En
Honduras han fracasado muchas de las iniciativas de apoyo
internacional. Para muestra un botón. La Estrategia de Reducción de la
Pobreza (ERP) quedó en papel mojado, sin que alcanzara el cumplimiento
de la meta principal: reducir en forma acelerada la pobreza entre 2000 y
2015. Después del Golpe de Estado, la Comisión de la Verdad y la
Reconciliación Nacional, hizo varias recomendaciones que no se han
cumplido y la institucionalidad creada, Unidad de Seguimiento a los
compromisos, se desmanteló. Otra Comisión de Reforma Policial apoyada
por los gobiernos de Chile y Canadá, fue suprimida por el gobierno
actual, sin que sus recomendaciones se tomaran en cuenta.
Al
parecer, hoy le toca el turno a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción
y la Impunidad (MACCIH) , creada por el gobierno de la Republica con
apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), como respuesta al
movimiento de indignados por tanta corrupción e impunidad en el país,
donde dirigentes del Partido de Gobierno aceptaron haber recibido
dineros de los fondos robados al Instituto Hondureño de Seguridad Social
(IHSS), para financiar su campaña política y la del presidente Juan
Orlando Hernández (JOH).
Aunque
el movimiento de indignados quería la Comisión Contra la Impunidad de
Honduras (CICIH), con autonomía para perseguir el delito y llevar a los
tribunales a los corruptos sin distingos de cargo, posición económica,
social y género, la MACCIH es lo que se logró, en tanto el gobierno
considera que lo urgente es una asesoría a los órganos judiciales,
principalmente al Ministerio Publico, en la persecución del delito para
su acusación posterior a los imputados.
Un
trabajo de la MACCIH es referente a los partidos políticos y el
financiamiento de las campañas políticas, en un país penetrado por el
narcotráfico. Se busca mayor transparencia en cuanto la identificación
del origen de los fondos utilizados para las campañas políticas, el
techo a dichos fondos y la regulación de los procesos, además de
institucionalizar un nuevo cuerpo de jueces responsable de dar
seguimiento y aplicar las penas a los infractores, sean estos partidos
políticos, empresas y candidatos a cargos de elección popular.
Uno
de los pocos logros de la Maccih, es la aprobación de la Ley de
Financiamiento de las Campañas Políticas, pero que no pudo entrar en
vigencia durante las elecciones primarias. Una justificación de ello,
fue que no se prohibió el financiamiento de las empresas concesionarias
del Estado a las campañas políticas, aunque la Maccih había pedido su
prohibición. Este es un aspecto importante, ya que la campaña política
del partido de gobierno se basa en el apoyo financiero que puede recibir
de este tipo de empresas, que han sido beneficiadas con contratos para
la ejecución de obras de infraestructura económica y social. Es un país
con aumento de impuestos, creciente endeudamiento externo y
autoritarismo, es de esperar que los recursos contratados sirvan no solo
para ejecutar las obras, sino también para promover la imagen del
actual mandatario que aspira a la reelección presidencial.
En
segundo lugar, hay nerviosismo entre los funcionarios públicos y
aquellos que aspiran a repetir como diputados y alcaldes, acerca de los
nuevos jueces que serán contratados para perseguir el delito de
financiamiento ilícito de las campañas políticas. Muchos de los
aspirantes a jueces, son personas de reconocida honorabilidad y sin
padrinazgo político, por lo cual el miedo es mayor. En Honduras, el ser
honorable, es un pecado para la clase política.
Por
otro lado, la Maccih ha venido cuestionado y pedido la derogación de la
Ley de escuchas y ley de secretos, ya que atentan contra las libertades
públicas, una de ellas, la libertad de información y comunicación. Este
Ley de secretos, es la que impide que la Maccih se involucre en la
investigación del asesinato de la líder ambientalista y defensora de
derechos humanos, Bertha Cáceres, tal como solicitaron organizaciones de
sociedad civil y familiares de las víctimas, por ser un secreto de
Estado.
Es por ello que se
ha celebrado una reunión de urgencia entre los miembros de la Maccih y
organizaciones de sociedad civil, el soporte moral y político de la
Misión frente al autoritarismo institucional. Se ha denunciado la
presencia de una Quinta Columna al interior de la Misión, que no respeta
ni consulta al vocero principal y corre a cualquier llamado de los
miembros del Central Ejecutivo del Partido Nacional. Es más, dirigentes
de este instituto político han solicitado que la Maccih certifique a sus
candidatos a cargos de elección popular, o sea que dé el visto bueno de
que no usaron, usan ni usarán dineros ilícitos en sus lucha por acceder
al poder. Al parecer, ya ha tenido efecto esta alianza entre la Quinta
Columna y dirigentes del partido de gobierno, ya que el ex fiscal de la
CICIG, Manuel Garrido, considerado el limpiador de la corrupción de
élite en Guatemala, renunció al cargo de Investigador de la Maccih.
Aunque la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) le resta
importancia a esta denuncia, el abogado Garrido es uno de los
profesionales de más calificación y experiencia para enfrentar los casos
de corrupción emblemáticos en Honduras y romper el cerco mediático del
gobierno.
El apoyo a los
miembros de la Misión de ser brindado por la dirigencia de los partidos
políticos, incluyendo al partido liberal que todavía tiene una alianza
con el partido de gobierno en el Congreso de la Republica. Los
dirigentes de la Alianza Opositora ( LIBRE, PAC y PINU-SD) son del
criterio que una vez en el poder, conformaran una CICIH en vez de una
MACIH, con amplios poderes y respaldo político y social, mientras tanto,
en la coyuntura política actual , su respaldo a la Misión no debe
esperar.
Preocupa, sin
embargo, el silencio del Embajador de EEUU, James Nealon, aunque el
Departamento de Estado aportó de entrada 5.2 millón de dólares para el
funcionamiento de la Maccih, siendo el mayor aportante. Igual, tanto en
Tegucigalpa como en Washington, el apoyo ha sido total, pero sujeto al
cumplimiento de metas. El cambio en las reglas de juego y jugadores
(sustituir al Coordinar actual de la Maccih y otros miembros), más bien
aleja el trabajo de dichas metas e introduce volatilidad al proceso
electoral de 2017.
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