Así
ha titulado este miércoles el diario español EL PAÍS, en un artículo
publicado en su versión digital donde cuestiona la ilegalidad en el
proceso de reelección del actual presidente de Honduras, Juan Hernández
(foto).
"En
2016, el presidente Hernández ha venido tejiendo una inmensa de red de
favores y controles hasta lograr la subordinación absoluta de toda la
institucionalidad, incluidas las Fuerzas Armadas, lo cual explica por
qué a estas alturas hay un silencio total de las instituciones que
deberían estar actuando en defensa de la Constitución” afirma el
catedrático Joaquín Mejía.
Agencias / EL LIBERTADOR / 8 Febrero 2017
Managua, Nicaragua.
El diario EL PAÍS ha publicado este día en su versión digital, un
artículo donde cuestiona el proceso reeleccionista del presidente
hondureño, Juan Hernández.
En
ese sentido, el diario ha cuestionado que Hernández se ha encaminado a
la reelección sin escándalo internacional, apoderándose de la Sala de lo
Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que ratificó en
diciembre su candidatura.
“Las
ambiciones de reelección que al expresidente Manuel Zelaya le costaron
el cargo en Honduras, expulsado por un golpe de Estado en 2009, las
repite sin oposición Hernández”, destaca el artículo.
El
reporte evidencia que el mandatario se ha apropiado fuertemente de
varias instituciones estatales, entra ellas algunas vitales como la
Corte Suprema de Justicia (CSJ), que en abril de 2015 declaró
inaplicable el artículo 239, que en su segundo párrafo, ordena
inhabilitar de su cargo a quien quebrante la disposición o proponga su
reforma, en cuanto a la reelección presidencial.
Cabe
destacar que en enero de 2016, se eligió -de forma cuestionada- a los
nuevos magistrados en el Poder Judicial, estos ratificaron a sus
antecesores y dieron el visto bueno a la reelección, además se han
encargado de desestimar todos los recursos de amparo presentados por la
oposición política de Honduras para frenar la reelección.
Abiertamente
se ha demostrado una violación a la Constitución, que ha levantado
ampollas entre la oposición, en académicos, juristas y activistas
sociales que rechazan las medidas del presidente.
Los
críticos temen las ambiciones políticas del mandatario, en un país
profundamente fracturado tras el golpe de 2009, y donde la pobreza
golpea al 64 por ciento de la población, según datos del Banco Mundial
(BM). Además, la corrupción es rampante y la violencia desangra las
calles de sus principales ciudades.
El
objetivo de Hernández era truncado por dos prohibiciones
constitucionales: el artículo que prohíbe la reelección y que por su
naturaleza no puede ser reformado ni por el Congreso ni por un fallo de
la Corte Suprema, sino por mandato popular a través de un referéndum, y
un candado constitucional que establece como "obligatoria" la
alternancia en el poder y especifica que "la infracción de esta norma
constituye delito de traición a la patria". Hernández debía esperar por
lo menos un periodo constitucional para poder aspirar nuevamente a la
presidencia.
Sin
embargo, bastó con levantar una encuesta a lo interno del Partido
Nacional, misma que según las autoridades de ese instituto político
llego a 1.5 millones de hondureños que querían la reelección. Por su
parte los partidos de oposición, presentaron al Congreso varias
propuestas de plebiscito de consulta popular, que al final fueron
desestimadas por su “alto costo monetario”.
Pese
a que la Constitución establece que "el ciudadano que haya desempeñado
la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o designado.
El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como
aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en
el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por 10
años para el ejercicio de toda función pública", Hernández ha continuado
con paso firme en busca de la continuidad.
En
noviembre pasado, anunció oficialmente su candidatura y dijo que se
comprometía a "aspirar a solo un período de gobierno, porque creo que
así debe ser". En declaraciones difundidas por la agencia Efe, Enrique
Ortez, del opositor Partido Liberal y exmagistrado del TSE, aseguró que
con su decisión, a los hondureños les quedaba como respuesta "el derecho
a la insurrección".
No
obstante, desde finales de 2016 Hernández ha impulsado las reformas al
Código Penal, para ampliar el delito de “terrorismo”, que según la
oposición política, será usado para criminalizar la protesta social.
"En
el 2009, quienes ejecutaron el golpe de Estado justificaron el uso de
las armas y la violencia para detener las presuntas intenciones de
reelección del expresidente Manuel Zelaya Rosales", escribió el abogado
Joaquín Mejía.
"En
2016, el presidente Hernández ha venido tejiendo una inmensa de red de
favores y controles hasta lograr la subordinación absoluta de toda la
institucionalidad, incluidas las Fuerzas Armadas, lo cual explica por
qué a estas alturas hay un silencio total de las instituciones que
deberían estar actuando en defensa de la Constitución y por qué sus
planes de reelección siguen viento en popa arropadas por un falso
discurso de legalidad que no puede ocultar este nuevo golpe a la frágil
democracia hondureña", explicó Mejía y agregó que ocho años después,
Honduras vive un nuevo golpe.
www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/internacionales/2076-el-pais-presidente-hondureno-busca-polemica-reeleccion
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Titular de El PAÍS INTERNACIONAL
El presidente de Honduras busca una polémica reelección
El Tribunal Electoral aprobó en diciembre la candidatura de Hernández para un segundo mandato
Carlos Salinas
Corresponsal en Managua
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