Criterio.hn / Por: Sandra Marybel Sánchez
A casi
siete meses de las elecciones generales, ni con la aprobación en el
Congreso Nacional de la Ley de Financiamiento, Transparencia y
Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, desaparecerá la amenaza
de que la campaña electoral sea penetrada por el dinero sucio de la
corrupción y otras actividades ilícitas.
La
embarrada que hizo en una corte de Nueva York uno de los líderes del
cartel de Los Cachiros, a reconocidos políticos, empresarios y
funcionarios públicos, y el emblemático caso de corrupción en el
Instituto Hondureño de Seguridad Social, son suficientes para revelar
una nítida radiografía de la grave situación en que se encuentra el país
en esa materia.
Por eso
hoy más que nunca, las bandas criminales que buscan la continuidad de su
accionar delictivo en total impunidad, tienen como objetivo la captura
de la institucionalidad pública, a través del proceso electoral.
Quizás
sea esa la razón por la que la propuesta de ley para sancionar a quienes
financien campañas electorales con dineros mal habidos impulsada por la
Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH),
tuvo buena acogida en diversos sectores de la sociedad, hartos de que
personajes de toda calaña ocupen los más importantes cargos públicos.
En
contraste, la Casa Presidencial no recibió con alegría el proyecto de
ley, ni siquiera porque su aprobación es parte de los acuerdos del
convenio suscrito entre la Organización de los Estados Americanos (OEA) y
el gobierno de Honduras, para sacarle las castañas del fuego al
gobierno de Juan Orlando Hernández, y apagar las antorchas de los
indignados contra la corrupción que recorrían todo el país.
Y el
Congreso Nacional? Ese Poder del estado ofrece más razones para dudar
que para confiar. Allí se engavetan proyectos de ley importantes para
postergar su aprobación y aplicación, o se aprueban de la noche a la
mañana porque interesa a alguien con mucho poder. Y aunque en teoría los
diputados son representantes de la voluntad de sus electores, en la
práctica permiten frecuentemente que se impongan los intereses de
reducidos grupos de poder fáctico.
Así
aprueban leyes cuyo contenido es muy bueno, pero que nacen muertas por
la incorporación maliciosa de dos o tres artículos, que desnaturalizan
su razón de ser. Ese podría ser el caso de la Ley de Financiamiento,
Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos,
aprobada a finales del año pasado y alterada en artículos fundamentales,
a la hora de publicarla.
Irrespeto a la votación de los diputados
La ley
fue discutida, aprobada y sancionada, bajo la presión permanente del
Jefe de misión de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, y de la comunidad
internacional que frecuentemente hacía notar la importancia de su
aprobación. Pero posteriormente publicada con cambios de fondo, que
reducen su ámbito de acción y que no fueron discutidos por el pleno de
la Cámara Legislativa.
En el
Poder Ejecutivo, necesitados de convencer a toda la sociedad que hay
voluntad política para combatir la corrupción, se montó todo un evento
para la sanción de la ley, que en honor a la verdad, recibió el respaldo
casi unánime de todas las bancadas. ¡Nadie quiere exhibirse como
patrocinador de la corrupción, aunque lo sea!
¡En ese
espectáculo todos brincaban de alegría! ¡Había tanta felicidad, que casi
nos la creímos! Hasta el propio Luis Almagro, Secretario General de la
OEA, se dejó venir desde Washington a la celebración del gran
acontecimiento, que tuvo como marco la propia Casa Presidencial. Esa,
donde el proyecto original no se recibió con alegría.
“Hoy es
un día histórico para el país, hoy sancionamos la Ley de Financiamiento
para las campañas políticas y eso indica que Honduras está avanzando.
Esta ley pone a Honduras a la vanguardia en la regulación de las
instituciones políticas”, dijo visiblemente emocionado el presidente
Juan Orlando Hernández, para luego sentenciar: “¡Con esta ley se
garantiza que ningún partido recibirá dinero del crimen organizado!
¡Esta iniciativa forma parte de un proceso de cambio de nuestra
realidad!”
