El miércoles 7 de junio de 2017, Cesario Alejandro Félix Padilla Figueroa, miembro de PEN Honduras, fue declarado culpable por el delito de usurpación a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (unah) junto con otros dos estudiantes por ejercer su derecho a la libertad de expresión y la protesta.
Tanto Cesario Alejandro
Félix Padilla Figueroa como sus dos compañeros habían conformado en
julio de 2015 el Comité Pro Defensa de los Derechos Humanos en la UNAH
para documentar violaciones a los derechos humanos en el marco de las
protestas en la universidad, las cuales se producen sistemáticamente al
interior del centro educativo.
Este
fallo, que desestimó la prueba presentada por la defensa de Padilla y
sus dos compañeros estudiantes, se llevó a cabo en el Tribunal de
Sentencia, en Tegucigalpa, capital hondureña, después de que el miembro
PEN ha enfrentado un largo proceso legal con detenciones y órdenes de
arresto. El delito conlleva penas de prisión de 3 a 5 años. El juez impondrá la individualización de la pena el 27 de julio de 2017.PEN Internacional cree que Padilla y los demás universitarios están siendo perseguidos por ejercer su derecho a la libre expresión, asociación y reunión, los cuales forman parte de la constitución del país (Artículos 72-75 y 79), así como de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Artículos 13 y 15), la Declaración de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos aprobada por la ONU en 1999 y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículos 19 y 21) suscritos por el estado hondureño. PEN hace un llamado a las autoridades hondureñas para que no criminalicen las protestas sociales y a fin de que anulen la condena contra Padilla y sus compañeros.
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Por favor, envíen sus llamados:
·
A las autoridades hondureñas para que retiren los cargos que se le han impuesto a Cesario Alejandro Félix Padilla Figueroa, a quien PEN Internacional cree que está siendo procesado por defender los derechos humanos, ejercer su derecho a la libertad de expresión y reunión por medio de la participación pacífica y la observación de protestas estudiantiles;
A las autoridades hondureñas para que retiren los cargos que se le han impuesto a Cesario Alejandro Félix Padilla Figueroa, a quien PEN Internacional cree que está siendo procesado por defender los derechos humanos, ejercer su derecho a la libertad de expresión y reunión por medio de la participación pacífica y la observación de protestas estudiantiles;
· Exhortándoles a
no criminalizar la protesta social ni utilizar el sistema de justicia
para generar temor, censura y silencio entre periodistas, escritores o
artistas en Honduras.
Exigiendo
la protección del miembro de PEN Honduras, para poner fin a cualquier
acto de vigilancia ilícita de los que ha sido sujeto.
Dónde enviar sus llamados:
Abogado Óscar Fernando Chinchilla Banegas
Fiscal General de la República
Ministerio Público
Lomas del Guijarro
Avenida República Dominicana
Edifico Lomas Plaza II
Tegucigalpa
Honduras
|
Dr. Roberto Herrera Cáceres
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH)
Colonia Florencia Norte
Boulevar Suyapa
Tegucigalpa Honduras
|
Twitter:
• #Honduras: Alto al juicio del caso Cesario Padilla, miembro de @penhonduras, declarado culpable tras protesta estudiantil {enlace artículo aquí}
**Por
favor, contacten con la oficina de PEN International en Londres si
envían llamados después del 27 de julio 2017. Manténganos informados
sobre cualquier acción tomada en favor del caso de Cesario Padilla,
incluyendo cualquier respuesta que se reciba por parte de las
autoridades.
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Se anima a los miembros de PEN a que:
· Publiquen
artículos y piezas de opinión en la prensa nacional o local, destacando
el caso de Cesario Padilla y de los estudiantes de la UNAH en Honduras.
· Compartan información sobre Cesario Padilla y sus actividades en favor de este caso en sus redes sociales.
SOLIDARIDAD
Pueden enviarse mensajes de solidaridad con Cesario Padilla a través de Emma Wadsworth-Jones emma.Wadsworth-Jones@pen-international.org
Cesario Alejandro Félix Padilla Figueroa, miembro e integrante de la junta directiva de PEN Honduras, fue declarado culpable de usurpación de bienes de la universidad el
7 de junio de 2017 en el Tribunal de Sentencia, en Tegucigalpa, junto
con otros dos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH), a quienes las autoridades de la universidad los acusan
de dirigir protestas estudiantiles.
Este delito conlleva penas de prisión de 3 a 5 años, según el del Código Penal de Honduras. El proceso penal que han encarado desde julio de 2015, criminaliza la protesta social y la libertad de expresión.
