La trama para el saqueo de más de 7 mil millones de lempiras del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), tuvo como actores en escena a Hilda Hernández, hermana de Juan Orlando Hernández; a Oscar Álvarez, actual diputado al Congreso Nacional y a Roberto Ordóñez, jefe de campaña por la reelección presidencial; además de empresarios, funcionarios y partidos políticos.
Los
responsables de la quiebra del IHSS son empresas reconocidas, personajes
políticos y testaferros, según lo que se conoce de la Fiscalía General
de la República que en algunos casos ha obviado requerimientos por
lavado de activos ya que algunos de los implicados en las pesquisas
cuentan con la salvaguarda de la figura de “testigos protegidos”, algo
que algunos conocedores del derecho califican de actitud cómplice de los
órganos de investigación y de justicia del país.
En su
momento, el expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, supo de
esta situación pero en declaraciones públicas dijo que no lo denunció
porque su partido podría perder las elecciones.
Tres de
los seis fiscales que investigan el escándalo fueron separados del cargo
y enviados a oficinas de bajo relieve del Ministerio Público. Los
cheques y las consignaciones figuran en el folio 22 del expediente que
está en manos de la Fiscalía del Crimen Organizado del Ministerio
Público.
La
Fiscalía, conociendo la información en expedientes, ha pretendido
desaparecer evidencias para proteger a funcionarios de la actual
Administración que recibieron dinero de este acto de corrupción,
actuando en complicidad con los presuntos implicados.
La
historia de la quiebra del IHSS inició al comienzo del gobierno de
Porfirio Lobo Sosa; toda la cúpula del PN sabía lo que pasaba en el
IHSS; Ricardo Álvarez, presidente del PN, JOH, presidente del CN;
Mauricio Oliva, presidente de la Comisión de Seguridad del CN y el
propio Lobo Sosa, presidente de la república, sabían lo que sucedía en
el IHSS.
La
quiebra del IHSS fue una estrategia de grupos propiamente del crimen
organizado para asegurar impunidad y mantenerse en el poder mediante el
saqueo financiero de entidades del Estado, entre ellas la SAG y el
Instituto Nacional de Estadísticas, (INE). Todos los contratos
millonarios, de servicio y adquisición de equipo, fueron avalados y
aprobados en horas de la madrugada en sesiones del Congreso Nacional.
Todas las
compras, de un presupuesto a otro, fueron aprobadas por Mauricio Oliva,
presidente de la Comisión Legislativa de Salud; el PN creo una serie de
empresas y testaferros para drenar fondos del IHSS para aportar
mensualmente a la campaña del PN.
Se
crearon 10 empresas, entre estas INPROME, SIPROMED, SUMIMED, INSUMEDIC,
TODAS ERAN empresas de fachada o de portafolio dirigidas por familiares,
testaferros y personal de confianza de Mario Zelaya.
Además de
compañías establecidas como FARINTER y COINSER, que saquearon más de
dos mil millones de lempiras y que cada mes tenían la obligación de
depositar cheques a la cuenta de banco del Partido Nacional, cada una
recibió fondos por prestar presuntas ventas de bienes, servicios e
insumos, de los que después tenían que trasladar un porcentaje de los
fondos al PN.
Cheques
depositados en la cuenta bancaria del PN indican como dinero provino de
actividades ilícitas y que éste no solo derivó de empresas fantasmas,
sino que compañías legalmente establecidas que proveían insumos y
medicamentos, aportaron a la campaña del PN.
De
empresas como COINSER, FARINTER, de Héctor Padilla y de la Agencia
Matamoros hubo cheques que fueron sustraídas del expediente de estas
investigaciones; además de otras que fueron obligadas a aportar al PN.
En las indagaciones se supo que la Tesorera del IHSS, llegó a su cargo por una recomendación de Ricardo Álvarez.
Edita
Lizeth López, esposa de José Ramón Bertetti, gerente financiero del
Seguro Social y representante de DIPROMEDIC; Michelle Alejandra Rojas,
de SUMIMED; Alex Zelaya; John Charles Velásquez y otros son cómplices al
tener conocimiento de las transferencias al Partido Nacional para el
manejo de su campaña.
La
empresa INSUMEDIC aportó a la campaña presidencial del Partido Nacional
17 millones de lempiras; FARINTER, en un solo cheque, 1.4 millones de
lempiras; COINSER, cuatro cheques por 442 mil, 465 mil, 112 mil y 300
mil, correspondientes a los meses y años de diciembre 2012, noviembre
2012 y septiembre de 2012 y mayo 2013.
Se
constituyó otra empresa, BLINDECA, que sacaba cheques por montos de 400
mil lempiras que destinaba al Partido Nacional. Aparece el nombre de
Elmer Rubí, a cuyo beneficio se emitieron varios cheques con montos
arriba de 100 mil lempiras, que deben ser investigados.
La
empresa DIPROMED, según aparece en un cheque, aportó tres millones a la
Comisión de Campaña del Partido Nacional. El Consejo Nacional
Anticorrupción y a su titular, Gabriela Castellanos, se le informó de la
situación de latrocinio en el IHSS, pero nunca mostró interés.
http://criterio.hn/2017/05/10/empresas-maletin-companias-establecidas-obligadas-depositar-la-campana-del-partido-nacional/
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