Pero los
milagros no existen. Y menos en la política, donde cada consecuencia
tiene una causa. El balde de agua fría de la cruda verdad cayó
prontamente. Apenas a unas semanas de la gran celebración. Fue el propio
Jiménez Mayor, quien lo lanzó de golpe, alertando a la sociedad
hondureña, sobre la posibilidad de que la ley aprobada por el Congreso
hubiese sufrido alteraciones.
Un tuit
con el mensaje “@OEA_MACCIH solicitó al Congreso Nacional grabaciones de
la sesión en que se aprobó Ley de Financiamiento xra verificar
artículos aprobados”, fue como reguero de pólvora provocando múltiples
reacciones. El Jefe de Misión de la MACCIH no tenía otra opción! No vino
al país a hacer relaciones públicas. Llegó para evitar que la
indignación ciudadana contra la corrupción, acabara votando al gobierno
de Hernández.
Algunos
diputados y diputadas de los partidos de oposición que respaldaron la
aprobación de la ley, reaccionaron molestos porque los cambios
retorcieron su voluntad, expresada en el hemiciclo legislativo.
Desde la
bancada del partido de gobierno, los diputados Mario Pérez y Tomás
Zambrano, secretario y prosecretario de la Junta Directiva del Congreso
Nacional, corrieron a explicar lo los que según ellos fue una
“publicación errónea” o “errores de dedo”, asegurando que se
rectificaría fácilmente con una Fe de errata.
Antonio
Rivera Callejas, diputado vicepresidente, no los escuchó, por eso al ser
consultado por la prensa dio una explicación distinta. Dijo que las
modificaciones que se hicieron a la ley, fueron producto de
reconsideraciones que él mismo presentó el día que se aprobó el acta que
contiene la ley. Pero en privado comentó a diputados de su confianza,
que todo se había hecho ¡Vaya sorpresa! en acuerdo con el enlace de la
MACCIH con el Congreso Nacional, Jacobo Domínguez Gudini.
No es la primera vez
Abogados
consultados al respecto, que sin excepción pidieron no ser citados,
consideran que al cambiar el texto de la ley se cometieron dos delitos,
abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos. Pero como
quienes los cometieron son personas con mucho poder, que gozan de
impunidad, creen que seguramente nunca se les presentará requerimiento
fiscal, dando paso a la repetición.
Pero no
todos guardan silencio frente a los abusos legislativos. Aunque sea por
intereses de grupo, Luis Napoleón Larach, presidente del Consejo
Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), expresó en carta enviada el 27
de marzo al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, su
preocupación por la publicación de varias leyes cuyos contenidos
difieren de lo aprobado por los diputados, citando como ejemplo, un
cambio de fondo hecho al artículo 72 de la Ley de Inspección del
Trabajo. Y recordándole, que lo mismo sucedió con la Ley Marco del
Sistema de Protección Social (de la que se publicaron más de 20 Fe de
Errata por supuestos “errores involuntarios”) y el Código Tributario.
El líder
de la empresa privada advirtió que eso podría ser constitutivo del
delito, porque fueron acciones que usurparon funciones indelegables del
Congreso Nacional, y se despidió con una petición muy clara “que se
verifique e indague sobre lo que está ocurriendo para cumplir
debidamente con el proceso de formación de la ley que manda la
Constitución de la República y que se tomen las acciones
correspondientes contra los funcionarios que han actuado con falta de
diligencia o dolo…”.
Que cambiaron y por qué?
Ante el
cuestionamiento creciente y la alerta del Jefe de Misión de la MACIH, el
pasado 20 de marzo, La Gaceta publicó Fe de Errata sobre tres artículos
de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos
Políticos y Candidatos. La publicación advierte que “por un error
involuntario” los artículos 24, 73 y 76 “se publicaron erróneamente”.
¿Qué
cambiaron y por qué? Uno de los “errores involuntarios” de quienes
mandaron a publicar la ley, fue la eliminación total de un inciso del
artículo 24 de la misma. En el proyecto original presentado por la
MACCIH ese párrafo era copia fiel del inciso 3 de artículo 83 la Ley
Electoral y de las Organizaciones Políticas que dice: “Se prohíbe a los
sujetos obligados, aceptar en forma directa o indirecta: 1)…; 2)…; 3)
Contribuciones de ejecutivos, directivos o socios de las empresas
mercantiles que tengan concesiones con el Estado y las que explotan los
juegos de azar o vinculadas con actividades mercantiles ilícitas,
prohibición que es extensiva a empresas matrices subsidiarias,
sucursales y personas particulares.
