La noticia cae como un balde de agua fría y, diversas son las reacciones, cuando desde los estudios de Globo tv de Honduras se informa que el dinero proveniente de las aportaciones de los trabajadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS ha sido o está siendo saqueado por las autoridades centrales de esa institución, con el propósito de financiar la campana de Juan Orlando Hernández.
De inmediato y como un coro muy bien ensayado, Juan Orlando Hernández seguido de su consejo de ministros y hasta los propios diputados pertenecientes al Partido Nacional, buscan descalificar la veracidad de la noticia recurriendo a declaraciones prefabricadas tales como:
“Esta noticia tiene la intención de denigrar y dañar al gobierno”
“Esto es parte de una campaña política de la oposición”
“No existe ninguna prueba de esta denuncia y si la hay que la presenten ante los tribunales”
Pero las clásicas y pintorescas declaraciones de los políticos que gobiernan Honduras se ven empañadas cuando poco a poco y de manera espontánea diversos sectores de la sociedad hondureña se lanzan a las calles en sendas manifestaciones durante algunos meses para exigir al gobierno inmediata respuesta a este hecho sin precedente que hasta ahora se conoce como uno de los más grandes actos de corrupción llevados a cabo en instituciones públicas del país.
Poco a poco el periodista David Romero presenta ante la sociedad diversa información sobre este
caso y, como era de esperar el gobierno comienza a incomodarse ante la veracidad ya no de la noticia sino de la documentación que vincula directamente entre otros al partido nacional.
La sociedad y el movimiento llamado las ANTORCHAS no bajan la guardia y, ante la poca credibilidad que tiene el sistema judicial, la exigencia principal es que el gobierno solicite a la Organización de las Naciones Unidas ONU la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad similar a la CICIG de Guatemala, para que sean investigados este y otros casos.
La creciente presión social finalmente genera los primeros resultados, el gobierno termina por aceptar que si existe corrupción en el seguro social y gira “ordenes” a la fiscalía para que esta lleve a cabo las respectivas investigaciones y además, buscar suavizar la situación haciendo un llamado a los diferentes sectores de la sociedad civil para que se incorporen a una meza de dialogo con el gobierno, claro que la sociedad ya toma atol con el dedo y, la exigencia de una comisión internacional contra la corrupción e impunidad no se detiene.
A lo anterior se suma una nueva noticia que por supuesto incrementa los temores de Juan Orlando Hernández; las investigaciones de la CICIG de Guatemala terminan por confirmar que el expresidente Otto Pérez Molina y la vice presidenta Roxana Baldetti son responsables directos de grandes actos de corrupción y, ante la gravedad de los hechos son enviados de inmediato a prisión.
La ejemplarizante acción judicial guatemalteca crispa sin duda alguna los nervios de Juan
Orlando Hernández y, en una jugada de mucha astucia recurre a la Organización de Estados Americanos OEA para solicitar el patrocinio de una Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras MACCIH; a manera de parangón bien se puede decir que la MACCIH sirve como una bocanada de oxígeno que llega justo en el momento que más lo necesita el presidente hondureño.
Bendecida con aguas del Departamento de Estado de los Estados Unidos, la MACCIH es presentada como la misión que ayudara a desarticular el enorme tejido de corrupción existente en Honduras; contrario a la euforia de Juan Orlando Hernández el escepticismo de la población no tarda en llegar, de los cálidos vientos políticos y sociales se deja escuchar que esta bendición está lejos de mandar una señal positiva que de confianza a pensar que la corrupción e impunidad tienen los días contados en Honduras.
LA REELECCIÓN EN EL MARCO DE LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD
La gravedad de los casos de corrupción en la administración pública de Honduras ha colocado en los índices internacionales a este empobrecido país (64% de pobreza según el Banco Mundial) como uno de los más corruptos y violentos de todo el hemisferio; lógico entonces sería pensar que el actual mandatario no participe nuevamente como candidato a la presidencia, sobre todo porque existe fuerte presunción que el dinero desfalcado del IHSS sirvió para financiar su anterior campana.
De lo anterior se desprende que la creación de la MACIIH no es ningún certificado de garantía que asegure que Juan Orlando Hernández está libre de tener compromisos con la corrupción y la impunidad; desde todo punto de vista no es aceptable que mientras se lleva a cabo un proceso de investigación contra la corrupción y la impunidad, Juan Orlando Hernández este participando como candidato a la presidencia.
Por otra parte, hay que destacar que lo actuado por la Corte Suprema de Justicia en favor de declarar sin efecto el Articulo 239 de la Carta Magna hondureña que dice literalmente:
El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o vicepresidente de la Republica.
El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesaran de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedaran inhabilitados por diez (10) años para el ejercicio de toda función publica.
Pone de manifiesto el control absoluto que mantiene Juan Orlando Hernández de la Corte Suprema de Justicia; despejado el camino de trabas constitucionales el actual presidente no tiene obstáculo alguno para dar a conocer su aspiración por quedarse por un tiempo más en la silla presidencial.
Por esto y más, el presidente hondureño ha sido duramente cuestionado nacional e internacionalmente debido a la presunción de que maneja a su antojo una inmensa red de corrupción que le permite controlar en su totalidad todo el sistema institucional así lo ha dado a conocer el New York Times en octubre 17 de 2016, de igual forma periódicos como el País de España también se ocupan de este singular caso.
A manera de conclusión bien se puede decir que el camino para iniciar un proceso de investigación y judicialización contra la corrupción y la impunidad ya está señalado, falta por esperar que la MACCIH no se convierta en un club de amigos de los corruptos y que lo escrito en el acuerdo entre la OEA y el Consejo Nacional Anticorrupción de la Republica de Honduras no termine en letra muerta.
Sobre todo porque esta misión tiene la bendición del Departamento de Estado de los Estados Unidos,
que en nada por supuesto se parece a la CCIG, el presidente pues ha salido hoy por hoy bien librado de esta situación. La MACCIH no tiene intenciones reales por llevar a cabo una verdadera investigación sobre la corrupción e impunidad del gobierno hondureño.
Con la habilidad que caracteriza a los corruptos, Juan Orlando Hernández ha logrado que el sistema judicial oculte líneas de investigación que conduzcan a investigar a su partido político, la parcialidad puesta de manifiesto por el sistema judicial abre nuevas y viejas dudas sobre sobre la independencia y apego restricto a las leyes de Honduras para investigar tal caso.
obviamente esto pone de manifiesto que generalmente la corrupción tiene un componente deje de lado la participación directa del partido nacional y, que únicamente sean juzgados otros que forman parte de esta trama, en otras palabras, Mario Zelaya y sus compinches robaron a la institución por decisión propia y sin ningún mandato del gobernante.
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