Uno de los derechos humanos básicos para el fortalecimiento de la democracia y la construcción de ciudadanía es el de formar parte del gobierno y participar en elecciones genuinas, libres y mediante el voto secreto.
Este derecho es fundamental para proteger todos los demás derechos, ya que solo a través de él se puede establecer un gobierno legítimo, basado en la voluntad popular, y respetuoso de los derechos y libertades ciudadanas.
Dado que los derechos políticos son elementos esenciales de la democracia, el Estado tiene la obligación de garantizar el debate libre de los principales temas de interés y la realización de elecciones generales, libres y garantes de la voluntad popular.
La realización de las elecciones debe caracterizarse por su autenticidad, su periodicidad y su universalidad. La autenticidad está relacionada con la necesidad de que exista una correspondencia entre la voluntad de las personas electoras y el resultado de la elección.
La periodicidad tiene que ver con la necesidad de escrutinio popular sobre el desempeño de las autoridades y debe vincularse con la prohibición de la perpetuación en el poder o el ejercicio de éste sin plazo determinado.
La universalidad implica que las elecciones deben ser realizadas por sufragio universal, a través del cual se tiende a asegurar la participación política de todas las personas facultadas para hacerlo, teniendo en cuenta que es posible establecer ciertas limitaciones o exclusiones como la prohibición de la reelección.
El proceso electoral que se avecina adolece de la autenticidad y legitimidad requerida, ya que la candidatura del actual presidente Hernández goza de ventajas indebidas en la contienda, pues está basada en la suplantación de la soberanía popular debido a que la Sala de lo Constitucional usurpó el poder del pueblo como único sujeto político facultado para reformar la prohibición de la reelección.
A su vez, el presidente-candidato Hernández tiene un control absoluto de las instituciones democráticas, particularmente del Poder Judicial y del Tribunal Superior de Cuentas, y no hay ninguna garantía de que los recursos públicos no estén siendo utilizados para financiar su campaña política y condicionar el voto a través de sus programas asistencialistas.
Usurpar al soberano su facultad constituyente de modificar o no el artículo pétreo que prohíbe la reelección implica romper el orden constitucional y hacer de las próximas elecciones casi un trámite para la instauración de la dulce dictadura de un hombre y un grupo que creen que este país de todos y todas, les pertenece.
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