El texto
aprobado por la cámara legislativa modificó la esencia la propuesta,
eliminando la prohibición de recibir financiamiento de las
concesionarias del estado y las empresas matrices subsidiarias,
sucursales y personas particulares, limitándola solo a las
“Contribuciones o donaciones de Ejecutivos, Directivos o socios de las
Empresas Mercantiles vinculadas con actividades ilícitas”. ¡Pero en la
publicación simple y sencillamente se eliminó!
Con la
obligada publicación de la Fe de Errata se restituyó sólo en texto
arriba entrecomillado, pues la mutilación del texto original la hizo la
Comisión Dictaminadora, encabezada por Mario Pérez, antes de ser
presentada al pleno de la cámara.
La
modificación autoritaria de la ley, provocó también la preocupación de
los miembros del G-16, quienes el 24 de abril remitieron una carta sobre
el tema al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, a través
de su presidente Pro Témpore y embajador de Francia, Pierre Christian
Soccoja,
En ella
manifestaron su preocupación por los cambios que sufrió la ley en
general y específicamente por el inciso antes citado. “Fue modificado de
manera que limita su alcance original y modifica el espíritu del texto
que fue plasmado por los legisladores en la Ley Electoral y de las
Organizaciones Políticas, en su artículo 83, dijeron”.
Y también
enfatizaron en que “ en su forma actual, tanto el espíritu como el
alcance original del texto legal, ha sido reducido, lo cual podría
limitar el actuar de las autoridades electorales, en particular de la
nueva Unidad Técnica de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización,
adscrita al Tribunal Supremo Electoral.”
Los otros
dos artículos reformados fueron el 73 y 76. Con los cambios hechos a
espaldas de los diputados, la vigencia se extendía hasta 90 días después
de publicada la ley (76), mientras que la activación de la Unidad de
Financiamiento, Transparencia y Fiscalización se retrasaba otros 90 días
(73). Más 30 que se otorgan al TSE para aprobar el reglamento que
regulará sus operaciones, la unidad prácticamente iniciaría su trabajo,
siete meses después de creada. La Fe de Errata devolvió al texto
aprobado. Vigencia de la ley a partir de su publicación en La Gaceta y
el inicio de funciones de la unidad técnica veinte (120) después.
Queda que
claro que el propósito era impedir o retrasar el mayor tiempo posible,
la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos y candidatos
en el actual proceso electoral. ¡Y lo lograron!
Por lo
menos para las elecciones primarias, donde por falta de vigilancia,
personas altamente cuestionadas se colaron en las listas de los que
competirán en las elecciones generales del mes de noviembre. Basta
revisar la declaratoria final del Tribunal Supremo Electoral sobre las
elecciones primarias de los partidos Nacional, Liberal y Libre, para
confirmar que varios de los personajes mencionados por el cachiro en la
corte de Nueva York, fueron ungidos como candidatos a cargos de elección
popular, en las primeras o segundas posiciones de sus departamentos o
municipios.
Mientras tanto, la MACCIH qué?
No se
puede negar que el Jefe de Misión de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, ha
estado poniendo el dedo sobre la llaga constantemente, sobre todas
aquellas situaciones o actos que puedan implicar corrupción.
Sus
señalamientos incomodan, irritan a funcionarios y políticos de cúpula,
que lo consideran un foráneo advenedizo que vino a meter la nariz donde
no debe, al extremo que un experto en conspiraciones que ha ostentado
cargos relevantes en los últimos gobiernos y que ahora monitorea de
cerca la actividad de la MACCIH, tocó las puertas de la OEA en
Washington, para expresar su fastidio por no poder tenerlo “bajo
control”.
Pero una
cosa parece ser el rol que desempeña el Jefe de Misión y otra el que
juega el jefe de la División de Reforma Política Electoral, Jacobo
Domínguez Gudini, quien en su vinculación permanente con el Congreso
Nacional y su desmedido afán de quedar bien con ellos, actúa como quinta
columna dentro de la estructura de la MACCIH.