Este delito conlleva penas de prisión de 3 a 5 años, según el del Código Penal de Honduras. El proceso penal que han encarado desde julio de 2015, criminaliza la protesta social y la libertad de expresión.
Desde principios de junio de 2015, el Ministerio Público acusó
a Padilla, junto con Moisés David Cáceres, Sergio Luis Ulloa, Josué
Armando Velásquez, Dayanara Elizabeth Castillo y Izhar Asael Alonzo
Matamoros, para sumar en 2016 a 75 acusados por ocupar las
instalaciones de la UNAH durante 48 horas, y/o de estar detrás de actos
de vandalismo contra bienes universitarios durante una serie de
protestas. Ciertos informes apuntan a que las acusaciones se presentaron
a petición de Julieta Castellanos, quien ocupa el cargo de Rector de la
UNAH, y quien cree que los estudiantes acusados organizaron los actos
de ocupación. Sin embargo, Padilla
junto a los estudiantes Sergio Ulloa y Moisés Cáceres habían conformado
el Comité pro Defensa de los Derechos Humanos en la UNAH y hacían
observación de derechos humanos.
Las autoridades de la UNAH firmaron un acuerdo con el Movimiento de Estudiantes Universitarios, MEU, donde, entre otras cosas, se comprometieron a cerrar los procesos penales existentes, sin embargo, sólo lo hicieron con los casos subsecuentes, en este caso hubo renuencia total, exhibiendo faltas al Debido Proceso, así como campañas estigmatizantes en contra de los universitarios.
En un comunicado, el centro PEN hondureño, ha escrito este 9 de junio de 2017, lo siguiente:
“Al
igual que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, nos sentimos alarmados
porque esta sentencia vulnera derechos fundamentales de los estudiantes y
restringe el ejercicio de la libertad de reunión y de expresión.
También deja un precedente funesto contra la defensa de los derechos
humanos, labor protegida por la Declaración de Defensores de las
Naciones en cualquier parte del mundo y que manda a los Estados la
protección adecuada a este derecho”.
En 2016, Padillia se enfrentó por segunda vez a una detención inmediata tras la expedición de una orden de arresto, emitida el 7 de junio, en la que se incluyó a otros cinco estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), situada en Tegucigalpa. Se les acusó de usurpación de bienes de la universidad tras presuntamente participar en protestas estudiantiles que se llevaron a cabo en junio de 2016.
Este último caso ha sido retirado. Además, en 2016 Padilla y Cáceres fueron objeto de vigilancia ilegal por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), según una denuncia interpuesta por los abogados defensores de los estudiantes durante el caso más reciente. La denuncia hecha el 10 de junio de 2016 ante el Ministerio Público también afirma que agentes de la ATIC intentaron bloquear el acceso a la universidad a Padilla, Cáceres, Velásquez y Ulloa, entre otras irregularidades. Esto constituye un abuso de autoridad, según la denuncia, ya que los estudiantes no están acusados de un crimen que justifique tal vigilancia.
Padilla también fue objeto de vigilancia en 2015; el 15 de agosto de ese año, Padilla denunció que en los días anteriores había sido seguido por dos individuos armados desconocidos, quienes también mantuvieron su casa vigilada. Estos individuos le transmitieron a Padilla su intención de causarle daños. Padilla y PEN Honduras creen que la vigilancia fue parte de las represalias tomadas contra él por sus actividades como líder estudiantil, y creen que su seguridad estaba en peligro.
En diciembre de 2014, Padilla y otros cinco estudiantes de la UNAH (incluyendo a Cáceres, Castillo y Ulloa) fueron expulsados de forma arbitraria de la universidad tras tomar parte en protestas similares. Posteriormente se les readmitió, ya que la Corte Suprema de Honduras falló en su favor en febrero de 2015. Sin embargo, y tras su expulsión y el acoso que siguió a ésta, Castillo se trasladó a estudiar a Costa Rica, donde recibió amenazas telefónicas anónimas el 14 de junio de 2015, en las que se le advertía de las consecuencias de volver a Honduras.
El 13 de junio de 2015, PEN International y PEN Honduras, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que interviniera en el caso de Padilla y de los otros estudiantes expulsados. Las “medidas preventivas” solicitadas obligarían al estado hondureño a proteger los derechos de libertad de expresión, reunión, y educación de los estudiantes, y asegurarían la adecuada investigación respecto al supuesto abuso de autoridad y los abusos de derechos humanos cometidos por la UNAH. El caso sigue pendiente de decisión por parte de la CIDH.
Para más información, contacten a Emma Wadsworth-Jones, Coordinadora del Programa de las Américas Emma.Wadsworth-Jones@pen-international.org
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