhD Universidad costa rica Lidia Possas PhD UNESP Brasil Carlota
McAllister PhD York University Margarita Estrada Iguiniz PhD
CIESAS-Ciudad de México Amador Roman MS/MD New York City College of
Technoloy/CUNY Aaron Pollack PhD CIESAS-Sureste Zoya Kocur PhD
Independent Scholar Jennifer Casolo PhD Universidad Rafael Landivar
Cristina Serna PhD Colgate University Manuela Picq PhD Amherst College
Hiroshi Motomura JD University of California, Los Angeles (UCLA) Lena
LAVINAS PhD Federal University of Rio de Janeiro Rosalva Aida Hernandez
Castillo PhD CIESAS Mexico Thomas Ward PhD Loyola University Maryland
Federico Subervi PhD Kent State University (retired) Jo-Marie Burt PhD
George Mason University Leisy Abrego PhD University of California, Los
Angeles (UCLA) Pamela Voekel PhD Dartmouth College Carmen Gregorio Gil
PhD Universidad de Granada Marcia Ochoa PhD University of California,
Santa Cruz Bernardita Llanos PhD Brooklyn College, CUNY Martha Matsuoka
PhD Occidental College David Hernandez Palmar Other CLACPI Brinda
Sarathy PhD Pitzer College Valeria Grinberg PhD Bowling Green State
University Reena Goldthree PhD Princeton University Beatriz Padilla PhD
Instituto Universitario de Lisboa Duane Oldfield PhD Knox College Peter
Wade PhD University of Manchester Elizabeth Velasquez PhD University of
Texas at Austin Dr. Brent Metz PhD University of Kansas Liv Sovik PhD
Universidade Federal do Rio de Janeiro Carlota McAllister PhD York
University Ethan Johnson PhD Portland State Miguel Tinker Salas PhD
Pomona College Alcira Forero Pena PhD CUNY Lillian Horin Other Harvard
University Jan Rus PhD Centro de Estudios Superiores de México y
Centroamérica, Chiapas, México Sheila R. Tully PhD San Francisco State
university Jose Rubio-Zepeda MS/MD University of Texas at Austin Kevin
Coleman PhD University of Toronto Rahsaan Mahadeo ABD University of
Minnesota Josephine Herman Other Harvard Law School Mary O’Connor PhD
University of California, Santa Barbara Guadalupe Bacio PhD Pomona
College Teresa Valdes Other Observatorio de Género y Equidad Ethel Jorge
PhD Pitzer College Gerardo Otero PhD Simon Fraser University,
Vancouver, Canada Rachel Sieder PhD CIESAS, Mexico Carme Valdivia ABD
University of California, Davis Steven Osuna PhD California State
University, Long Beach Maryellen Garcia PhD University of Texas at San
Antonio Diana Sierra Becerra PhD Smith College Jacqueline Diaz Other
University of California, Merced Deborah Berman Santana PhD Mills
College Susanne Jonas PhD University of California, Santa Cruz (r)
Ursula Roldán PhD Rafael Landivar Ana Maurine Lara PhD University of
Oregon Luis Mejia PhD none John L. Hammond PhD Hunter College and
Graduate Center CUNY William Martinez PhD University of California, San
Francisco Jan Flora PhD Iowa State University (emeritus) Cornelia Flora
PhD Iowa State University/Kansas State University Katherine Hoyt PhD
Alliance for Global Justice Gilda Ochoa PhD Pomona College Fernando
Galeana MS/MD Cornell University Lety Elvir PhD UNAH Ester Hernandez PhD
California State University, Los Angeles Freya Schiwy PhD University of
California, Riverside Karen Musalo JD U.C. Hastings Emilie Bergmann PhD
Universidad de California, Berkeley Christopher Loperena PhD University
of San Francisco Adriana Johnson PhD University of California, Irvine
Carole Browner PhD UCLA Kate Kedley PhD Rowan University Francesca Ochoa
Other CSULA Roselyn Costantino PhD PSU Concepcion Martinez PhD
Universidad Autónoma de Baja California Marjorie Madden PhD Rowan
University Adriana Piatti-Crocker PhD University of Illinois at
Springfield Betania Santos MS/MD California state university, Los
Angeles Margarita CHaves PhD Instituto Colombiano de Antropología e
Historia David Chilin PhD University of California, Los Angeles (UCLA)
Shannon Gleeson PhD Cornell University Shannon Gleeson PhD Cornell
University Robert Andolina PhD Seattle University Liset Ramirez Other
Scripps College Cecilia Menjivar PhD University of Kansas Paul Almeida
PhD University of California, Merced Rosa-Linda Fregoso PhD University
of California Yesenia Martínez MS/MD UNAH Marjorie Zatz PhD University
of California, Merced Stephanie Fetta PhD Syracuse University Ellen
Walsh PhD Governors State University Kendra McSweeney PhD The Ohio State
University Jonathan Fox PhD American University Hugo Ceron PhD Lehigh
University Alicia Miklos PhD Texas Tech University Roberto Briceño
Jiménea MS/MD Universidad Nacional Autónoma de Honduras Alberto Martín
Alvarez PhD Instituto Mora Mirna Patricia Medina Lainez Other
Universidad pedagogica FM Kimberly Gauderman PhD University of New
Mexico Rodolfo Pastor Fasquelle PhD El Colegio de Mexico John Soluri PhD
Carnegie Mellon University Raymond Craib PhD Cornell University
Guadalupe Escobar PhD New York University Millie Thayer PhD University
of Massachusetts, Amherst Catherine Benamou PhD University of California
-Irvine Carol Ready PhD Boston University Sandra C. Alvarez PhD Chapman
University Laura Nussbaum-Barberena PhD Roosevelt University Victoria
Banales PhD Cabrillo College Alvaro Huerta PhD California State
Polytechnic University, Pomona Emily Rosser PhD University of Windsor
Alba Solis Other Massachusetts College of Art and Design Alfonso
Gonzales PhD University of California Riverside Ben Manski JD University
of California Santa Barbara Chris Zepeda-Millan PhD UC Berkeley
Meredith F. Coleman-Tobias PhD Emory University Andrew Winters, MPH
MS/MD City Univesity of New York Nora Hamilton PhD University of
Southern California Anthony Jerry PhD University of California Riverside
Adalberto Santana PhD UNAM James Brennan PhD University of California,
Riverside Lilian Davila PhD University of California Merced Albert Ponce
PhD Diablo Valley College Alina Mendez PhD University of California San
Diego William Ramirez Other New York University Sayra Pinto, PhD, MFA
PhD Wild Acres Leadership Initiative Rebecca Galemba PhD University if
Denver Andrew Turner PhD Yale Jennifer Carcamo Other UCLA Piya
Chatterjee PhD Scripps College Ruben Rumbaut PhD University of
California, Irvine Martha Gonzalez PhD Scripps College Ainhoa Montoya
PhD University of London Jennifer Goett PhD Michigan State University
Juan Agulló PhD UNILA (Brazil) Angus McNelly PhD Queen Mary University
of London Jose Zapata Calderon PhD Pitzer College (emeritus)
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