Varias
parlamentarias y parlamentarios, consultados sobre el papel del asesor
internacional en el proceso de aprobación de esa ley, comentaron que el
funcionario más parecía estar haciendo incidencia a favor de las
posiciones oficiales, que promotor de los cambios propuestos por la
Misión.
Coincidieron
además, en que en sus frecuentes visitas al legislativo, era notoria la
relación de cercanía de Domínguez Gudini con los diputados Pérez y
Zambrano, designados por Oliva para custodiar que la ley fuera aprobada a
su medida. “La relación entre ellos es más estrecha de la que
normalmente mantiene un asesor con la autoridad”, expresó una
parlamentaria.
Ambos
directivos ni siquiera intentan disimular esa proximidad. Todo lo
contrario! Un día después que llegara la carta del presidente del G-16
expresando preocupación por los cambios a la llamada “Ley de Política
Limpia”, el diputado Mario Pérez, Secretario del Congreso Nacional y
miembro del primer anillo de poder político del presidente Juan Orlando
Hernández, compartió un tuit oficial del Congreso, instrumentalizando
políticamente imágenes en las que aparece rodeado de periodistas y
flanqueado por Jacobo Domínguez Gudini.
Ambos
salían de una reunión donde se discutió sobre el proceso de selección de
los comisionados de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y
Fiscalización, y el parlamentario corrió a escribir: “@Mario_perezSB
pide a la sociedad civil acompañar proceso de selección de magistrados #CampañasLimpias junto a Jacobo Domínguez@OEA_MACCIH.”
Esa
cercanía podría explicar por qué flexibilizó el cumplimiento de la tarea
encomendada por la MACCIH, que era vigilar e incidir para que el
proyecto de ley fuera aprobada lo más cercano posible a la versión
original. En lugar de alertar sobre lo que estaba pasando, el
funcionario informaba que todo iba bien, mientras en el Poder
Legislativo se conspiraba para desteñir la propuesta de ley que estaba
obligado a defender.
Formalmente
son tres son los artículos que se desnaturalizaron al publicar la ley,
pero hubo otros cambios relevantes al proyecto propuesto por la MACCIH,
que fueron tolerados sin enfado por el funcionario en cuestión.
Uno
fundamental, relacionado con la creación de la Unidad de Financiamiento,
Transparencia y Fiscalización. El proyecto establecía la elección de un
solo comisionado para dirigirla, pero se impuso un acuerdo político
bajo la mesa para nombrar tres y adscribirla funcionalmente al Tribunal
Supremo Electoral (TSE), organismo altamente politizado y de escasísima
credibilidad. Igualmente se le asignó al TSE, la atribución de aprobar
el reglamento con el que operará la unidad.
No hay
duda que el propósito del negociado, es controlar o neutralizar por
otras vías, los alcances de la ley. De nuevo, todo sucedió ante la vista
y paciencia de Jacobo Domínguez Gudini, quien por alguna razón, esta
vez no advirtió oportunamente al pueblo hondureño sobre la gravedad de
la situación, ni siquiera por ser el protagonista de las protestas que
dieron origen a la creación y presencia de la MACCIH en el país.
Violaron la Constitución y nada pasó!
Dos
semanas habían transcurridos apenas desde la aprobación de la Ley,
cuando los nacionalistas volvieron a la carga a través de Antonio Rivera
Callejas, quien presentó un proyecto de ley para derogar artículos de
la LEOP, que según dijo “ por un lapsus no se habían derogado ni
reformado y que no eran congruentes con la nueva ley”.
Pero la
verdad, uno era el artículo de su interés, el 83. El mismo que fue
mutilado por la Comisión Dictaminadora para eliminar la prohibición de
que los candidatos y partidos puedan recibir contribuciones de
ejecutivos directivos o socios de las empresas mercantiles que tienen
concesiones del Estado, las que explotan los juegos de azar, las
empresas matrices subsidiarias, sucursales y personas particulares.
Y como en
el cuento de Aladino y la lámpara maravillosa, en un abrir y cerrar de
ojos se le concedió el deseo a Rivera Callejas. En un mismo día se
nombró comisión dictaminadora, se hizo el dictamen, fue sometido a
discusión y aprobado por el pleno, con dispensa de dos debates a
solicitad del proyectista.
