La venta ilegal de tierras en las comunidades ha sido instigada por la municipalidad de Santa Fe y avalada por catastros y el Instituto de la Propiedad. Uno de los objetivos es promover el efecto dominó en las ventas de tierras, para así lograr diluir los títulos comunitarios. En el caso del terreno adquirido por la empresa CARIVIDA, este formó parte de MUTU, un proyecto de ecoturismo manejado por las mujeres Garífunas de Guadalupe, el que fue financiado por el Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD y AECI. El proyecto se vio afectada por una oleada de violencia instigada por un grupo de forajidos que se establecieron en Betulia, cometiendo una serie de asesinatos, situación que impidió el funcionamiento del proyecto.
Ante los rumores de la posible venta del terreno, OFRANEH envió una nota a la municipalidad de Santa Fe en julio del 2012, donde encarecidamente nuestra organización solicita a la corporación municipal detener cualquier tipo de trámite administrativo. Desafortunadamente los funcionarios municipales hicieron caso omiso a la petición y para abril del 2013, CARIVIDA aparece como propietaria del predio en cuestión.
A pesar de las denuncias sobre las ventas de tierra ilegales en Guadalupe, el Ministerio Público nunca procedió contra los hechores. Además en ningún momento la comunidad fue consultada sobre los supuestos planes de desarrollo que se han venido realizando el hábitat funcional de las comunidades.
Como habíamos señalado con anterioridad, las resoluciones emitidas el 16 de diciembre de 2016, por el Juzgado de Letras sobre el expediente 206-16, demuestra que en Honduras no existe ninguna protección para los pueblos indígenas, mientras a los “inversionistas” extranjeros se les respeta y protege a pesar de los despojos que se comete contra propiedad comunitaria, a los lideres y dirigentes comunitarios se les encarcela, tal como sucedió con Medelyn David y ahora Geovany Bernardez.
Una vez mas ratificamos y denunciamos que las comunidades Garífunas de la Bahia de Trujillo, afectadas por los proyectos turísticos y habitacionales de la mafia canadiense, nunca fueron consultadas para obtener su consentimiento previo, libre informado; violando de esta forma el Convenio 169 de la OIT.
Exigimos la salida inmediata de la cárcel, de nuestro compañero Geovany Bernardez, así mismo se respete la posesión ancestral de las comunidades Garifunas de la Bahía de Trujillo.
https://ofraneh.wordpress.com/2017/05/19/defensor-territorial-garifuna-detenido-por-usurpacion-de-su-territorio-ancestral/
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