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lunes, 23 de enero de 2017

Honduras: Reformas penales sobre el uso de armas infringe estándares internacionales de DD.HH // Expertos hondureños del derecho en contra de las reformas al Código Penal


***Herrera Cáceres advirtió que el proyecto de adición, abriría un margen de permisibilidad, que podría ser interpretado como un privilegio para el uso indiscriminado y arbitrario de la fuerza y de las armas  a los cuerpos de seguridad del Estado.
Tegucigalpa, Honduras. / El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Roberto Herrera Cáceres, advirtió este lunes que  en el proyecto de reformas penales hay  disposiciones sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego, por parte de los cuerpos de seguridad del Estado,  que de ser aprobados se estarían infringiendo estándares internacionales de protección de los derechos humanos.

Según el Defensor del Pueblo, en los proyectos de reformas penales, enviadas por el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo para su correspondiente discusión y aprobación, hay varias disposiciones sobre el empleo 

de la fuerza y de armas de  
fuego, por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, que deberían ponerse en concordancia y subordinarse a estándares internacionales de derechos humanos.
Entre estos instrumentos internacionales  mencionó el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y  los “Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego, por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Herrera Cáceres considera que debe reconsiderarse la adición que el proyecto plantea al artículo 25 del Código Penal, referente a las causas de inculpabilidad.


El proyecto de adición está orientado a eximir de responsabilidad penal a “quien, siendo personal policial, militar, servidores de seguridad del Estado u otra autoridad competente en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte a otra persona”. 

El ombudsman hondureño considera que es necesario hacer una reconsideración a esta adición propuesta ya que estaría infringiendo los estándares internacionales de protección a los derechos humanos.
Argumentó que en materia de derechos humanos, la Ley debe controlar y limitar estrictamente las circunstancias en las cuales las fuerzas de seguridad pueden causar lesiones o privar de la vida a una persona, ya que el uso de armas de fuego se considera una medida extrema.

El pasado 1 de enero, el municipio de Santa María del Real, en el departamento de Olancho fue escenario de un hecho violento en el que perdió la vida   el joven Edgardo Moreno a manos de un supuesto miembro de la policía, lo que trajo como consecuencia que una patrulla policial fuera incendiada por los pobladores.

El ombudsman hondureño condenó el hecho violento y sobre todo, el empleo abusivo de las armas de fuego sin respeto al derecho a la vida de los habitantes, por lo que instó a castigar con todo el peso de la Ley al o los responsables del hecho lamentable.

“Las fuerzas de seguridad sólo podrán hacer uso de la fuerza de manera excepcional y proporcional, cuando sea estricta y razonablemente necesaria, y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”, indicó.
En su contribución para que no se violenten los derechos humanos, agregó que la Ley debe prever y sancionar, siempre, acciones de empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o armas de fuego.

El artículo 24 del Código Penal vigente establece las causas de justificación de legítima defensa y acciones en cumplimento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, aplicables también a los agentes de seguridad que actúen bajo las circunstancias que establece la ley y los principios de la Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza y de las armas.

Herrera Cáceres advirtió que el proyecto de adición, abriría un margen de permisibilidad, que podría ser interpretado como un privilegio para el uso indiscriminado y arbitrario de la fuerza y de las armas.
Según el Defensor del Pueblo, en una sociedad democrática debe primar el respeto y la protección de la dignidad humana, como piedra angular del Estado constitucional de Derecho, sujetándose a lo prescrito en los tratados internacionales sobre derechos humanos, la jurisprudencia de los tribunales internacionales en la materia y lo establecido en la Constitución de la República.Hondudiario.

http://hondudiario.com/2017/01/23/uso-de-armas-por-seguridad-del-estado-infringe-estandares-internacionales-de-dd-hh/

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Expertos hondureños del derecho en contra de las reformas al Código Penal 

Tiempo.hn/ Por Darío Cálix

 TEGUCIGALPA.- Tres expertos del derecho hondureños opinaron en contra de las reformas al Código Penal.

Miltón Puerto, Raúl Pineda Alvarado y Raúl Suazo Barillas, expertos del derecho penal, tocaron puntos cruciales sobre las reformas.
Este lunes, el Congreso Nacional discutirá un paquete de reformas al Código Penal que nos interesan a todos los hondureños.
A continuación los puntos de vista de los expertos.

Milton Puerto

Puerto inicia con un punto que preocupa a muchas personas: ¿pretende el gobierno criminalizar las protestas públicas?
“Es necesario combatir la violencia, pero la violencia no se debe combatir con más violencia”, dijo Puerto, doctor en derecho penal.
“Criminalizar la protesta social, por ejemplo, es un error gravísimo”, agregó.
“Se pretende imponer un tipo de temor para que la gente no proteste y no se manifieste”, continuó.
Luego, Puerto habla sobre las modificaciones en torno al delito de la extorsión.
“Todos estamos de acuerdo en que se tomen medidas drásticas contra la extorsión”, dijo.
“Pero esto no debe hacerce extensivo a la lucha o la protesta social, que es una de las garantías que están contempladas en la constitución de la república”, expresó.

Raúl Pineda Alvarado

De acuerdo a Raúl Pineda, el actual presidente no se está asesorando bien.
“El presidente debería asesorarse de una mejor manera”, dijo.
“Honduras cuenta con doctores en el derecho penal que le podrían hacer un mejor trabajo, por lo menos desde el punto de vista técnico”, explicó.
Después pasó a tocar también el tema de la extosión.
“El hecho de hacer de la extorsión una figura de terrorismo, desde el punto de vista de la teoría del delito, no es correcto”, indicó.

Raúl Suazo Barillas

Raúl Suazo señala otras deficiencias del sistema.
Según él, en Honduras hay “un Ministerio Público que no tiene una objetividad como debería de ser”.
También “una policía investigativa que es muy mala”
Además que “el estado pretende suprimir garantías constitucionales”.
 De acuerdo a Suazo, el gobierno peca de impaciente ante la presión de los delincuentes y los medios.
“Es un problema de estar legislando a la carrera”, opinó.
“Yo creo que no hay una verdadera política criminal en este país”, agrega.
“El crimen organizado tienen tantos fondos que empiezan a crear nuevas formas de delinquir y eso obliga al estado a reformar leyes sin discreción”.
Según su punto de visto, estos cambios rápidos en la escena criminal están provocando
“Creo que nuestro código deber ser tocado muy poco”, concluyó. 

http://tiempo.hn/237457-2/


 

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