Sólo el
diputado Rassel Tomé, del Partido Libertad y Refundación, pidió
explicaciones sobre esta iniciativa, recibiendo una respuesta confusa
por parte de Rivera Callejas, quien de esa manera logró ocultar el
verdadero propósito del decreto, que era eliminar también la prohibición
en la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas.
Y como lo
manifestó el presidente de los empresarios hondureños en su carta al
presidente Oliva, esas prácticas irregulares se han vuelto habituales en
el Congreso Nacional.
Pero en
este caso, los directivos de ese poder del estado, se superaron a ellos
mismos, al reformar la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas,
violando el mandato constitucional.
El
artículo 51 de la Constitución de la República ordena que “La Ley que
regule la materia electoral únicamente podrá ser reformada o derogada
por mayoría calificada de los dos tercios (2/3) de votos de la totalidad
de los miembros del Congreso Nacional, el que deberá solicitar el
dictamen previo del Tribunal Supremo Electoral, cuando la iniciativa no
provenga de éste.”
Jurídicamente,
la reforma a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas es
inconstitucional porque no fue aprobada bajo el mecanismo que ordena la
constitución, pero eso es teoría. De facto la reforma será aceptada como
válida, porque favorece a personas poderosas que otorgaron concesiones,
para recibir en retorno “contribuciones” de las empresas favorecidas.
Lo grave,
es que ni los partidos políticos de oposición, ni el encargado de
División de Reforma Política Electoral de la MACCIH, Jacobo Domínguez
Gudini, dijeron nada al respecto.
La
complacencia con el poder corrupto por parte un funcionario
internacional que vino a Honduras supuestamente a combatir la corrupción
y la impunidad, golpea la dignidad de un pueblo que durante meses salió
masivamente a las calles a condenarla y a exigir cárcel para los
delincuentes de cuello blanco. La hondureñidad no puede olvidar que los
protagonistas del saqueo de miles de millones de lempiras del Instituto
Hondureño de Seguridad Social (IHSS), son en su mayoría, miembros del
partido en el gobierno.
Por eso
resulta inadmisible que Domínguez Gudini, exhiba sin pudor ni ética, su
cercanía con quienes fueron acusados de financiar parte de su campaña
electoral, con el dinero robado a los derechohabientess.
Como en
el acto político partidario realizado la tarde de ayer en la sede del
Comité Central del Partido Nacional, bajo el pretexto de una jornada
capacitación sobre la Ley de Financiamiento, Transparencia y
Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, en el que compartió
mesa principal con el candidato a la reelección, Juan Orlando Hernández,
directivos del Congreso Nacional y otros aspirantes a cargos de
elección popular.
Vaya
ironía! Los que antes alteraron la ley, suscribieron allí un documento
llamado Compromiso de Integridad por Honduras, encabezado con los logos
de la MACCIH y del Partido Nacional , en el que se comprometieron a
“cumplir y hacer cumplir en todos sus alcances la llamada “Ley de
Política Limpia” que –junto a las demás organizaciones políticas de
Honduras- y con el asesoramiento de la Misión de Apoyo Contra la
Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), se aprobó recientemente
en el Congreso Nacional.”
El personaje de la MACCIH que corteja a los políticos en el poder en Honduras, estaba allí.
El sujeto en cuestión
Una
investigación rápida de sus antecedentes, reveló que fue acusado de
plagio por publicar como suyo un artículo que en realidad había
elaborado conjuntamente con Blanca Castaneyra Chavez, su compañera
concejala del Instituto Electoral Veracruzano (IEV).
“El
factor socioeconómico en los topes de las campañas: elecciones más
baratas” fue el nombre original del artículo de autoría compartida entre
Domíguez Gudini y Castaneyra Chavez, publicado posteriormente en un
compendio sobre Derecho Procesal Electoral de la Secretaría de
Gobernación Federal, como “Financiamiento y Fiscalización de las
Campañas de Gobernador, la experiencia de Veracruz”, supuestamente
escrito por el ahora funcionario de la MACCIH.
