Por defensores -
Global Witness expresa su profunda consternación por la respuesta de
algunas personas que representan al Estado y voceros y voceras
empresariales ante la publicación de su nuevo informe ‘Honduras – el
país más peligroso para defender el planeta’.
Resulta preocupante que ningún funcionario o funcionaria estatal haya
hecho una declaración pública que demuestre un compromiso de dar una
respuesta constructiva al informe, reconociendo los riesgos que afectan
las personas que defienden los derechos humanos y el medio ambiente en
el país y la necesidad de proteger sus vidas.
Al contrario, voceros y voceras del sector empresarial y funcionarios
de los más altos niveles – entre ellos el Presidente Hernández, la
Diputada Gladis López y el Secretario de Estado Miambiente – han
criticado y cuestionado fuertemente el informe, sin condenar los
asesinatos de 123 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente
ni explicar cómo pretenden prevenir ataques futuros.
Reiteramos que nuestro informe se basa en una investigación rigurosa
llevada a cabo a lo largo de más de dos años, que incluyó visitas a
todas las comunidades nombradas en el informe y entrevistas con una
diversa gama de actores. El informe refiere a documentos oficiales y se
enmarca en el derecho tanto hondureño como internacional desde una
óptica de los derechos humanos. Se fundamenta en 250 referencias (muchas
de ellas provenientes de documentos del mismo gobierno hondureño) y
cada persona acusada de ser asociada con un delito tuvo la oportunidad
de dar sus comentarios sobre la acusación; cualquier respuesta recibida
fue incluida en la publicación.
Algunas figuras públicas han dicho que nuestro objetivo es
desprestigiar a Honduras y frenar el desarrollo.
La verdad es todo lo
contrario: nuestra meta es solidarizarnos con las y los hondureños,
quienes se empeñan por un país libre de corrupción, una vida sin abusos y
por la libertad de expresión. Elaboramos nuestro informe con el fin de
aportar a un cambio positivo en el país, a través del cual las y los
defensores de la tierra y el medio ambiente serían protegidos para poder
llevar a cabo su trabajo y su defensa legítima de los derechos de todos
los hondureños.
Respaldamos el llamado de muchas organizaciones de la sociedad civil
hondureña – expresado el jueves mediante una manifestación interpuesta
en las oficinas del Fiscal General – a que el Ministerio Público
investigue los hechos narrados en nuestro informe para que haya justicia
en los casos de abusos documentados, muchos de los cuales ya cuentan
con denuncias interpuestas ante las entidades de justicia hondureñas.
Finalmente, exigimos que el Estado implemente su obligación de
proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras.
En este clima de discursos agresivos y de cuestionamiento de su labor
legítima, resulta más importante que nunca que el Estado demuestre de
forma contundente su compromiso absoluto con poner en marcha las
políticas y medidas que quienes defienden los derechos humanos
consideren como adecuadas para su seguridad.
La semana pasada, fuimos nuevamente inspirados por las y los líderes
comunitarios, las mujeres y hombres defensores de derechos humanos, las y
los integrantes de ONG y las y los líderes indígenas. Son heroínas y
héroes. Si el gobierno está realmente comprometido con una mejor
Honduras, garantizaría su seguridad y escucharía sus voces.
miércoles, 8 de febrero de 2017
Honduras: Respuesta de Global Witness ante campaña de desprestigio
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