Agencias / EL LIBERTADOR / Washington, EE.UU.
Según
el reporte de las máximas autoridades en protección de derechos humanos
de Honduras y El Salvador, Estados Unidos podría deportar en los
primeros meses de 2018 un estimado de 252 mil centroamericanos.
La
amenaza está para Honduras, El Salvador y Nicaragua, y para estos
entes, si eso se concreta causará un impacto a nivel regional, por las
precarias condiciones sociales de estos países, sobre todo, en los dos
primeros.
El
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh),
Roberto Herrera Cáceres, advirtió que en el sistema interamericano de
derechos humanos la expulsión masiva “no es admitida”.
Mientras
que la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de El
Salvador, Raquel Caballero de Guerra, dijo que está demostrado que la
inmigración tampoco es una carga económica o social para EE.UU. sino
“una importante contribución” a la social.
Los
pronunciamientos de estos defensores, son en base a la especulación que
hay con el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en
inglés), ya que el presidente de esa nación, Donald Trump, tendrá que
tomar una decisión este fin de semana.
Trump
se debate entre aceptar o rechazar dar prorroga al TPS, en caso de una
respuesta negativa, al menos 57 mil hondureños, 190 mil salvadoreños y
cerca de cinco mil nicaragüenses, están a expensas de ser deportados.
Cabe
destacar que el TPS fue un sistema de apoyo otorgado a Honduras y
Nicaragua en 1999, ya que estos países fueron abatidos por el Huracan
Mitch en 1998. El Salvador fue incluido en 2001 luego del terremoto que
sacudió ese país en ese mismo año.
La
extensión del TPS es algo que se acepta o rechaza cada 18 meses y en
los últimos años, EE.UU. también ha ofrecido ese sistema de apoyo a
Haití, Nepal, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria y Yemen.
La
inquietud a nivel regional emergió luego de que el gobierno de Trump
anunció a mediados de 2017 que los migrantes que viven en EE.UU. bajo
ese plan deberían pensar en retornar a sus países, porque sus beneficios
tampoco son indefinidos. El TPS concede residencia temporal en vez de
permanente, permite permanecer y trabajar legalmente y pagar impuestos,
entre otras ventajas.
Para
Honduras y El Salvador, se han desplegado misiones diplomáticas para
que se acepte continuar con el “auxilio”, ya que para estos países las
remesas representan el Producto Interno Bruto (PIB).
El
Banco Central de El Salvador reportó que de enero a septiembre de 2017,
ese país recibió 3,684 millones de dólares, mientras que el gobierno
hondureño afirmó que en 2016 se registró el ingreso de 3,949 millones de
dólares enviados desde EE.UU.
De
enero a junio de 2017, Honduras ha reportado que por remesas ha
recibido unos 2,178 millones de dólares, mostrando un aumento interanual
de 13.2 por ciento.
En
este contexto, las condiciones de violencia, inseguridad y crisis
económica en Honduras y El Salvador, son las causas principales que
generaron la migración desde hace varios años de salvadoreños y
hondureños a EE.UU., y los gobiernos no atacan el problema “porque lo
ven como negocio”, según organizaciones protectoras de migrantes. Hasta
junio de 2017, se deportaron a más de 22 mil "catrachos".
http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/internacionales/2503-250-mil-centroamericanos-en-riesgo-de-deportacion-de-ee-uu
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