Redacción Central / EL LIBERTADOR / Publicado: 17 Agosto 2017
De
acuerdo con el comunicado publicado por el Movimiento Amplio por la
Dignidad y la Justicia, MADJ, en la agresión violenta escenificada el
pasado 4 de agosto en el sector de Pajuiles, el Coordinador General del
MADJ, el joven Abogado Martín Fernández, fue atacado por una turba de
unos 20 individuos, supuestamente pagados para dicha acción, por la
empresa HIDROCEP.
En
la acción criminal, el Abogado Fernández fue golpeado en diferentes
partes de su cuerpo, especialmente en sus extremidades superiores e
inferiores, su espalda y su rostro como lo constatan las fotografías que
son parte del comunicado en mención. En dicho acto también fue golpeado
el señor Oscar Martínez, miembro igual del MADJ, a quien le robaron el
celular y que producto de los golpes permanece con severas lesiones en
su espalda y su pierna izquierda que le impide caminar con normalidad.
“Este
hecho es la reacción más abrupta y grave de parte de la empresa ya que,
en horas de la mañana de este día, el Movimiento Amplio convocó a un
plantón frente el Ministerio Público de Tela para presentar una carta
abierta a la entidad fiscal exigiendo castigue a la empresa HIDROCEP por
los daños ambientales causados en el Río Mezapa y la Cordillera Nombre
de Dios los cuales fueron constatados y reconocidos públicamente por el
Ministerio Público mediante dictamen emitido en agosto de 2016. A pesar
de todo eso, tanto el Ministerio Público como la policía han actuado de
manera cómplice con las ilegalidades bajo las cuales pretende seguir
funcionando la empresa” señala en su comunicado el Movimiento Amplio por
la Dignidad y la Justicia.
Acciones
como éstas que se repiten en diferentes partes del territorio nacional,
tienen su génesis en la irresponsabilidad estatal al otorgar
concesionamientos de territorios y fuentes de agua para la instalación
de industrias extractivas y proyectos hidroeléctricos, sin realizar
previamente verdaderos estudios del impacto ambiental de los mismos, ni
las consultas a las comunidades directamente afectadas para su
consentimiento.
Con
engaños y falsas promesas avaladas por funcionarios corruptos, estas
empresas inician sus operaciones, contratando unos pocos trabajadores de
las comunidades, quienes ante la escasez de empleos se vuelven aliados y
defensores de ellas, sin valorar los daños irreversibles al ambiente
que provocan y constituyen su letal herencia que dejan a su
descendencia.
El
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, es uno de los
resultados positivos que dejó la Huelga de Hambre de los Fiscales en
contra la Corrupción, realizada en los bajos del Congreso Nacional,
entre abril y mayo del 2008. Desde su constitución ha venido realizando
una lucha tenaz contra la corrupción y la impunidad en su afán de
procurar el acceso a la Justicia de los sectores más relegados de
nuestra población y por el rescate de su Dignidad como personas y como
pueblo.
Desde
entonces, el MADJ ha apoyado los esfuerzos de los Tolupanes en Yoro, en
su lucha por la recuperación de su territorio, sus recursos naturales y
la defensa y conservación de su cultura ancestral. Igual labor
desarrolla en el litoral Atlántico con las poblaciones que luchan contra
empresarios depredadores y funcionarios corruptos que merodean la
cordillera de Nombre de Dios y sus cristalinas fuentes de agua.
El
Abogado Martín Fernández es beneficiario de medidas cautelares
solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a causa
de las reiteradas y graves amenazas contra su vida y sus bienes que ha
sufrido desde antes de asumir la Coordinación del MADJ. Esta última
acción criminal en su contra muestra el desinterés del Estado de
Honduras y sus gobernantes por cumplir con su responsabilidad
internacional de proteger la vida y la integridad personal del Abogado
Fernández.
A
escasos 22 años del asesinato aún impune de Janeth Kawas, luchadora
ambiental y defensora de la Bahía de Tela, no queremos que Martín
Fernández sea la próxima víctima de los intereses mezquinos de quienes
se disputan los bienes naturales del Departamento de Atlántida.
ACI
PARTICIPA hace un respetuoso pero enérgico llamado al gobierno de la
República a que garantice la vida, la integridad personal y los bienes
del Abogado Martín Fernández y a la población en general que lucha por
sus derechos. Que actúe en consonancia con el informe de daño ambiental
en el Río Mezapa y la cordillera de Nombre de Dios señalado en el
informe presentado por el Ministerio Público. Pide además, que la
Policía Nacional y demás entes del Estado cesen ya de defender los
intereses particulares de los empresarios y se pongan al servicio de los
intereses generales del pueblo y su derecho a un ambiente sano.
Hace
un llamado, así mismo, a las organizaciones nacionales e
internacionales defensoras de los derechos humanos, a mantenerse alertas
y prestas a defender y denunciar las violaciones de los derechos de los
y las defensoras del ambiente. A los empresarios responsables y
honestos, les decimos que no estamos en contra de la inversión, lo único
que exigimos es que esta se haga respetando las leyes nacionales y
sobre todo los derechos humanos de la población, así como el respeto a
los ecosistemas y al derecho y uso de los bienes naturales de los
pobladores.
http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/2401-condenan-complicidad-estatal-en-ataque-contra-dirigentes-sociales
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