Por: Parker Asmann (In Sight Crime)
redaccion@criterio.hn
El sitio especialista en crimen organizado In Sight Crime analiza el informe de Global Witness y destaca que hay un “obvio conflicto de interés” por parte de la presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del Parlamento, Gladis Aurora López, en dos proyectos hidroeléctricos.
Un
nuevo informe del grupo defensor de derechos Global Witness señala que
las instituciones estatales cooptadas por élites políticas y
empresariales contribuyeron a transformar a Honduras en el lugar más
peligroso del mundo para los activistas ambientales, lo que pone de
relieve cómo las redes criminales pueden convertir los proyectos de
desarrollo en letales empresas ilícitas.
El
informe de Global Witness —organización que investiga la manera como la
corrupción y la explotación de los recursos naturales fomentan abusos
contra el medio ambiente y los derechos humanos— señala que 123
activistas ambientales han sido asesinados en Honduras desde 2009,
cuando un golpe de Estado derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya.
Según
el informe, “En ningún lugar del planeta se corre más peligro de ser
asesinado por protestar contra el robo de tierras o la destrucción del
hábitat natural que en Honduras”.
A lo
largo de dos años, Global Witness entrevistó a docenas de testigos y
realizó sendas investigaciones para tratar de entender mejor los
“poderes económicos y políticos” que hay detrás de los homicidios. Esas
investigaciones permitieron producir cinco estudios de caso específicos
—tres de los cuales implicaban el asesinato de un activista
medioambiental— en los que se destaca la manera como el accionar
corrupto y criminal permitió que “hondureños con buenas conexiones
llevaran adelante sus acuerdos de negocios a un altísimo costo para
todas las comunidades y el medio ambiente”.
Aunque
cada estudio de caso detalla un relato específico, la influencia y el
poder absolutos de las élites políticas y empresariales de Honduras es
una constante. En un estudio, Global Witness denuncia un “obvio
conflicto de interés” para el presidente del Partido Nacional Hondureño y
la vicepresidenta del Congreso Gladis Aurora López, en dos proyectos de
represas hidroeléctricas que reprimieron violentamente a los miembros
de la comunidad que se opusieron contra ellos.
Según
documentos filtrados a Global Witness, el esposo de López, Arnold
Gustavo Castro, es el director único de Inversiones Encinos S.A. y de
Inversiones Aurora S.A., las dos empresas propietarias de los proyectos
hidroeléctricos Los Encinos y La Aurora. Global Witness denuncia que la
influencia política de López permitió que las empresas obtuvieran
contratos para los proyectos mientras ella servía en el Congreso. Según
una ley hondureña citada en el informe, el gobierno no está autorizado a
otorgar a los miembros del Congreso ni a sus cónyuges la celebración de
contratos o concesiones otorgadas por el Estado.
En
lugar de llevar desarrollo económico al área, los proyectos de represas
presuntamente ilegales parecen haber traído consigo una ola de fraudes y
represión violenta.
Tras
la llegada de maquinaria pesada para la construcción de la represa de
Los Encinos, los habitantes de Santa Elena “organizaron una serie de
protestas pacíficas” para exigir a la empresa una consulta formal con
quienes se verían afectados. En respuesta, los miembros de la comunidad
aseguran que López apoyó un intento de lanzamiento violento de los
residentes de Santa Elena en los que “les dispararon, destruyeron sus
cultivos y quemaron sus pertenencias”.
Esto
sucedió después del homicidio de tres activistas indígenas que se
oponían a la represa en Santa Elena. Uno fue hallado desmembrado,
mientras que en las denuncias consta que se halló a otro con quemaduras
en todo su cuerpo y con su cuerpo y manos atados con cordones de botas
del ejército.
Para
disipar la oposición, testigos oculares declararon a Global Witness que
López supuestamente hizo arreglos para que “casi 600 ciudadanos
salvadoreños”, a quienes se prometió empleo en la represa de Los
Encinos, firmaran acuerdos para la concesión de la represa si hacían
parte de las comunidades que se verían afectadas. Cuando Global Witness
analizó el documento que esbozaba la consulta, sin embargo, no estaban
las firmas.
Durante
tres años, el Movimiento Indígena Lenca de La Paz Honduras (MILPAH)
presentó peticiones a la alcaldía de Santa Elena para ver las firmas.
También interpuso una denuncia ante el fiscal anticorrupción. Pero la
alcaldía nunca reveló la lista y eventualmente dijo que la había
perdido, una muestra de lo que Global Witness describió como un
“esfuerzo deliberado de las autoridades por encubrir lo fraudulento de
la consulta en la represa”.
Cuando
se le pidió a López que comentara sobre esas denuncias, Global Witness
informó que “negó cualquier participación en la reunión para la consulta
sobre el proyecto Los Encinos o en las incursiones violentas de la
policía en septiembre de 2014.”En relación con los contratos que el
Congreso aprobó para los proyectos, López y su esposo negaron cualquier
conflicto de interés o accionar ilegal.
Análisis de InSight Crime
El
desarrollo económico puede ser una empresa complicada, especialmente en
lugares como Honduras, donde la corrupción y la impunidad endémicas
exponen a comunidades vulnerables a una posible explotación. Con la
formación de estructuras criminales que usan la violencia y la
corrupción, algunas élites políticas y empresariales parecen haber
aprovechado estos proyectos de desarrollo para su enriquecimiento
personal.
La
situación se agudizó especialmente, según Global Witness, luego del
golpe de 2009, en el que se destituyó al entonces presidente Manuel
Zelaya. Luego de eso, las élites políticas y empresariales consolidaron
su control sobre ciertas industrias y proyectos de desarrollo,
explotando los recursos del país y reprimiendo con violencia a las
comunidades que ocupaban las tierras.
Aunque
la corrupción y la impunidad se dan por descontado en Honduras, parece
que cada vez más se usan proyectos de desarrollo económico, a veces de
manera ilegal, para enriquecer a las élites políticas. Y los sistemas de
rendición de cuentas en Honduras han mostrado barreras para hacer
rendir cuentas a los funcionarios corruptos. Como lo muestra Global
Witness, los sistemas de rendición de cuentas implementados, como la ley
que impide concesiones a miembros del Congreso y sus cónyuges, han sido
ineficaces. Las élites han ignorado por completo estas leyes o han
hallado maneras de eludirlas con la corrupción.
Encontrar
formas de luchar contra la corrupción y la impunidad no es un desafío
nuevo en Honduras. Y aunque ya se están haciendo esfuerzos para reformar
las instituciones del Estado, su efectividad a largo plazo en la lucha
contra la corrupción y la violencia en torno a los proyectos de
desarrollo económico aún está por verse.
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http://criterio.hn/2017/02/13/informe-revela-interseccion-proyectos-desarrollo-crimen-organizado-honduras/
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