En la Honduras actual, la violencia se derivada del despojo de los territorios, de la privatización del agua, de la destrucción de comunidades y ambientes ecológicos y humanos, de la presencia cada vez más violentas de escuadrones privados de seguridad, en ocasiones con más poder que las fuerzas estatales, así como la criminalización de la protesta social, las detenciones arbitrarias, amenazas, atentados y asesinatos de hombres y mujeres, defensores y defensoras de la Madre Tierra y bienes naturales, en contra de este modelo depredador y destructor de vida.
Ese extractivismo resulta cada vez más evidente con el modelo de materias primas minerales que va de la mano con los grandes emprendimientos de generación de energía hidroeléctrica, al menos en la región centroamericana.
El golpe de Estado de Junio de 2009, se han caracterizado entre otras cosas por el entrega del territorio y los bienes naturales, por unas cuantas migajas y canonjías que les permiten contar con el apoyo de un sector empresarial voraz, coludido con el crimen organizado y acostumbrado a que su voluntad sea ley en Honduras, ya sea a través de la compra de conciencias y voluntades vía corrupción, o bien por la fuerza de las armas y el terror, a través del asesinato y la impunidad que les garantiza sistemas de impartición de justicia cooptados por los poderes políticos serviles a la gran empresa.
Reflejo de lo anterior es la impunidad en la que permanece el asesinato de la líder indígena Berta Cáceres, y muchísimas personas más, mártires de la tierra y victimas del capitalista que continúa regando con su sangre una tierra que clama por la justicia y el derecho.
La implantación del modelo extractivo, ha sido generador de: graves violaciones a derechos humanos; un acelerado deterioro de los bienes naturales y los medios de vida de las comunidades; una creciente debilidad del Estado para el cumplimiento de sus obligaciones en cuanto a la tutela de los derechos humanos fundamentales de la ciudadanía; mayores niveles de corrupción e impunidad; empobrecimiento y división de la ciudadanía.
Frente a este escenario es urgente impulsar acciones que obliguen al Estado hondureño a implementar medidas concretas de protección a favor de los defensores y defensoras del ambiente de acuerdo con sus obligaciones nacionales e internacionales y, al mismo tiempo, eliminar las prácticas para criminalizar e incrementar el riesgo de quienes defienden los bienes naturales y los territorios.
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Un modelo depredador y destructo
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