Julio 24,2017 / redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-
Los directivos del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP)
pagan abogados para que los representen en busca de evitar entregar
información sobre las operaciones administrativas y financieras del ente
que ha operado más de 300 millones de lempiras.
El
flamante presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y el
IPP, Dagoberto Rodríguez, otorgó un poder a una abogada para que lo
represente, después de que se negó a entregar información del ente de
previsión o la entregó incompleta o tardíamente al Instituto de Acceso a
la Información Pública (IAIP).
Rodríguez,
como presidente del IPP, otorgó un poder de representación a la abogada
Emy Claudet Asfura Asfura, quien ha presentado al menos tres recursos
de reposición sobre peticiones de información pública, gestionadas a
través del IAIP, después de que los directivos del ente de previsión no
respondieran a los solicitantes.
Los
directivos del IPP se gastan los fondos contratando abogados para
sustraerse de la obligación de suministrar información sobre las
operaciones financieras y administrativas del ente de pensiones,
mientras ofrecen raquíticas pensiones a los periodistas jubilados o que
pretenden jubilarse.
Un caso
es el del veterano periodista Mario Valladares, que solicitó su pensión
tras más de 20 años de aportaciones y el gerente del IPP, Omar Calderón,
le ofreció unos 1.000 lempiras de pensión, según el relato del
comunicador.
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La
abogada Asfura, ante uno de los casos de petición de información sobre
las operaciones del IPP, presentó al IAIP un Recurso de Reposición en el
que respalda la negativa a atender la solicitud, bajo el argumentó que
el ente no es “una institución obligada por la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública”.
Pero el
IPP es una institución obligada de la Ley de Transparencia debido a que
el ente, legalmente capta fondos públicos desde su entrada en operación
en el año de 1987, recibiendo más de 53 millones de lempiras, lo cual
fue confirmado al IAIP por la secretaría de Finanzas.
El
expresidente del IPP, Eduin Natividad Romero García, incluso fue
sancionado por el IAIP a través de la Procuraduría General de la
República con una multa de 8.000 lempiras por desacatar la Ley de
Transparencia al no entregar información solicitada por el afiliado y
periodista Gustavo Palencia.
Sin
embargo, Rodríguez a través de su apoderada legal asegura en el escrito
presentado al IAIP que “en el caso particular del solicitante” Gustavo
Palencia “el Instituto de Previsión Social del Periodista, le ha
informado directamente de su gestión de forma completa, veraz, adecuada y
oportuna”.
Consultado
Palencia sobre la aseveración de Rodríguez, a través de su
representante legal, aseguró que “esa afirmación es falsa, a mí no me
han entregado la información que ordenó el IAIP por lo que los
dirigentes están en situación de desacato de una ley del país”.
“Es
increíble que los dirigentes del CPH y el IPP mientan descaradamente
para ocultar la información financiera y administrativa del ente de
pensiones de los periodistas”, comentó Palencia.
Y más
recientemente, el IAIP en su última evaluación sobre el cumplimiento de
la colocación de información en el Portal Único de Transparencia por
parte de las instituciones obligadas, otorgó al IPP una calificación de 0
por ciento, junto a una decena de municipalidades.
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La
abogada, en su defensa de la postura de los directivos periodistas, dice
además en su escrito que la obligación de rendir cuentas la “cumple
cabalmente” el IPP “en la memoria, resoluciones y decisiones de la Junta
Directiva y Asambleas”.
Sobre tal
aseveración de la abogada, el órgano de la Asamblea General de
Afiliados como instancia de decisiones y resoluciones no existe en la
Ley de creación del IPP, pues solamente están contempladas asambleas
parciales de la zona nor-occidental y centro-oriente, que nunca han sido
convocadas.
Romero y
Rodríguez ni siquiera han respondido a tres peticiones escritas de
varios miembros para que convoquen a asambleas de afiliados del IPP con
el fin de discutir sobre decisiones arbitrarias adoptadas por la Junta
Directiva.
Romero
García, quien aún es directivo del IPP por su condición de presidente
del Tribunal de Honor del CPH, en el año 2015 contrató al abogado
Edmundo Orellana Mercado, quien emitió una opinión en la que aseguraba
que el ente de pensiones no era sujeto de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.
La
opinión legal de Mercado, leída por Eduin Romero en una audiencia en el
IAIP, fue desestimada por este ente debido a que en la ley del IPP se
establece la transferencia de fondos públicos como una fuente de
recursos.
Los
directivos del IPP evaden de manera tenaz la supervisión y auditoría de
la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), aunque Rodríguez jura
que los fondos del ente han sido manejados con las “manos limpias”.
El IPP es
el único de los institutos de previsión del país que nunca ha sido
auditado por la CNBS, una prerrogativa que no tienen ninguno de los
entes de previsión, ni siquiera el de los militares, y hasta las
entidades privadas que captan fondos de pensiones son fiscalizadas.
“Los
directivos del IPP en vez de estar gastando dinero en pagar abogados
deben entregar la información y abrirse a una auditoría de la Comisión
Nacional de Bancos y Seguros”, dijo Palencia, quien también se pregunta:
“Si ellos juran que los fondos han sido manejados con las manos
limpias, ¿por qué gastan en pagar abogados, qué es lo que ocultan con
tanto afán?”.
http://criterio.hn/2017/07/24/directivos-periodistas-pagan-abogados-ocultar-informacion/
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