Por Marvin Palacios
Organizaciones articuladas en la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de
Sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Corte-IDH), preparan un encuentro con el estado de Honduras, para que
éste cumpla eficazmente lo dictado por el organismo continental en casos
emblemáticos de crímenes de lesa humanidad.
La Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias emitidas por el
Sistema Interamericano está por cumplir 2 años desde su creación en
julio de 2015. El espacio está conformado por el Equipo de Reflexión,
Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús, Caritas, La
Pastoral Penitenciaria de la iglesia Católica, el Comité de Familiares
de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el Centro de
Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus
Familiares (CPTRT) y Casa Alianza-Honduras.
Florencia Quezada abogada de CaritasLa abogada Florencia Quezada que trabaja en el área de derechos
humanos y prevención de violencia contra las mujeres de Caritas dijo a
www.defensoresenlinea.com que se está consolidando un esfuerzo
coordinado, en el cual, colectivamente se busca interpelar al Estado de
acuerdo a los parámetros que ya establece la ley y de acuerdo a las
responsabilidades que le han sido adjudicadas al Estado, en las
diferentes sentencias que están representadas en la mesa de seguimiento .
“Es evidente que de todas esas 10 sentencias que hasta este momento
tiene el Estado de Honduras, en todas, de alguna a otra manera, el
estado ha incumplido; primero ha incumplido en su parte indemnizatoria,
en el cumplimiento de los daños morales o no materiales, así como en los
daños materiales, y también ha incumplido en aquellos cambios
estructurales respecto de las sentencias”, explicó Quezada.
La procuradora de derechos humanos indicó que el estado debe poner en
práctica un efectivo mecanismo de protección de defensoría, implementar
los cambios estructurales en el sistema penitenciario y garantizar la
protección de los derechos de los ciudadanos al momento de sus
detenciones ilegales, entre otros aspectos.
“Entonces hemos visto que hay incumplimiento en casos que tienen que
ver con las víctimas directas que pueden ser las personas o familiares y
con aquellas medidas sociales, económicas y culturales que
beneficiarían a la ciudadanía en el sentido de respetar, en un sentido
amplio, los derechos humanos”, recalcó Florencia Quezada.
CARITAS llevó el caso ante el sistema interamericano junto al ERIC,
cuando 107 privados de libertad murieron calcinado a raíz de un
pavoroso incendio ocurrido el 17 de mayo de 2004, en el centro Penal de
san Pedro Sula.
Este hecho ha sido considerado como el segundo peor incendio en centros
penales de Honduras en toda la historia, después del Granja penal de
Comayagua acontecido en 2012.
César Luna hijo del ambientalista Carlos Luna López
En 2012, el gobierno hondureño fue condenado por la Corte Interamericana
de los Derechos Humanos, y el presidente Porfirio Lobo Sosa admitió
que el gobierno había tenido culpabilidad en este incendio debido a la
falta de infraestructura e inversión económica.
El 5 de abril de 2003, unos 66 reclusos y tres mujeres, incluida una
menor de edad, que visitaban familiares en la Granja Penal de El
Porvenir, cercana a la caribeña ciudad de La Ceiba, murieron en una
matanza que se produjo entre reos miembros de pandillas y otros presos
comunes.
César Luna: “La muerte de mi papá no solo fue el crimen de un
ambientalista, sino que también fue un crimen contra la democracia”
Otro de los casos emblemáticos que se abordan en el seno de la Mesa
de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias emitidas por el Sistema
Interamericano, es el que corresponde a Carlos Luna López.
Carlos Luna fue electo en 1998 como regidor de Catacamas, en el
departamento de Olancho. Su liderazgo y honestidad hicieron de Luna, un
líder ambientalista de mucha credibilidad. Durante su desempeño como
edil de Catacamas, en el vasto departamento de Olancho, denunció actos
de corrupción de la Corporación Municipal, relacionados a la concesión
de permisos madereros y casos de presunta tala ilegal.
El regidor manifestó públicamente en varias ocasiones que había
recibido amenazas de diferentes sectores, incluidos algunos funcionarios
públicos e incluso presentó una denuncia por una amenaza de muerte y
luego fue asesinado el 18 de mayo de 1998.
César Luna, hijo del ambientalista, aseguró que en el 2013 él y su
familia recibieron varias amenazas de muerte por insistir en que se
investigaran los hechos, por eso tuvieron que mudarse de su pueblo por
temor, lo que terminó por desintegrar su familia.
El 10 de Octubre del 2013, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Corte- IDH) declaró que el Estado de Honduras es
internacionalmente responsable por la violación del deber de la garantía
del derecho a la vida del ambientalista.
El ingeniero agrónomo, ambientalista y regidor de la municipalidad de
Catacamas, Carlos Antonio Luna fue asesinado con arma de fuego el 18 de
mayo de 1998 al salir de una reunión de la Corporación Municipal.
César Luna quien ha participado de las reuniones de la Mesa de
Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias emitidas por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), dijo a
www.defensoresenlinea.com que “nos sentimos satisfechos por el trabajo
nuestro, pero no por el trabajo de las instituciones del estado de
Honduras, y hasta cierto punto el incumplimiento por parte de la Corte-
IDH, porque siento que es un sistema muy flojo, muy débil en cuanto a
obligar al estado a que cumpla”.
Luna señaló que “mi papá va a cumplir 20 años de muerto y el estado
al día de hoy, le debe una verdad a nosotros como familia, a nosotros
como compañeros en la lucha de mi papá, al pueblo de Catacamas y a la
nación entera; porque hoy a la luz de la justicia hondureña no se sabe
quiénes son los autores inmateriales del asesinato de mi papá ni sabe
cuál fue la verdad que rodeó su asesinato; entonces hoy a nosotros como
víctimas y ahora que estamos involucrados en un proyecto político,
tenemos que decirle la verdad a los amigos, pero es la verdad nuestra,
porque el estado le debe esa verdad al pueblo”.
La muerte de mi papá no solo fue el crimen de un ambientalista, sino
que también fue un crimen contra la democracia, porque se asesinó a un
regidor municipal, a un hombre que estaba haciendo verdaderas
transformaciones en el municipio más grande de Honduras, y más rico
forestalmente y en recursos naturales.
“Entonces el daño fue inmenso para su vida, para nosotros como
compañeros en su lucha, para nosotros como hijos y para la ciudadanía en
general, después de 20 años me hacía esa pregunta: ¿Cómo vamos a
enfrentar este nuevo proyecto político, si tenemos que vincularnos a esa
verdad que hay que decírsela al pueblo, porque es una deuda histórica
que tiene el estado con la verdad”, comentó César Luna.
La Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias emitidas por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), realiza los
preparativos de este encuentro con autoridades del Estado de honduras,
previsto para el mes de septiembre de 2017, como un punto de partida
para asegurar el cumplimiento irrestricto de al menos 10 sentencias
relacionadas a casos emblemáticos de graves violaciones de derechos
humanos cometidas por agentes del estado hondureño en perjuicio de
ambientalistas, defensores de derechos humanos, juristas, garífunas,
jóvenes y privados de libertad. http://defensoresenlinea.com/preparan-encuentro-con-el-estado-para-asegurar-cumplimento-efectivo-de-sentencias-emitidas-por-la-corte-idh/
No hay comentarios :
Publicar un comentario