La respuesta no es nada fácil. Todo lo que se diga es limitado, aunque representa un aporte para el debate político hondureño, tan necesario y actualmente tan ausente. Ante todo conviene dejar muy claro un asunto: todas las personas tienen pleno derecho a simpatizar y participar en el terreno político electoral. Nadie puede negar a nadie su derecho a participar en las elecciones, sea como activista, sea como candidato a cargo de elección popular.
No obstante, no conviene meter en un mismo saco la lucha política electoral y la lucha política de las organizaciones sociales y populares. Cada lucha ha de tener su propia identidad, porque solo desde esa identidad se pueden establecer relaciones, alianzas, coordinaciones, articulaciones, sin que nadie salga perdiendo.
La lucha política del movimiento social debe tener su autonomía e independencia de cualquier filiación política partidista. Las banderas de los partidos políticos, de cualquier color que sean, no se deben confundir con las banderas políticas del movimiento social y popular. Un partido político propugna y debe propugnar por la toma del poder político, mientras los objetivos del movimiento social están plenamente vinculados con la lucha porque el Estado y los partidos políticos respondan a sus demandas sociales, gremiales, étnicas, comunitarias y territoriales.
Un partido político puede estar hoy en la oposición, pero mañana podría estar conduciendo el poder del Estado. Y esto está muy bien, puesto que la lucha por el acceso al poder del Estado es un objetivo identitario de un partido político. Un movimiento social tendrá siempre su tienda fuera del Estado, puesto que su identidad tiene que ver con empujar sus demandas desde abajo, desde sus intereses y exigir al Estado y a los partidos políticos den respuesta a dichas demandas.
Un movimiento social tiene todo el derecho de establecer alianzas políticas con un partido político, pero ha de asegurarse que en en esta alianza no se desnaturalice su identidad y sus demandas.
Abundan historias y experiencias de alianzas en las cuales el movimiento social ha acabado casi siempre como una mera correa de transmisión del partido político. Es decir, en una alianza, el movimiento social ha de tener mucho cuidado de no acabar como propiedad de un partido político y de los intereses que impulsan sus dirigentes. La identidad y riqueza política del movimiento social descansan en su autonomía e independencia de cualquier partido político, de cualquier interés económico o empresarial y de cualquier credo religioso.
En las luchas populares que impulsan los movimientos sociales tienen cabido todas las personas, incluyendo, por supuesto, dirigentes de partidos políticos, pastores o dirigentes de denominaciones religiosas. Pero todo mundo ha de caber sin sacar ventajas para sus propias banderas políticas o para hacer proselitismo religioso. Un dirigente político, comprometido con el movimiento popular, sin duda será reconocido por la gente, sin que tenga que andar sacando su bandera partidista.
Las actuales ofertas electorales están muy bien establecidas. La reelección continuista de Juan Orlando Hernández es la que busca imponerse tanto con recursos legales como con recursos paralegales o ilegales. Frente a esta oferta dictatorial se encuentra la oferta de la alianza de los partidos opositores a la dictadura. El movimiento social tiene una alta cuota de responsabilidad para saber discernir lo que mejor conviene al presente y al futuro del país, sin quedar atrapado en el ambiente electoralista. Es una oportunidad para decidir con madurez desde la defensa de sus espacios y las luchas territoriales. Es una oportunidad para que cualquier relación del movimiento social y popular con una alianza opositora interpartidaria no ponga en precario su identidad en autonomía de los partidos políticos.
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