La
defensa de Domínguez Gudini ante la prensa fue casi infantil. Reconoció
la propiedad compartida del artículo, pero aseguró que lo publicado en
la revista de la Secretaría de Gobernación era de su propia autoría y
que no quiso citarse a sí mismo, porque nunca hace referencias a sus
propios escritos anteriores.
Una
comparación hecha entre ambos artículos por la acusadora, reveló que son
similares casi en un 100%, por lo que Dominguez Gudini estaba ética y
jurídicamente obligado a citarla. Sobre todo porque de acuerdo a su hoja
de vida publica, su profesión de base es la de abogado, lo que hace
imposible que no supiera que el plagiar, es un delito.
La
búsqueda también reveló , que el ahora funcionario de Ia MACCIH fue
elegido concejal ciudadano de Instituto Electoral Veracruzano (IEV) para
el período 2009 – 2018, con el apoyo del Partido Revolucionario
Institucional (PRI). Cargo que ostentaba hasta antes de venir a
Honduras.
Cuando
apenas tenía un año en el mismo, Jacobo Domínguez Gudini, el hombre que
vino a Honduras a enseñar cómo se hace “política limpia”, fue recusado
por el Partido Acción Nacional (PAN) junto a otro concejal, por lo que
sus denunciantes definieron como evidente parcialidad a favor de Javier
Duarte, entonces candidato a gobernador de Veracruz por el PRI en contra
del candidato del PAN, Miguel Angel Yunes Linares.
Se le
cuestionó por actuar “como brazo electoral del gobierno del estado, para
reciclar la camarilla en el poder”. Su desempeño en el organismo
electoral fue muy cuestionado, por no esconder sus vínculos con Javier
Duarte, el hasta hace poco gobernador de Veracruz, y sus simpatías por
el PRI.
Duarte
ganó la elección para gobernador el tercer estado con mayor población de
México, y en pocos años acumuló, según las autoridades de ese país, una
fortuna de 253 millones de pesos producto del saqueo de los fondos
públicos. Lo acusan por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Actualmente se encuentra recluido en una Cárcel Militar de Guatemala,
país en el que fue detenido cuando mientras andaba prófugo. Desde allí
realiza todo tipo de maniobras legales, para evitar ser extraditado a
México.
Si bien
es cierto, nadie puede ser declarado responsable de los delitos que
cometan otras personas, la sola vinculación con el personaje principal
de una historia de corrupción de altos vuelos polítics como la que
protagoniza el corrupto exgobernador, descalifica éticamente a Jacobo
Domínguez Gudini, para el desempeño de un cargo donde la materia prima
de su trabajo es la transparencia y el combate a la corrupción.
Resulta
difícil entender cómo es que fue seleccionado para venir a Honduras a
enseñarnos a combatir la corrupción de los políticos del patio, con esos
antecedentes, más allá del voluminoso currículum que exhibe. Quizás la
explicación sea su cercanía con Francisco Javier Guerrero Aguirre,
Secretario para el Fortalecimiento a la Democracia de la OEA, de dónde
depende la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras
(MACCIH).
Esa
cercanía ha de ser mucha, porque hasta prologó el libro “El modelo
sancionador de quejas y denuncias y el control de la legalidad
electoral” de Guerrero Aguirre, con un artículo suyo bajo el nombre de
“Vigilar y castigar en materia electoral: El estado de la cuestión”.
El tiene
ahora mismo la oportunidad de reivindicarse, pues está inmerso en la
formalidad del proceso de selección de los tres comisionados de la
Unidad Técnica de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización. Fuera
de esa formalidad, de antemano sabemos que los tres magistrados ya están
escogidos!
Sobre ese
tema, el G-16 dejó una advertencia colocada con su carta: “El G-16
considera sumamente relevante que el proceso de selección de los tres
comisionados sea estrictamente basado en mérito, profesionalismo y
conducta moral, dando menor relevancia a la afiliación política.”
Soñar no
cuesta nada! Porque esperar que el Ministerio Público actúe de oficio
contra los diputados violadores de la Constitución de la República y la
Ley Electoral… Es una quimera!
Tegucigalpa, 11 de mayo del 2017
http://criterio.hn/2017/05/11/quinta-columna-la-maccih/
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