Redaccion CRITERIO / Noviembre 16,2017
Por: Hugo Noé Pino
Los
hondureños decidiremos en pocos días, quién gobernará el país en los
próximos cuatro años. Este proceso electoral tiene, como novedad, la
candidatura ilegal del actual presidente, lo cual exige revisar la
herencia en diversos campos de la administración actual.
Más de
cien leyes fueron aprobadas entre diciembre 2013 y enero 2014 con el fin
de darle mayores poderes al ejecutivo. Algunas de ellas nunca llegaron
al pleno del Congreso Nacional. Esto ha contribuido a concentración de
poder en el Ejecutivo y a la inseguridad jurídica.
En el
ámbito económico se repite insistentemente cómo se ha estabilizado la
economía después de una terrible crisis fiscal cuyo punto máximo fue un
déficit fiscal de 7.9% del PIB en 2013.
El FMI, las calificadoras de
riesgos y algunos empresarios nacionales se refieren a los grandes
logros de la estabilización económica con la reducción del déficit
fiscal; sin embargo, olvidan que eso déficits fueron producto del manejo
irresponsable de las finanzas públicas de parte del partido Nacional en
el gobierno anterior (el Congreso Nacional por ley es la institución
que debe velar por el buen manejo del presupuesto). Además, muchos de
esos recursos fueron utilizados en la propaganda política para ganar las
elecciones, por ejemplo, los mil millones de lempiras comprados en
cemento y derrochados en todo el país.
La
reducción del déficit también se dio, entre otras cosas, aumentando
impuestos, tarifas de servicios públicos como la electricidad,
reduciendo subsidios, despidiendo empleados públicos; se deterioraron
fuertemente los servicios de salud y educación; la prometida
generalización de la seguridad social nunca se llevó a cabo. Pero a los
grupos económicamente fuertes se les aumentaron las ya generosas
exoneraciones (grandes productores agropecuarios, empresarios grandes en
turismo), se les facilita la evasión de impuestos con la renta
territorial, se aprueba un código tributario a su medida, se les
subsidia su planilla de trabajadores con el programa con Chamba Vivís
Mejor, se les construye infraestructura para aumentar sus ganancias,
aunque no generen empleos ni paguen impuestos.
En todo
este proceso, el país se endeuda hasta alcanzar el 50% del Producto
Interno Bruto; de esta deuda se han pagado, en promedio, cerca de 30 mil
millones de lempiras en los últimos cuatro años, siendo esa cantidad
más de dos veces el presupuesto anual de salud y más que el presupuesto
de educación. Estos enormes flujos de pago de la deuda se mantendrán en
los próximos años (35 mil millones en 2018) y representan entre el 20% y
25% del gasto total del gobierno central.
En
materia de transparencia el gobierno actual hereda la Ley de
Secretividad que impide que organizaciones como el Consejo Nacional
Anticorrupción pueda acceder a información necesaria para realizar las
investigaciones correspondientes. Esta ley también impide a la
ciudadanía en general el derecho de conocer cómo se manejan los fondos
públicos. La opacidad en el manejo de los ingresos del gobierno se
complementa con el establecimiento de más de 50 fideicomisos, cuyo
objetivo es el uso discrecional del dinero para los fines políticos y
que se presta fácilmente para actos de corrupción. Solamente en el
gobierno central existen más 12,000 millones de lempiras en fideicomisos
(2% del PIB).
Los
bienes públicos se han comprometido en “concesiones” público-privadas de
20 y 30 años sin mayor discusión y transparencia, lo que en el futuro
acarreará mayores costos al público en comparación si el gobierno las
hubiese hecho directamente. A esto habría que agregar el uso
discrecional y arbitrario de los recursos de los fondos de pensiones en
proyecto del gobierno, tanto en BANPROVIH, el círculo cívico
gubernamental y otros proyectos similares. Para ello se utilizan
recursos del IHSS, del INJUPEM, del IMPREMA y de otras organizaciones de
previsión social, poniendo en riesgo las pensiones futuras y sin que
los dueños de esos dineros, que son los trabajadores y empleados
públicos, hayan autorizado su uso.
Lo que el
gobierno nacionalista no ha podido hacer en ocho años, ahora lo
presenta como promesas de campaña en las próximas elecciones: crear más
trabajos y aumentar los presupuestos de salud y educación. El Plan
20-20, que ni es plan, ni tiene objetivos, metas, programas, proyectos,
actividades claramente definidos, no es más que un caballo de Troya para
buscar ganar las elecciones. La pregunta es por qué no hizo todo esto
antes. Además, las cifras de creación de empleo y de inversión, que
presentan en el Plan 20-20, son totalmente inconsistentes con la
realidad de la economía nacional, pura propaganda electoral.
En
resumen, el partido de gobierno, y la candidatura ilegal que presentan,
le dejan al país una herencia cuyo resultado ha sido: mantener los
niveles de pobreza y desempleo, profundizar la desigualdad en Honduras,
debilitar el Estado de derecho, precarizar la gobernabilidad, y en
general, debilitar la democracia. En los votos del pueblo hondureño está
la decisión de continuar por una senda equivocada o buscar alternativas
que mejoren su situación; la Alianza de Oposición contra la Dictadura
es la mejor.
http://criterio.hn/2017/11/16/quien-votar-la-herencia-del-presente-gobierno/
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