Redacción Central / EL LIBERTADOR / Publicado: 19 Mayo 2017
Tegucigalpa. El fiscal general de la República, Oscar Chinchilla no asistió a una reunión que tenía meses de haber sido arreglada entre el Ministerio Público, el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro y los familiares de la ambientalista asesinada Berta Cáceres.
Pese
a que el encuentro fue pactado desde hace varios meses, el fiscal
excusó que su inasistencia a la reunión se debió a que no estaba en el
país.
Esa
acción molestó a la hija de la extinta activista social, Olivia Zúniga,
quien alegó que “siempre es lo mismo” y lamentó que ““hemos llegado a
hacer exigencias y no podemos llegar a reunirnos con las mismas personas
que no tienen la capacidad de decidir que el MP entregue la información
referente al caso del asesinato de mi madre a nuestros abogados”.
El
próximo miércoles se iniciará la audiencia preliminar y los abogados de
la familia aun no cuentan con la información del caso, en tanto,
levanta sospechas sobre el proceso y por eso han exigido la presencia
del fiscal, refirió Zúniga.
Aseguró
que son más de 15 meses los que llevan esperando que se haga justicia
por el asesinato de su progenitora y dijo que tanto la familia, varios
miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de
Honduras (Copinh) y la comunidad de Río Blanco, siguen recibiendo
fuertes amenazas.
En
tanto el representante de la CIDH, se reunió con grupos indígenas,
campesinos y los familiares de la ambientalista, para posteriormente
presentarse a la cita en el MP. Ante la ausencia del fiscal Chinchilla,
estos exigieron celeridad y claridad en el proceso investigativo.
Cavallaro
vino a encargarse en cuatro áreas temáticas para la protección de
personas ligadas a la investigación del crimen contra Cáceres, así como
estudiar el conflicto histórico del Bajo Aguán, la protección de la
diversidad sexual y otro caso que no detalló por seguridad.
En
la reunión también estaría presente la representante del Centro por la
Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Marcia Aguiluz, quien
manifestó que no se procedió porque los familiares de Cáceres y personas
del Copinh, exigieron la presencia de Chinchilla, ya que sin él
presente, “la reunión no serviría de nada”.
Cáceres
fue asesinada el 2 de marzo en su casa de habitación en La Esperanza,
Intibucá, desde entonces la justicia hondureña ha capturado a ocho
presuntos autores materiales; sin embargo aún no ha dado con los autores
intelectuales.
Periódico
EL LIBERTADOR, publicó en su edición de marzo-abril de 2017, varios
documentos que evidencian como se planifico el crimen contra la
reconocida defensora y dirigente indígena.
http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/2267-fiscal-hondureno-planto-a-cidh-y-familia-de-berta-caceres
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